Ir al contenido principal

El necio debate a la Jurisdicción Especial de Paz

Análisis
Tomado de Las 2 Orillas
Por Gabriel Ángel



Algunos congresistas y funcionarios se rasgan las vestiduras y salen ahora con teorías absurdas que solo revelan su enorme ignorancia sobre el proceso de paz y los acuerdos.

Como si descubrieran el agua tibia, los opositores al acto legislativo sobre Jurisdicción Especial para la Paz que se adelante en estos momentos en el Congreso de la República, se rasgan las vestiduras porque contiene previsiones de carácter extraordinario, nunca antes contempladas por la legislación colombiana.
El acto legislativo que se cumple de acuerdo con el procedimiento abreviado del fast track, es presentado por sus contradictores como una especie de truculencia con la que el gobierno nacional, coligado con las Farc, pretende burlar al poder judicial y al ministerio público, pilares institucionales del régimen democrático y la justicia que imperan en el país.
Cabe recordarles, por si su memoria es tan fugaz, o su ceguera tan manifiesta, que de lo que se trata es simplemente de elevar a normas jurídicas de orden constitucional y legal lo que las Farc-EP y el gobierno nacional acordaron en materia de víctimas y justicia tras varios años de difíciles discusiones en La Habana, asunto conocido sobradamente por el país y el mundo.
Es como si algunos funcionarios oficiales de alto rango o los congresistas de la ultraderecha jamás se hubieran enterado de los debates en la Mesa de Conversaciones. Tras haber llegado a acuerdos en los temas de Reforma Rural Integral, Participación Democrática y Solución al problema de las drogas ilícitas, las partes se encontraron enfrascadas en el complejo dilema sobre víctimas.
Al tiempo que estas eran oídas en La Habana, toda la nación pontificó de uno y otro modo, sin que las partes en la Mesa pudieran hallar solución a las posiciones enfrentadas. Hasta cuando surgió  la idea de la subcomisión jurídica. Cada parte designó tres juristas reconocidos con la misión de elaborar una fórmula viable que permitiera seguir adelante el proceso.
Para ello se requería tomar como base las normas constitucionales colombianas, los principios de la jurisprudencia nacional e internacional, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Así se hizo. El resultado al que se llegó al fin, despertó el respeto y aplauso de los especialistas más avezados.
Una vez presentado dicho acuerdo a la Mesa, el gobierno nacional hizo todavía cuanto le fue posible por hacerlo más drástico. Nadie olvida que tras la firma pública del acuerdo en el Palacio de Convenciones de La Habana, el 23 de septiembre de 2015, ante personalidades y presidentes de todo el mundo, el gobierno se retractó y hubo que volver a discutir el tema.
Que solamente se selló en diciembre del mismo año, cuando por fin se dio la posibilidad de abordar con toda seriedad y seguridad el punto del fin del conflicto. Pese a ello, después de la firma del Acuerdo Final de Cartagena y solucionado el entuerto del fallido plebiscito, tras llegar a un nuevo Acuerdo en La Habana, el gobierno insistió en reformarlo nuevamente.
Y solo a unas horas de la firma del Acuerdo Definitivo en el Teatro Colón de Bogotá, se consiguió cerrar para siempre el debate. Lo firmado por Timoleón Jiménez y el Presidente Santos fue la última palabra al respecto. El compromiso oficial del presidente de la República como jefe de gobierno y de Estado, fue convertir lo pactado en normas jurídicas e implementarlo fielmente.
Es lo que ahora se busca en el poder legislativo. Resulta lastimoso que algunos congresistas y funcionarios salgan ahora con teorías absurdas que únicamente revelan su enorme ignorancia no solo con relación al proceso de paz y los acuerdos, sino en cuestiones todavía más sorprendentes como las realidades históricas del conflicto colombiano de más de medio siglo.
Tesis como la de que la Jurisdicción Especial para la Paz es una justicia paralela, de carácter soberano y ajena por completo a la influencia de las cortes, tribunales, fiscales y jueces tradicionales, con la cual se pretende elevarla a la condición de herejía inadmisible, se caen por su propio peso. El fin del conflicto colombiano así lo exigía y no podía ser de otro modo.
La jurisdicción que se ocupe de los hechos punibles cometidos por todos los involucrados en el conflicto armado colombiano tiene que ser absolutamente imparcial, cuestión que no sería garantizada de ningún modo si la justicia tradicional del Estado que inició la guerra y se ocupó de perseguir con saña la insurgencia, fuera la misma que se encargara ahora del asunto.
Más cuando esa justicia es calificada como politizada y corrupta por la misma ultraderecha. ¿Qué garantías reales confirió la intervención de la Procuraduría General de la Nación en todos los procesos en los que las víctimas de los crímenes de Estado fueron burladas por los fallos judiciales una y otra vez? Los índices de impunidad de esa justicia son asombrosos. ¿Lo olvidaron acaso?
¿Y acaso no fueron la falta de democracia y la negación de justicia las causas del conflicto?

