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Ante los interrogantes por el Acuerdo Definitivo



Análisis

Tomado de FARC-EP
Por Gabriel Ángel



Las FARC nacimos de la lucha, esa nuestra naturaleza. Jamás nos ha pasado por la cabeza que la lucha termina con un acuerdo que pone fin a la guerra


Preguntas como si el gobierno efectivamente irá a cumplir con lo pactado, o apenas se contentará con darse por satisfecho si las FARC cumplimos con nuestras obligaciones, como aparentemente comienza a exigir de entrada con el día D y los términos estrictos para la Dejación de Armas,o las relacionadas con el pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad física de los combatientes, que desde ya se inquietan por los sucesivos atentados contra dirigentes sociales por todo el país, exigen respuestas basadas en análisis serios y reflexiones cuidadosas.

Desde luego que no se trata de interrogantes nuevos. Desde cuando se conoció la intención del Presidente Santos de buscar algún tipo de salida dialogada al conflicto armado interno, salieron a relucir ese tipo de inquietudes. El nuevo gobierno envió su propuesta de acercamiento pocos días antes de matar al Camarada Jorge Briceño, y tras ese hecho se oyó retumbar en los medios la voz del Presidente, exigiendo la desmovilización y entrega so pena de correr una suerte semejante. Como quien dice, las conversaciones sólo podían significar un sometimiento de la insurgencia.

De ese modo podía interpretarse su llamado. Aunque también debían tomarse en cuenta otros factores, empezando por la prolongación misma del conflicto. Para entonces cumplía 46 años, tras innumerables e infructuosas operaciones militares encaminadas a ponerle fin. Todavía más, se habían terminado los ocho años continuos de la seguridad democrática de Uribe, política de guerra abierta con la que el Estado se la jugó toda por acabar las guerrillas y la lucha popular con base en el terror, abriendo las compuertas a la más salvaje represión que conociera Colombia.

Con ella se había logrado propinar fuertes golpes a las FARC, pero resultaba evidente que faltaba todavía muchísimo para vencerlas y rendirlas. La resistencia guerrillera daba constantes demostraciones de vitalidad.Y como el Ave Fénix, las movilizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas y populares volvían a crecer aceleradamente. ¿Cuántos gobiernos más obrando igual se necesitarían para aniquilarlas, si acaso en realidad fuera alcanzable ese objetivo? Santos podía desear lo que quisiera si no lograba someter a las FARC en una Mesa, pero, ¿lo conseguiría?

Si bien la campaña institucional, de cuya mano marcharon todos los medios masivos de comunicación, había logrado sembrar en buena parte de la opinión pública una visión satánica de los rebeldes, tampoco era menos cierto que la brutalidad del régimen y sus métodos, en su desesperado intento por exterminarlos, había conseguido despertar un rechazo mayoritario de la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Colombia se había convertido en un Estado infame, cercano a fallido, y un sector importante de sus clases dominantes, preocupado por las consecuencias económicas y políticas de tal condición, comenzaba a hacer valer su intención de limpiar la casa, salvando a un tiempo sus negocios y su imagen.

Los últimos destinatarios de la violencia desbocada del régimen tampoco se habían quedado quietos. Resultaba ostensible la equivalencia entre la guerra, la represión paramilitar y judicial, y las políticas neoliberales de apertura al capital financiero internacional y nacional con sus fabulosos proyectos mineros, agroindustriales y de infraestructura, que aseguraban ganancias a chorros y enriquecimientos desmedidos a unos cuantos.

Las comunidades campesinas, negras e indígenas veían con claridad que la extremada confrontación desatada en sus territorios, perseguía en realidad su desplazamiento a favor de los grandes negociantes, al tiempo que sectores obreros, informales, comunitarios y estudiantiles de las ciudades padecían y denunciaban la persecución de que eran víctimas con el sambenito de auxiliares del terrorismo, cuyo objeto final no era otro que aniquilar de raíz la inconformidad y la protesta contra las políticas de desregulación laboral, privatización de los servicios públicos y desmonte del carácter social del Estado.Se hacía evidente que la supervivencia y avance del movimiento popular dependía de que hubiera paz. Y así lo entendieron. Por eso crecía en todos los flancos el clamor por la solución política al conflicto.

