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No cesan amenazas y hostigamientos contra líderes indígenas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta

Comunicado
Por Reiniciar
Bogotá, 3 de agosto de 2016. 




La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, REINICIAR, denuncia ante la comunidad nacional e internacional las nuevas amenazas de las que viene siendo víctima el Gobernador del Resguardo Cañamomo Lomaprieta del pueblo indígena Embera Chamí, Carlos Eduardo Gómez, por parte de personas que desconocen las regulaciones de la actividad minera efectuadas por las autoridades indígenas en sus territorios, lo que propicia la afectación de los recursos naturales.

Por apoyar estas regulaciones y por trabajar por la defensa del territorio, el comunero Oscar Hernando Largo Largo también fue amenazado de muerte el pasado 22 de julio a través de mensajes de texto enviados a su celular.

Es importante recordar que en los dos últimos años la comunidad del Resguardo ha sido víctima de amenazas y hostigamientos por parte de particulares interesados en el desconocimiento de la propiedad colectiva, en el desprestigio y judicialización de las autoridades ancestrales y en la desarticulación de las organizaciones tradicionales para obtener concesiones mineras y adquirir predios para su beneficio.

Esta situación se agrava por la presencia de reductos paramilitares en el territorio y por las políticas gubernamentales de explotación minera, así como por la falta de investigaciones judiciales eficaces. Baste recordar que a la fecha no ha sido esclarecido el asesinato de Fernando Salazar Calvo, presidente de la Asociación de Mineros de la comunidad de La Unión y directivo de la Asociación de Mineros del Resguardo Cañamomo Lomaprieta, ocurrida en abril de 2015.

Ante esto, REINICIAR, como organización peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares en beneficio del pueblo Embera Chamí asentada en el municipio de Riosucio, Caldas, hizo a la Honorable Comisión algunas solicitudes respecto a la necesidad de que se reconozca que la actividad minera realizada sin el consentimiento previo, libre e informado de los indígenas es un factor de riesgo en contra de la integridad del territorio, de la preservación del pueblo y de la vida e integridad de sus autoridades y líderes.

De igual manera, le solicita reclamar al Gobierno la implementación de mecanismos eficaces para la protección de los pueblos indígenas dada su situación de riesgo y cumplir los acuerdos logrados con sus autoridades, así como acatar las recomendaciones de protección de la reciente Declaración Americana sobre derechos de los pueblos indígenas y de los informes de la CIDH sobre protección de territorios ancestrales.

Finalmente, le solicita requerir a la Fiscalía General de la Nación garantizar el acceso a la justicia del pueblo indígena y sus autoridades, así como realizar investigaciones completas, exhaustivas y orientadas al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsables.

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