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“Lo que hay es miedo al cambio”

Entrevista
Por Cecilia Orozco Tascón / El Espectador



“El miedo al cambio tiene que ver con la pérdida de privilegios que se han adquirido durante décadas de violencia”, dice Cepeda sobre el Uribismo. / Luis Ángel

Iván Cepeda, uno de los senadores que mayor apoyo ha dado al acuerdo de paz, examina la situación “de riesgo real” que dificulta su cumplimiento después de que la nueva Corte Constitucional cambiara el método de aprobación rápida de las leyes necesarias para la implementación del pacto entre el Estado y las Farc.



Aún sin conocerse el texto completo de la decisión de la Corte Constitucional, en que limita el procedimiento rápido de aprobación de leyes (“fast track”), su impacto sobre el acuerdo de paz golpeó fuerte. ¿Cuál es su análisis sobre esta nueva situación?

Es una situación difícil, sin lugar a dudas, que puede abrirle el paso a una peligrosa tendencia a relativizar o tergiversar aspectos esenciales del Acuerdo Final. Si a la lenta y accidentada implementación de lo acordado se le agregan nuevos factores de complejidad, los resultados pueden verse severamente afectados. El fundamento de todo proceso de solución dialogada de un conflicto armado es que los cambios sociales, jurídicos y políticos pactados sean llevados a la práctica por las partes sin negociaciones adicionales o traiciones. Sería de extrema gravedad que se hiciera el intento de desconocer lo que se ha convenido. Humberto de la Calle señaló que intentar desnaturalizar el acuerdo sería un acto de perfidia, e Iván Márquez, a nombre de las Farc, definió esta como la mayor de las crisis por las que ha atravesado el proceso.

¿Cree que la nueva composición de la Corte Constitucional en que, aparentemente, hay mayoría de magistrados con ideología conservadora incidió en la decisión?

Es evidente que la nueva composición de la Corte se plasma en el sentido de este fallo. Como digo, espero que no sea el inicio de una peligrosa tendencia de intentar sustituir los fundamentos del acuerdo que el presidente de la República firmó en su calidad de jefe de Estado y en representación, no de uno sino de todos los poderes públicos.

Hay una circunstancia extraña: los votos mayoritarios a favor de limitar el “fast track” provienen de cinco magistrados, de los cuales cuatro tienen, entre sí, relaciones de familiaridad o de subordinación. ¿Caben las suspicacias?

Más allá de cualquier cercanía política o familiar, los magistrados de la Corte Constitucional y todos los servidores públicos deben atender, con probidad de Estado, la inmensa responsabilidad que impone el momento histórico que significa actuar cumpliendo lo consagrado en el artículo 22 de la Constitución: la paz es el bien supremo. Y a éste deben subordinarse las decisiones de quienes tienen el deber de adelantar de manera rigurosa, eficaz e integral el Acuerdo Final. Es lamentable ver a funcionarios en diversas dependencias estatales queriendo tramitar intereses personales o ideológicos cuando se requiere la toma de decisiones trascendentales para el futuro del país. Espero que los actuales magistrados honren la tradición democrática y progresista de la Corte, garantizando con sus decisiones el respeto estricto al acuerdo.

¿Cuáles funcionarios andan tramitando intereses personales o ideológicos aprovechando el acuerdo de paz?

Me refiero a que el trámite de las leyes para la implementación del acuerdo se vea alterado por peticiones políticas; a que se otorguen libertades que tienen que ser concedidas en ejecución de la ley de amnistía presionando para obtener aspiraciones de la Rama Judicial o a que se salgan a relucir intereses centralistas cuando se acuerdan obras en cumplimiento de lo pactado.

El Gobierno ha tratado de minimizar el efecto negativo de la decisión de la Corte, pero es evidente que sus efectos se sentirán de inmediato porque la oposición podrá dilatar el trámite de las leyes. ¿El acuerdo de paz está herido de muerte?