Habría que añadir el planteamiento histórico de las FARC, quienes desde su Programa Agrario, en 1964, habían señalado que su alzamiento obedecía al cierre de las vías legales para el ejercicio de la política, del cual era obvio deducir, como lo hicieron en cada uno de los sucesivos procesos frustrados de paz, que si en Colombia se diera la posibilidad real de una apertura política, de efectivas garantías para la vida, la integridad física y la actividad de los movimientos de inconformidad y oposición, que si se implementaran reformas elementales que reivindicaran la condición humana y social de los sectores más desfavorecidos y golpeados por la violencia, si se dieran reformas institucionales que ampliaran la democracia y pusieran fin a la fatídica concepción estatal de recurrir inevitablemente al uso de la fuerza para tratar los problemasy protestas sociales, el camino de la salida política contaba con todo el respaldo de la insurgencia.

La excluyente sociedad colombiana, que había llenado de estigmas y excluido a los amigos de un acuerdo que pusiera fin al conflicto, no estaba ya en condiciones de seguir impidiéndoles hablar y exponer sus tesis a favor de la reconciliación.Salvo un reducido sector de extrema que difundía y reproducía en los grandes medios y redes sociales sus odios y fanatismos, con el eco enfermizo de sus simpatizantes, en el ánimo nacional habíatomado posesión una actitud generalizada de rechazo a la guerra, a sus inútiles hechos de sangre, a su estancamiento sin solución a la vista. 

Las víctimas del conflicto reclamaban la oportunidad histórica de ser atendidas y satisfechas. Y no sólo las afectadas por la rebelión, únicas que hasta entonces reconocía y azuzaba el régimen, sino también las provenientes de la violencia estatal, la abrumadora mayoría que siempre había sido mantenida al margen de las cuentas oficiales. Los movimientos políticos y sociales de oposición, objeto de toda clase de persecuciones, también ganarían con la salida política. La comunidad internacional no dejaba de ejercer presiones en el mismo sentido, y hasta los inversores y mercaderes calculaban los beneficios que podían derivarse de un ambiente de tranquilidad pública. La salida política, fundada en una u otra razón, contaba quizás por primera vez en el último siglo, con la mayor posibilidad de imponerse sobre la incierta salida militar.

Así que las FARC optamos por aceptar los diálogos. Sabedores de que la intención del gobierno era someternos, pero conscientes de que con nuestra capacidad de resistencia y un manejo político adecuado, que permitiera ganar cada vez mayores simpatías a la solución civilizada de la confrontación, podríamos conquistar un acuerdo final que se pareciera más a nuestros intereses y a los de las grandes masas marginadas.

En otras palabras, la dirección de las FARC fue perfectamente clara, de que una eventual renuncia a la lucha armada no significaba en absoluto la renuncia a la lucha de clases, ni a las aspiraciones revolucionarias de sus fundadores y mártires, sino el ascenso a otro escenario de la misma lucha, conquistado con medio siglo de combates, en el que las clases en el poder estarían impedidas de emplear la violencia contra el opositor y obligadas a rodearlo de garantías para su acción.

El establecimiento de unas reglas de juego político que permitieran el despliegue de la organización y la movilización de las grandes masas inconformes con el orden de cosas vigente, resultaba más idóneo para las perspectivas de transformación económica y social pregonadas por un movimiento auténticamente revolucionario, que el mantenimiento de un estado de guerra indefinido, en el que las guerrillas se encontraban cada vez más aisladas de los espacios en los que se definía la suerte de la nación. Por más romántica y heroica que pudiera parecer la lucha armada, resultaba inadecuada para un país hastiado de medio siglo de ella, y en que tomaba cuerpo cada día una mayoría inclinada a buscar otro tipo de salida.

No se trataba de lo que repetía el Presidente en cada alocución, que las guerrillas estaban vencidas y sin ninguna esperanza. Las FARC podíamos avizorar otras perspectivas. Una fracción cada vez más importante de los colombianos se encontraba absolutamente cansada con la clase política tradicional, se inclinaba por cambios fundamentales y clamaba por una organización o movimiento político que fuera capaz de articularla y dirigirla. Como revolucionarios teníamos el deber de procurar hacernos a ese espacio, pero nuestra permanencia en la clandestinidad lo hacía prácticamente imposible. El momento que vivía la nación resultaba crucial. O nos jugábamos por el espacio político amplio en la encrucijada más favorable para conseguirlo, o nos hundíamos aún más en la jungla, durante quizás cuantas décadas, a la espera de un mágico cambio que compusiera las circunstancias a nuestro favor. El camino correcto era claro.

