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El Duda, Meta, una región olvidada

Reportaje
Por La Verdad Abierta

Este territorio del municipio de Uribe, en el norte del departamento del Meta y fronterizo de los departamentos de Tolima, Huila y Cundinamarca, campesinos piden la llegada de las instituciones del Estado para sanear las deudas en salud, educación y vivienda que por décadas han tenido.

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Desde el mes de abril los campesinos de la región de El Duda vienen denunciando los persistentes combates entre las Farc y el Ejército. A la fecha, pese a estar en tensa calma se han presentado violaciones a los derechos humanos. Foto: cortesía Rema.


La última vez que la prensa nacional reportó una noticia sobre la región de El Duda fue en diciembre de 1990, luego del bombardeo de las Fuerzas Militares contra “Casa Verde”, el campamento del Estado Mayor Central de las Farc. El pasado mes de julio volvió a ser noticia tras los enfrentamientos entre tropas de la Brigada 21 del Ejército y una comitiva de ese grupo guerrillero que llegaba desde La Habana para adelantar visitas técnicas a las posibles zonas donde se concentrarían sus hombres para iniciar su proceso de dejación de armas y retorno a la legalidad.

En la zona viven alrededor de 300 campesinos, muchos de ellos colonos que llegaron a la región provenientes del Páramo de Sumapaz y del sur del departamento del Meta a mediados de la década del cincuenta. El tiempo allí parece no haber transcurrido. Como en muchas otras regiones olvidadas del país, hablar de acueducto, electricidad y vivienda es apenas una ilusión, el transporte sigue siendo a lomo de mula por las trochas que se han abierto entre las montañas.

“El país volvió a acordarse de que existíamos, pero no nosotros sino la zona. Acá el conflicto ha permanecido desde los años cincuenta, nunca se ha ido y ahora que no hay guerra se siente de otras maneras. El Ejército ahora nos decomisa el mercado que viene del Páramo de Sumapaz, constantemente se llevan a compañeros a los juzgados por ser colaboradores de la guerrilla, o como ahora viene ocurriendo, saquean las casas de los campesinos y dejan pintadas las paredes con las letras AUC”, comenta Luis*, un campesino de 65 años.

Que pida la protección de su nombre no es cosa rara, pese a estar alejados de todo tipo de entidad gubernamental, el señalamiento y la estigmatización han llevado a que durante 2015 y lo transcurrido de este año alrededor de 25 campesinos hayan sido presentados ante la justicia como supuestos colaboradores e integrantes de las redes de apoyo de la guerrilla de las Farc.

Desde la década del setenta fue utilizado como corredor del centro hacia el sur del país por parte de ese grupo alzado en armas; allí realizaron la Sexta Conferencia (1978) y sirvió como espacio para la realización de un Pleno Ampliado para trabajar lo acordado en la Séptima Conferencia (1983) sobre la expansión política y militar del grupo armado; y fue espacio de negociaciones, desde noviembre de 1998, durante los diálogos de paz de San Vicente del Caguán.

Uribe, un municipio que cuenta la historia de las Farc
Por allí también pasaron las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV), que aunque no se asentaron el territorio, se lo disputaron con los frentes del Bloque Oriental de las Farc que operaron en la región.

Para finales de 2006, luego de la implementación de la política de Seguridad Democrática promovida por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), la zona quedó bajo el poder de las Fuerzas Militares, y desde entonces permanecen en el territorio con unidades contraguerrilla y batallones de alta montaña.

Luego de los combates que se presentaron entre el Ejército y las Farc a principios de julio pasado, una comisión de derechos humanos, integrada por el Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumpaz (Sintrapaz) y la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia (DHOC), visitó la región luego de conocer una denuncia por violación a los derechos humanos, emitida por la Asociación Agropecuaria de Reserva Campesina del Alto Duda (Arcaduda).