Comentarios

Entradas populares de este blog

"No queremos que ocurra de nuevo lo de la Unión Patriótica": Romaña

Entrevista Por Semana



El asesinato de Luis Alberto Ortiz prendió las alarmas en la Comisión de Garantías de la que poco se habla. Semana.com habló con el jefe guerrillero sobre lo que pasó y el plan piloto en "Tumaco y Buenaventura para desarticular el paramilitarismo".


Semana.com.: Usted está al frente de la zona veredal que hay en Tumaco, ¿qué se sabe del asesinato que ocurrió la semana pasada?
Edison Romaña.: En el 2012 Luis Alberto, Pepe como le decíamos de cariño, llegó a la milicia. Él cayó preso en el 2015 y salió por ley de amnistía e indulto hace poco más de 20 días. Una vez quedó libre se presentó al campamento en la zona veredal. Ahí quedó el registro como integrante de nuestro movimiento pero como no tiene problemas con la ley -porque ya pagó su condena- se fue para donde su familia a visitarlos. Allí en la vereda la Guayacana (Tumaco) el pasado 16 de abril recibió en la noche tres impactos de bala.
Semana.com.: ¿Luis Alberto tenía en mente volver a la zona veredal o …

Declaración de Las FARC-EP ante falló de la Corte Constitucional

Comunicado Por Secretariado del Estado Mayor Central de Las  FARC-EP



DECLARACIÓN El anuncio del fallo de la Corte constitucional mediante el cual se declara la inconstitucionalidad de los literales h y j del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016 por presunta sustitución de la Constitución, ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio. Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación individual de armas según lo establecido en el Acuerdo, es decir a doce días del D+180, se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana. No se trata simplemente de la decisión judicial, con una interpretación por cierto muy controvertible que banaliza el juicio de sustitución constitucional, sino que estamos frente a la posibilidad de que -de consolidarse una mayoría en la Corte, adversa a la implementación-, se asista al desmonte d…

¿"Plan pistola" contra las FARC y sus familiares? van 7 masacrados, entre ellos una menor de edad

Noticia Por Colombia Soberana


En lo que va corrido del mes son siete las personas que han muerto por tener alguna relación con las FARC. 
El 16 de abril del 2017, según comunicado hecho por la ZVTN Ariel Aldana, asesinaron un guerrillero indultado que iba para dicha zona. Luis Alberto Ortíz Cabezas "Pepe" fue atacado con arma de Fuego a las 20 horas por "Renol", un miembro de un grupo paramilitar, que aunque fue capturado, no es garantía de que el Estado quiera actuar eficazmente contra estos grupos ilegales.
El martes 25 de abril a las 20:30 fue asesinado José Yatacué "Jaider Villa"  en Toribío Cauca. El indígena de 35 años, miliciano de las FARC por más de 18 años, recibió 6 impactos de bala. Se espera que en próximos días salga el comunicado de denuncia de su muerte, en el que estarán los nombres y apellidos de sus asesinos. 
A estos hechos se suman las masacres contra las familias de dos guerrilleros. La primera sucedida el pasado 16 de abril en la vereda…