Y eso hicimos, conscientes de que las dificultades que tropezaríamos serían múltiples. Cuando el gobierno nacional impuso su tesis de que nada podía considerarse acordado mientras la totalidad de los puntos de la Agenda no estuvieran firmados, pretendía que ninguno de los acuerdos alcanzados pudiera considerarse vigente mientras su propósito de vernos doblegados no estuviera maduro y sellado por completo. Su arrogancia quedaba fuera de toda duda.

Con esa desventaja partimos en las discusiones, un desacuerdo infranqueable el último día de las conversaciones podía echarlo todo a pique, lo cual a su juicio nos obligaría a ceder en las materias más sustanciales, que fueron reservadas de adrede para el final. Una organización insegura de lo que podía conseguir se hubiera echado fácilmente atrás. Las FARC no, sabíamos que si el acuerdo se iba tornando irreversible no lo sería solamente para nosotros. Debíamos convertir cada consenso alcanzado y suscrito en una presión más que impidiera deshacerlo.

Y lo conseguimos. Del acuerdo sobre reforma rural integral pasamos al de participación política y luego al de drogas y cultivos ilícitos. Cuando pareció que las distancias en materia de víctimas y justicia serían insalvables, surgió la fórmula de la subcomisión jurídica, tres expertos juristas de cada una de las partes, que elaborara una fórmula acorde con las normas del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, la cual pese a distintos sobresaltos terminó dando los frutos esperados.

Todos estos avances se cumplían en medio de la aguda confrontación militar al interior del país, pese a las reiteradas declaraciones de cese el fuego unilateral por nuestra parte, y a los sucesivos gestos unilaterales de paz que se encargaron de convencer al país, sobre la seriedad con que las FARC asumíamos nuestro compromiso de terminar definitivamente con el conflicto armado.

A estas alturas sumábamos cada vez más respaldos al proceso y a la consecución de un acuerdo final, no sólo al interior del país sino por parte de la comunidad internacional. Países garantes, países acompañantes, Cruz Roja Internacional, UNASUR, la CELAC, la OEA, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, el Vaticano y una sumatoria de personalidades que fueron haciendo presencia en La Habana y comprometiendo cada vez más a las partes.

La fórmula de integrar subcomisiones, como la importantísima subcomisión técnica del fin del conflicto, integrada por destacados mandos de las fuerzas militares colombianas y las FARC, encargada de concertar lo concerniente al cese el fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas, o la subcomisión de garantías para consensuar las garantías de seguridad y las medidas de combate al paramilitarismo, al igual que la subcomisión de género, culminaron su complicada tarea en medio de un ambiente de distensión, conseguido tras el compromiso gubernamental de cesar los bombardeos aéreos y las acciones hostiles contra la insurgencia en diálogos.

Que nada de lo logrado ha sido fácil lo demuestran los hechos. La lucha de clases siguió manifestándose con toda intensidad en la Mesa y fuera de ella, dejando claro que ninguna de las partes se plegaba de algún modo a la voluntad de la otra, por más que terceros de mala fe, interesados en sembrar cizaña o desubicados desde el punto de vista ideológico y político, se hayan encargado de hacerlo parecer así. Las FARC no hemos doblegado nuestra voluntad de conquistar la salida pacífica en bien del pueblo colombiano y su histórica lucha, hemos obrado con sumo talento y cuidado al manejar cada una de las contradicciones presentadas con nuestros adversarios de clase en la Mesa y por fuera de ella, y en ningún momento hemos renunciado a nuestros principios e ideario revolucionarios.

El Acuerdo de La Habana, suscrito después en Cartagena por Timoleón Jiménez y el Presidente Santos, sufrió la sorpresiva victoria del no en el plebiscito del 2 de octubre. Pese a ello, nuestro comandante en jefe expresó ese mismo día que las FARC no cesaríamos en nuestro propósito de buscar una salida política al conflicto, convencidas de que la paz terminaría por triunfar. Es así como el pasado 24 de noviembre se selló el Acuerdo Definitivo del Teatro Colón en Bogotá, el cual, contra cualquier cálculo, resultó refrendado por amplias mayorías en el Congreso de la República, y se halla a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional en cuanto al procedimiento de su implementación y la validez de su refrendación.

