Análisis
Por María Méndez
Fundación Colombia Soberana
El Defensor del Pueblo denuncia que en San José de Apartadó "hay una comunidad con miedo". Falta viajar un poco para saber que este miedo no solo lo vive San José de Apartadó, una comunidad valiente que ha enfrentado con trabajo y denuncias las diferentes arremetidas militares y paramilitares desde hace décadas.
Una mirada medianamente cercana al proceso de implementación del Acuerdo de la Esperanza, nos deja un panorama un poco complicado. Las FARC firmaron, cumplieron y continúan poniendo de su parte, en lo que es posible, para que la paz en Colombia sea una realidad, mientras que la "voluntad de paz" del gobierno deja mucho que desear.
Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización (ZVTN y PTN) siguen en "obra negra", el gobierno nunca terminó su adecuación, la corrupción fue la reina en la contratación que hizo el Estado, sin contar con situaciones que rayaban en inhumanidad, por ejemplo abastecer las zonas con comida en estado de descomposición.
La Ley de Amnistía e Indulto (1820), sancionada a finales del 2016, a pesar de tener dos decretos, aún no es efectiva y muchos de los presos políticos de las FARC siguen en las cárceles aguantando violencia sistemática.
Con respecto a la seguridad y a las garantías para las FARC, las cosas no pintan bien. Son nueve los guerrilleros asesinados y dos masacres contra familiares de dos miembros de la guerrilla, que suman la misma cifra de muertos. Fuerzas "oscuras", pero que todos conocemos, ya pusieron precio a la cabeza de los comandantes pertenecientes al Secretariado del Estado Mayor Central de esa organización política, sin embargo según el Gobierno "no hay pruebas", como "tampoco las había" con las amenazas contra la UP, y sin embargo fueron más de 6.000 los muertos.
Las garantías de seguridad para el resto de colombianos, en especial para los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes y lideresas sociales y/o de víctimas y de restitución de tierras, ambientalistas y de movimientos o partidos de izquierda o revolucionarios, también está en "veremos". El Estado repite su mantra "el paramilitarismo no existe" y cree que con eso cesará la muerte sistemática y las amenazas contra esta población.
En los territorios se respira el miedo. El Estado es incapaz e ineficiente para llevar seguridad y fortalecer la institucionalidad de las zonas que abandonaron las FARC y que ahora están a la merced de los grupos paramilitares que amenazan, intimidan y aterrorizan la población completamente vulnerable.
A las únicas áreas en donde el Estado a demostrado interés de entrar ha sido en algunas regiones en las cuales se cultiva coca, pero la presencia estatal ha traído más miedo y dolor, pues estos cultivadores históricamente olvidados por el Estado, están siendo atacados por la policía anti narcóticos y el ESMAD.
Aunque esta síntesis de la situación que se vive en las regiones no parece alentadora, tenemos esperanza. Debemos entender que la paz no se construye sola o desde un partido político o sector social. Todos tenemos derecho a la paz, pero también el deber de construirla, y esa construcción la haremos con el trabajo de gran parte de los colombianos que exijan el cumplimiento del Acuerdo de la Esperanza, tal cual está escrito.
Nuestro deber, como lo hemos insistido en otros escritos y en distintas pedagogías de paz, es conocer el Acuerdo, socializarlo en nuestro entorno, pero transcender a esto y comenzar a unirnos a organizaciones sociales, campesinas, barriales, juveniles, o crearlas, pero lo importante es trabajar y articular los esfuerzos.
Solo la unidad y la lucha por la paz nos acercará a la construcción de la Colombia bonita, de la Nueva Colombia para todos y todas.
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