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Por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Ever Rentería, presidente del Consejo Mayor de Curvaradó, el pasado domingo 5 de marzo manifestó a miembros de la comunidad de El Guamo, que la familia Durango, reclamante de sus legales y legítimos predios, sería desalojada de su propiedad llamada La Pradera.
Precisó que el cuestionado representante legal de Curvaradó, Germán Marmolejo, los iba a desalojar en compañía del ejército y que iban con una orden de captura para miembros de la familia que está altamente "armada".
La familia Durango, reconocida por el consejo menor de El Guamo fue desplazada en el marco de la operación militar de la brigada 17, llamada Septiembre Negro de 1996. Tras varios años de estar desplazados decidieron retornar a su finca de 43 hectáreas a finales de noviembre de 2016.
Durante estos años Juan de Jesús Graciano Sepulveda uso la propiedad con ganado y plátano.
El inspector Ad Hoc Guillermo Padilla en abril de 2016, notificó a Juan Graciano para abandonar el predio por ser ocupante de "mala fe".
Aunque el desalojo se hizo efectivo, el consejo mayor de Curvaradó, en cabeza de German Marmolejo, avaló a Juan Graciano para que continuara trabajando en la finca de la familia Durango, hasta el día de hoy.
Las ocupaciones de "mala fe" y los agronegocios en predios colectivos que persisten demuestra el fracaso del proceso de restitución de tierras colectivas órdenadas por la Corte Constitucional al gobierno desde 2008
Bogotá, D.C., marzo 9 de 2017
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
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