Las FARC nacimos de la lucha, y hemos luchado durante más de medio siglo. Es esa nuestra naturaleza. Jamás nos ha pasado por la cabeza que la lucha termina con un acuerdo que pone fin a la guerra. Lo que hemos conseguido con éste es que se ponga en el primer punto del orden del día de la nación colombiana el rechazo general a la solución militar de las contradicciones económicas, políticas, sociales y culturales que caracterizan nuestra sociedad. Esas contradicciones, antagónicas y no antagónicas, se mantienen vivas y seguirán enfrentándonos, pero con la particularidad de no ser debatidas con las armas en la mano. Eso representa de por sí una conquista histórica para la lucha popular en Colombia y terminará por dar jugosos frutos. 

Desde la derecha más radical atacan lo conquistado hasta hoy con los más perversos argumentos y manipulaciones. Y desde algunos sectores radicales de la izquierda nos califican o bien de ingenuos o bien de renegados. A los primeros nos hemos enfrentado durante más de medio siglo, al tiempo que entendemos su frustración por no haber podido vencernos, y en cambio vernos transformados en una fuerza política de promisorio futuro en la vida colombiana. A los segundos respondemos con el creciente apoyo popular con que contamos. Ninguna idea que carezca de arraigo en las masas populares puede conducir un pueblo a la conquista del poder, por más requisitos teóricos con los que se la formule. La práctica es la prueba de fuego de la verdad, mal obran los que no hacen más que discursos para felicitarse a sí mismos, sin percatarse de que las clases sometidas jamás sienten como suyos sus planteamientos y propuestas.

Me atrevo a considerar que buena parte de los sembradores de cizaña se fundan en el simple desconocimiento,deliberado o no, de los acuerdos de La Habana y del Acuerdo Definitivo del Teatro Colón. Las FARC no hemos luchado durante cinco años de duras conversaciones para llegar a un acuerdo fútil que apenas merezca una mirada por encima y sea susceptible de interpretaciones disparatadas. La cuestión es seria, mucho más de lo que nuestros gratuitos detractores consideran.

En el Acuerdo Definitivo se desarrollaron de manera amplia y detallada las numerales 4, 5, 6 y 7 de la Agenda de 2012, mediante los cuales el Estado colombiano quedó comprometido a proporcionar todas las garantías de seguridad y a enfrentar de manera abierta y decidida el fenómeno paramilitar y los crímenes contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Quien estudie estas materias deberá concluir que lo acordado constituye la mayor conquista histórica del movimiento popular en Colombia con relación a sus derechos a la vida, la integridad física y accionar político social. De lo que se trata es de conseguir la implementación efectiva de ello, a fin de atar para siempre la mano criminal del Estado.

Quienes sostienen que con acuerdos no va a solucionarse el grave peligro en que se encuentra la lucha popular en nuestro país, simplemente dejan la alternativa del enfrentamiento armado, ignorando que éste cumple ya más de medio siglo sin poder detener el desangre, y desconociendo el enorme papel desempeñado por la lucha abierta de las masas contra ese fenómeno. Si la lucha armada anunciara la inminencia del triunfo de las fuerzas democráticas y revolucionarias, quizás valdría insistir en ella como único camino válido, pero dadas las condiciones internacionales y locales cabe considerar, sobre todo después de más de cincuenta años continuos de guerra interna, que si gracias a la heroica lucha guerrillera es posible por fin abrir paso a una ampliación efectiva de la democracia y a la conformación de un gran movimiento político capaz de concretar profundos cambios en la vida nacional, sería una imperdonable torpeza rechazar esa opción.

Desde luego que no será fácil, que se presentarán grandes obstáculos y que habrá riesgos evidentes para la vida e integridad de los integrantes de esa nueva fuerza política. Pero es que los revolucionarios jamás la han tenido fácil, si han sido firmes y consecuentes, en ningún lugar ni momento de la historia. La lucha será ahora por la implementación y cumplimiento de todo lo acordado, que es de enorme trascendencia para la potenciación de las luchas democráticas y de masas en Colombia.

