Comunicado
Por ASCAMCAT
Líderes fueron detenidos arbitrariamente, junto con el esquema de seguridad, durante cerca de dos horas por parte de miembros del Ejército Nacional -Fuerza de tarea Vulcano que pertenecen a la II División del Ejército- en un retén militar improvisado que no cumplía con los requisitos ni objetivos establecidos por las disposiciones legales.
En el marco de la actividad de identificación de puntos sagrados del pueblo Motilón Barí, cerca de las 11:00 de la mañana del 6 de noviembre del presente año, el líder de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat- Juan Carlos Quintero Sierra, se encontraba en el casco urbano de Teorama, Norte de Santander, acompañado del esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional De Protección -UNP-. Junto a él se encontraban otros líderes de Ascamcat, entre ellos Yonny Abril, Olmer Pérez, Wilmer Pérez, Wilder Franco, Serafín Vega; algunos miembros de la Guardia Campesina y algunos miembros del pueblo indígena Motilón Bari. Dichos líderes fueron detenidos arbitrariamente, junto con el esquema de seguridad, durante cerca de dos horas por parte de miembros del Ejército Nacional -Fuerza de tarea Vulcano que pertenecen a la II División del Ejército- en un retén militar improvisado que no cumplía con los requisitos ni objetivos establecidos por las disposiciones legales.
Inicialmente iban a ser víctimas de empadronamiento, práctica declarada ilegal por la Corte Constitucional en la sentencia 1024 de 2002. A pesar de la puesta en conocimiento de lo anterior, el sargento Rodríguez procedió a inspeccionar la camioneta blindada de Juan Carlos Quintero argumentando el porte ilegal de armas por parte del escolta asignado por la UNP al sostener que el decreto 155 de 2016 no lo permite. En realidad dicho decreto no aplica para entidades como la UNP pues se encargan de brindar seguridad a personas con alto nivel de riesgo. A pesar de identificarse y presentar los documentos legales; y aun teniendo conocimiento de que no es de su competencia realizar esta actividad que le pertenece a la Policía Nacional,el sargento insistió en hacerlo y cuando no se lo permitieron los miembros del Ejército mostraron una actitud agresiva hacia los defensores de derechos humanos al quitarle el seguro a sus armas como gesto de intimidación, mientras decían: "nosotros no hablamos campesinos porque nos toca meterles un tiro".
Estas actuaciones constituyen conductas punibles como homicidio en grado de tentativa por quitar el seguro a sus armas de largo alcance para intimidar a los líderes sociales; amenazas, detención arbitraria y extralimitación de las funciones del Ejército tal como lo describe la ley 599 de 2000 y omitiendo los protocolos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario frente a la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales como sujetos de especial protección.
Una vez más la Fuerza Pública no cumple con la posición de garante que establece la Constitución Política y abusan en sus funciones poniendo en riesgo la vida, integridad física y seguridad personal de los dirigentes campesinos, también dejando entredicho la voluntad de crear espacios para la construcción de paz con justicia social con las comunidades campesinas del Catatumbo.
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