De ninguna manera. No es la primera crisis ni será la última. En estos años las partes aprendieron a lidiar las situaciones límite que han puesto a prueba la fortaleza del proceso. Un rasgo admirable de quienes condujeron los diálogos y están impulsando la implementación del acuerdo es no dejarse llevar por el fatalismo y, en cambio, encontrar soluciones en los momentos cruciales. Eso no significa que haya que minimizar los problemas que trae este fallo, así como los peligros inherentes al proceso.

El asesor jurídico de las Farc Enrique Santiago dijo en entrevista con “Semana” que “el Congreso podrá renegociar lo pactado en La Habana”. ¿Es una exageración?

No. Es un riesgo real. Observando el debido respeto al fallo de la Corte, en el Congreso estamos haciendo esfuerzos para superar las nuevas dificultades. Es posible que se adopten las normas que tienen mayor consenso, en forma rápida y eficaz. No obstante, la prueba de fuego será cuando se aborde el extenso texto de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y los de las reformas agraria y política. Ahí aparecerán diferencias con relación a temas neurálgicos. Como dije, espero que no se impongan los cálculos políticos o electorales.

Justamente, uno de los factores más importantes para la implementación del acuerdo es el desarrollo legislativo de la JEP a cuyo “esqueleto”, ya definido, le falta toda la carne: tribunales, salas, funcionarios y competencias. Sin el trámite rápido de leyes, ¿se podrá votar y aprobar para beneficio de las víctimas?

Desde el comienzo se ha afirmado que las víctimas están en el centro del proceso de paz. Este es el momento crucial para hacer realidad esa afirmación. Nada debería obstruir la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Las personas que deben comparecer ante la nueva jurisdicción no pueden estar en una situación de indefinición por meses o años. Es de esperarse que para la aprobación de la ley estatutaria de la JEP funcionen las mayorías del Congreso. Pero también que a finales de este año todo esté listo para que 2018 comience con los trabajos de la Comisión de la Verdad, una instancia fundamental en el esclarecimiento y reconocimiento de responsabilidades, así como de reconciliación nacional.

Los primeros efectos de la JEP han empezado a verse con las libertades provisionales de guerrilleros y militares, pero en vez de ayudar, la salida de las cárceles de unos y otros ha generado una ola de asombro y rabia. ¿No será que el grado de evolución cultural de Colombia no alcanza la altura que se necesita para superar los odios?

El proceso de paz tiene diversos estadios. La circunstancia de que, de modo provisional y condicionado, hayan salido de las cárceles personas implicadas en hechos de violencia relacionados con el conflicto armado no significa que vayan a rehuir su comparecencia ante la Comisión de la Verdad y ante el Tribunal de la JEP. La paciencia de la paz es “la” paciencia: lo que por momentos parece una concesión desmesurada, es apenas un instante que antecede a un proceso intenso de justicia restaurativa, el cual, como nunca antes en la historia del país, les entregará a las víctimas y a la sociedad colombiana la posibilidad de sanar las heridas, superar la impunidad y lograr la reconciliación.

¿Cree que las Farc podrían echarse para atrás en vista de lo ocurrido con la Corte?

Siempre en los procesos de paz existen riesgos, incluso en sus fases más avanzadas. A pesar de circunstancias adversas, de ataques paramilitares y de incumplimientos evidentes del Estado, las Farc han dado muestras fehacientes de su compromiso para realizar lo que les corresponde y para hacer de este camino algo irreversible. Hoy se requiere también que el Gobierno acabe con la improvisación, la negligencia, la burocracia, la corrupción y garantice que la seguridad física y jurídica, así como la reincorporación de la guerrilla, se plasmen en hechos verificables.

Aun cuando sus líderes se mantengan fieles al acuerdo, la voluntad de los demás guerrilleros, de jefes medios hacia abajo, podría minarse. Según lo que usted ha podido conocer, ¿en las filas de las Farc ha crecido el escepticismo o el temor al incumplimiento de lo pactado?

Para llegar a este punto del proceso las Farc lograron un diálogo interno que ha tenido varias consultas a lo largo de los años de las negociaciones y que ha sido la vía para tomar decisiones consensuadas desde sus bases. Eso ha garantizado, salvo casos marginales, la cohesión necesaria para asumir la transformación en una fuerza política civil, en medio de dificultades. No obstante, esa decisión colectiva se puede debilitar frente a incumplimientos que generan desconfianza e incertidumbre.