Podríamos devolver la inquietud a los críticos, ¿acaso la lucha guerrillera es un seguro de vida para alguien en las selvas del país? Numerosos mandos guerrilleros de todos los niveles, al igual que combatientes rasos, caen con frecuencia como producto de las embestidas enemigas, sin tener siquiera la oportunidad de un sepelio digno de su condición. Las bajas por la guerra tienen unacifra elevadísima, hasta el punto de que si se intentara reconstruirlas todas, quizás no alcance la memoria colectiva para precisarlas.

Vale recordar que la vida de los revolucionarios no puede ser la de cualquier ciudadano libre de compromisos, sino que exige el cumplimiento de una serie de normas de conducta personal y colectiva encaminadas a garantizarle al máximo su seguridad. La disciplina, que suele reservarse para asuntos militares de modo exclusivo, es en realidad una categoría indispensable para la sobrevivencia de los activistas,cualesquiera que sean las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde se hallen. Si en la lejanía de las montañas una mínima violación de ella produce desgracias inenarrables, es perfectamente previsible que en las condiciones del trabajo político abierto, las mismas o peores fallas produzcan consecuencias dolorosamente fatales.

El cumplimiento de los acuerdos será el producto de nuestra lucha y de la lucha de todas las organizaciones políticas, sociales y populares que logremos integrar a nuestro clamor. Desde luego que resultaría una ingenuidad pensar que el gobierno de Juan Manuel Santos o cualquier otro representante de las élites vinculadas a los intereses del imperialismo, va a poner todo de sí para que lo acordado se cumpla integralmente. No es a eso a lo que los guerrilleros de las FARC estamos confiándonos. Es al producto de nuestro trabajo ideológico y político, de organización y de movilización popular. Son millones de colombianos los que debemos mover a exigir que la paz sea una realidad, sobre la base del Acuerdo Definitivo.

Y eso sólo podemos lograrlo desde afuera, con el trabajo político dedicado e intenso de miles de ex combatientes unidos y cohesionados en un solo cuerpo y propósito, sin desviarnos por ningún motivo de él. Pretender reemplazar este enorme reto histórico por el de permanecer armados en los más alejados rincones de la geografía nacional, llamando al levantamiento general de la población colombiana, más que una deformación ideológica y política en el momento presente de la vida de nuestro país, roza con deformaciones de orden sicológico o síquico completamente ajenas al análisis concreto de la situación concreta que nos enseña el marxismo leninismo.

Eso precisamente es lo que desean ardientemente los enemigos de la paz, los contradictores a ultranza del Acuerdo Definitivo, mantenernos enfrascados en la guerra de guerrillas a enorme distancia de las grandes concentraciones de la población colombiana, donde se anudan las profundas contradicciones del sistema económico y el corrupto régimen político vigente. El cómo vamos a conseguirlo en las condiciones pactadas de reincorporación a la vida civil, es el otro gran interrogante del momento. Si cada ex combatiente está pensando en su progreso individual y en abandonar la lucha colectiva de tantos años, a cambio de un difuso bienestar económico y social obtenido por su cuenta, nada vamos a conseguir.

Las guerrilleras y los guerrilleros de las FARC hemos hecho cosas extraordinarias, construido con nuestras manos obras monumentales, librado y ganado batallas heroicas e inolvidables. También, unidos, integrados con una sola ideología y política, desplegando nuestra característica capacidad de trabajo, podremos no sólo asegurar nuestra subsistencia y desarrollo con base en lo pactado en La Habana, sino sentar las bases y edificar la Nueva Colombia con la que soñaron Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. De eso se trata.

Sin olvidar que no estaremos nunca solos en esa tarea, que nos rodean en ella nuestras masas organizadas a las que debemos alentar siempre y conducir, que nos acompañan innumerables organizaciones y movimientos políticos y sociales que se han vinculado a la tarea de conquistar para Colombia la paz, que los ojos del mundo estarán puestos sobre nuestro país y sobre la seriedad de cada una de las partes en el cumplimiento de todo lo acordado. Lo que nos compete en la hora presente es sumar más y más colombianos a la lucha por este objetivo común que beneficia a toda la nación.

Antes que restar y dividir, estamos obligados a acercar, a agregar, a acrecentar el enorme caudal que habrá de producir las profundas transformaciones por las que siempre hemos soñado. Ya llegará el momento de las definiciones finales, y entonces, con todo el torrente que impulsa el sueño de un país mucho mejor, sabremos diseñar y materializar la vía y la mejor manera de conseguirlo y sostenerlo. Esa es la lucha y nosotros nacimos para ella.

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