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Tomado de Prensa Rural
Por Yhoban Camilo Hernández Cifuentes
La Defensoría advirtió que hay unas 6.000 personas en riesgo por la presencia de las AGC en ese corregimiento de Urabá. Además alertó sobre reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, e incremento de la violencia sexual.
Tras las reiteradas denuncias que han hecho organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos sobre la expansión del paramilitarismo en San José de Apartadó y la vulneración sistemática de derechos humanos a los habitantes de la zona, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, visitó este corregimiento del Urabá antioqueño para verificar la situación.
“Encontré una comunidad que tiene miedo, una comunidad que está preocupada por la problemática de los derechos humanos, y preocupada porque los eventos que ocurrieron el 11 y 12 de julio los tienen con mucha angustia”, declaró Negret Mósquera al término de la visita.
Durante el recorrido, el Defensor del Pueblo evidenció la pintura de frases como ‘llegamos para quedarnos’, hechas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en la madrugada del 11 de julio en al menos 20 viviendas de la cabecera corregimental.
La presencia de este grupo armado, reveló la Defensoría, tiene en riesgo a por lo menos 6.000 habitantes afectados por “restricciones de la movilidad, ubicación de retenes y puestos de control, así como el hallazgo de minas antipersonales”.
Entre las organizaciones expuestas al riesgo, se destacan la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; la Asociación Campesina de San José de Apartadó, Acasa; el Partido Político Unión Patriótica; el Movimiento Marcha Patriótica; el Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó; así como las Juntas de Acción Comunal y acompañantes humanitarios internacionales de defensoras y defensores de DD.HH.
“Un hecho relevante fue el asesinato de José Yimer Cartagena Úsuga el pasado 11 de enero, a quien las AGC secuestraron y después abandonaron su cuerpo sin vida en Carepa. Cartagena Úsuga fue vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), sobre la cual la Defensoría del Pueblo había emitido en noviembre de 2016 un informe de riesgo para que se protegiera a sus líderes”, indicó en un comunicado el Ministerio Público.
Sobre las vulneraciones de derechos humanos a la población civil, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría ha denunciado que las AGC estarían ofreciendo sueldos desde 600 mil hasta dos millones de pesos a jóvenes entre 17 y 26 años para reclutarlos o para obligados a cometer delitos como tráfico de armas y drogas.
La Defensoría también hizo una alerta por el aumento en los casos de violencia sexual y de género en las zonas donde tienen mayor presencia las AGC: comunas 1, 2 y 3 del corregimiento.
Estas situaciones fueron corroboradas por el Defensor Carlos Alfonso Negret, quien expresó su preocupación por las denuncias que recibió directamente de la comunidad tras reunirse con líderes de las veredas y del corregimiento.
Al término de su visita, Negret expresó que San José de Apartadó requiere un mayor acompañamiento de la institucionalidad y expresó que hará solicitudes al Ministerio de Educación y al Ministerio de las TIC para que implementen programas en la zona, como los puntos Vive Digital; y al Ministerio de Transportes para que desarrolle proyectos de mejoramiento de vías.
Fuente: http://www.ipc.org.co/agenciadepren...
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