¿Cómo explicar el rechazo que, según las encuestas, sigue produciendo el acuerdo y la reincorporación social de las Farc?

Tiende a confundirse el escepticismo y la desconfianza con el rechazo. A menudo, las encuestas y los sondeos no hacen la diferencia entre los unos y lo otro. Es natural que haya gente que no cree que la paz sea posible después de fracasos reiterados y de espirales de violencia. Interpretar el malestar que producen incumplimientos puntuales del acuerdo, la crisis económica del país o los residuos de otras formas de violencia como un rechazo a la paz no sólo es impreciso, sino que alimenta una de las grandes mentiras que han querido imponer quienes temen al avance innegable del proceso.

Hablando de eso, hay que reconocer que el uribismo ha sido muy eficiente en mantener o crear sentimientos negativos frente a las dos partes del acuerdo: el Gobierno y las Farc. ¿Cuáles son las razones del éxito de la oposición en el ambiente público?

Veo las cosas de otra forma: en estos años se han producido enormes cambios. Se requiere recordar que la doctrina oficial de los gobiernos de Uribe era negar la existencia del conflicto armado e imponer una especie de rendición de las guerrillas. Eso no se consiguió y en cambio hubo un saldo nefasto en materia de violaciones de derechos humanos. Hoy, por primera vez en la historia contemporánea nacional, se están dando las condiciones para un viraje: el acuerdo de paz con las Farc, el cese de hostilidades que le ha ahorrado al país miles de vidas y muchos sufrimientos, los diálogos con el Eln y el respaldo unánime de la comunidad internacional. El uribismo le tiene pánico a todo eso, pues significa la derrota de su doctrina basada en la existencia de la guerra y en un poder autoritario que no pueda prescindir del caudillo.

Pero, insisto, esa bancada ha logrado que el acuerdo de paz, al menos en las encuestas, sea impopular…

Precisamente porque el proceso de paz se ha ido fortaleciendo y abriéndose paso en medio de formidables desafíos, la extrema derecha reacciona de la manera más primaria, utilizando toda clase de mentiras y trampas, y desconociendo elementales principios democráticos. Se trata de una reacción provocada por el miedo al cambio y a la necesidad de asumir los retos que plantea una sociedad que sea, en verdad, democrática, justa, equitativa y transparente. Bien haría ese sector político en liberarse de prejuicios y en considerar la posibilidad de construir, de manera colectiva, un camino civilizado para Colombia.

¿Resumiría la oposición cerrada del uribismo al acuerdo a un sentimiento de “miedo al cambio” o podría incidir en ella, más bien, la necesidad de defender unos intereses económicos y políticos de hondo calado?

El miedo al cambio tiene que ver con la pérdida de unos privilegios que se han adquirido durante décadas de violencia, y con la obligación de asumir las responsabilidades derivadas de esa situación.

Se puede dudar de la coalición del Gobierno en el Congreso puesto que Cambio Radical está apartándose de los compromisos adquiridos en el acuerdo. ¿Ve usted al partido del hasta hace poco vicepresidente de la República aliándose con el Centro Democrático?

Con los congresistas de Cambio Radical hemos debatido sobre determinados aspectos de los proyectos de ley o de acto legislativo presentados para desarrollar el acuerdo, y es muy probable que sigamos teniendo discusiones sobre las iniciativas que restan. Hasta ahora han votado el conjunto de leyes y de reformas aprobadas, introduciendo modificaciones. En cambio, la bancada del uribismo ha intentado obstruir el debate legislativo retirándose del recinto cuando ve inevitable su derrota. Eso lo hizo incluso esta semana, a pesar de que ya se conocía el sentido del fallo de la Corte.

En su experiencia parlamentaria, ¿el obstruccionismo es un arma legítima o ilegítima, cualquiera que sea la bancada que la utilice?

Más que sobre métodos parlamentarios, esta es una discusión sobre principios democráticos. Después del 2 de octubre (día del plebiscito) el uribismo aceptó sentarse a dialogar sobre los cambios que debería tener el acuerdo. En largas jornadas se definieron modificaciones que fueron introducidas al nuevo texto. Pero cuando se firmó el Acuerdo Final, de manera olímpica, desconoció muchas de sus propias propuestas que quedaron allí plasmadas. Ahora repite la fórmula: una vez que la Corte deroga literales del acto legislativo que crea el fast track, insiste en que las mayorías parlamentarias niegan la deliberación democrática de las iniciativas de paz. Tercer ejemplo: el uribismo rechazó el fallo de la Corte en que ésta acepta la refrendación del Acuerdo Final por parte del Congreso. Y ahora se declara partidario del alto tribunal. La pregunta es, entonces, si acata las reglas de la democracia sólo cuando lo favorecen.

¿Hace falta una estrategia en gran escala, de pedagogía y publicidad de los acuerdos y sus beneficios? Uno ve al Gobierno rezagado y más bien como arrinconado frente a unos contradictores envalentonados…

A quienes veo arrinconados es a aquellos que le temen a una sociedad libre de odios y de miedos. La paz requiere un cambio de mentalidad, que se da de manera lenta y progresiva. Sin duda, hace falta una rica pedagogía de paz. Es triste que no hayan quedado en imágenes de las sesiones de la mesa de conversaciones de La Habana, los encuentros de las víctimas con las delegaciones de Gobierno y guerrilla, los emotivos momentos de reencuentro entre las madres y sus hijos soldados o guerrilleros, los gestos de reconciliación entre los combatientes. De todos esos hechos trascendentales tendrán que construirse mensajes, imágenes, textos que documenten el giro histórico que está viviendo nuestra sociedad.

El Acuerdo Final: ¿un “botín electoral”?

Se ha dicho que el Acuerdo de Paz tendrá mayor “legitimidad” después de la decisión de la Corte sobre fast track y que el Gobierno podrá demostrar que tiene las mayorías necesarias para su aprobación. ¿Comparte esta apreciación?

No. Es como decir que lo que se hizo hasta ahora es ilegítimo. La legitimidad del acuerdo está determinada por múltiples elementos. El primero, de orden ético y humanitario: el cese de hostilidades ha permitido salvar miles de vidas y garantizar que se detenga la destrucción de recursos económicos y naturales. Eso no puede ser negado por los voceros de la extrema derecha que todos los días inventan sofismas. Segundo: ningún proceso de paz en Colombia, como este, ha sido objeto de tanta deliberación política y social: ha sido examinado, discutido, validado, codificado y refrendado. Es un despropósito decir que “ahora sí” podrá ser debatido.

Al pesado ambiente de hoy, súmele el que vendrá por la cercanía de las elecciones de 2018. ¿Se afectará aún más la implementación del Acuerdo?

Puede ser. Es preciso terminar el trámite de las normas esenciales para desarrollar el Acuerdo Final en los próximos meses con el fin de evitar que no se conviertan esas normas en “botín electoral”, como lo advirtieron las asociaciones de víctimas.

La estabilidad de la región va con el éxito del Acuerdo

¿Cómo califican los diplomáticos encargados del acompañamiento a la implementación lo que está pasando aquí en materia de obstáculos y la negativa a aceptar el Acuerdo Final de Paz?

Comenzando por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la comunidad internacional ve en el proceso de paz colombiano un referente de la salida dialogada de las guerras y, a la vez, una garantía para evitar que en nuestro continente se encienda la chispa de nuevas formas de violencia. De la manera como se defina esta cuestión en nuestro país, puede garantizarse o no la estabilidad de la región. Los países latinoamericanos no están exentos de ser sacudidos por la ola de conflictos armados que se está despertando en diversos rincones del planeta. Por eso, en todas las instancias internacionales se valora el Acuerdo de Paz como un asunto de significación global y de la mayor prioridad.

A todas estas, y según ha podido observar, ¿cómo califica el compromiso de las Fuerzas Armadas con el Acuerdo y con la reintegración a la sociedad de los hombres de las Farc?

Han demostrado cohesión y fidelidad con el contenido y la implementación de los acuerdos, a pesar de los cantos de sirena con que los enemigos de la paz han intentado desanimarlos.

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