“Nos volvimos un objetivo”

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Los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur se desarrollaron en Uribe, en 1984. Luego de la ruptura de los diálogos los campesinos aseguran que la región quedó estigmatizada por las fuerzas militares. Foto: tomada del Flickr de las Farc.


Aseguran los labriegos que la noticia de los combates se dio a conocer en el país por la importancia de los jefes guerrilleros que llegaban a la región, pero, según ellos, los enfrentamientos se vienen presentando desde hace más de cuatro meses.

“Desde abril se empezaron a escuchar las primeras ráfagas de ametralladora, no sabíamos hacia quién iban dirigidas, luego se supo que era que un frente de las Farc se había subido, desde entonces el Ejército no ha dejado de realizar operativos alrededor del cañón del Duda”, comentó Nancy*, quien hace parte de Arcaduda.  

Las denuncias quedaron consignadas en una misiva enviada a la Mesa de Diálogos de La Habana, a la Comisión de Paz del Congreso, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a personalidades políticas del orden nacional. “Bombardeos indiscriminados sin ningún objetivo militar, en las montañas, cerca de nacimientos de agua del río Duda y en los centros poblados junto a las viviendas de los campesinos generando destrucción y contaminación del ambiente”, se lee en la misiva, fechada el 21 de mayo.

Zoleido Morales, uno de los abogados de la Fundación DHOC, quien participó de la jornada de acompañamiento humanitario, aseguró que al llegar al Duda, luego de montar a lomo de mula más de cuatro horas por el Páramo de Sumapaz, los campesinos les hicieron saber que eran la primera entidad que llegaba hasta el lugar luego de 40 años.

“El camino es testigo de los vestigios de la guerra, nos encontramos en el trayecto con casquillos de bala y material de guerra, al parecer la ‘chapa’ de ser una zona guerrillera sigue muy vigente, el Ejército que patrulla es contraguerrilla y las retenciones en el camino son parte de la vida cotidiana”, aseguró Morales.

A ello se suma lo que Carlos*, un joven campesino que recoge la leche de las fincas para procesar quesos, llama “ser objetivos”; cree que el Ejército y grupos al margen de la ley los tienen entre ojos al creer que son guerrilleros: “ahora llegan amenazas a las fincas con nuestros nombres donde dicen que somos del Frente 53 de las Farc, o se entran personan a las fincas a escribir AUC como ocurrió con Yeison y Elmer Parra, que sus casas fueron robadas. Lo que no entendemos es por qué de nuevo han empezado a ocurrir de manera reiterada estos hechos si ya se esta hablando de la paz”.

Tras la recolección de información, los abogados de la comisión humanitaria aseguraron que las tropas del Ejército no portan las prendas adecuadas como lo exige la Ley. “Muchas veces andan con sudaderas negras y otras veces pareciera que están usando uniformes de la Policía; esta situación impide determinar si hay presencia de los grupos paramilitares y son apoyados por el Ejército Nacional o si los autores de los hechos acá denunciados son los mismos miembros de este cuerpo institucional”, se lee en la carta dirigida por la Fundación DHOC a Fiscalía, Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo.

A ello se suma que los pocos alimentos que llegan desde la localidad de Sumapaz, en Bogotá, muchas veces son retenidos por el Ejército. “Los días de plaza ya se sabe que vamos a tener un retén a la entrada del departamento, nos decomisan la comida y pocas cosas son las que dejan pasar. Ya es poco lo que podemos vender de quesos, frijol y arveja que es lo que mejor producimos”, comentó Aracely*.

Ante la situación, el alcalde de Uribe, Meta, Jaime Pacheco, aseguró que desde la administración es poco lo que se ha podido hacer con la comunidad por la lejanía del territorio y los accidentes geográficos: “en invierno es casi imposible pasar hacia El Duda, son cuatro días o más a caballo para poder llegar a la primera vereda, lo que hemos hecho es poner de manifiesto a las autoridades y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para que pueda atender a la comunidad”.

El otro problema es que, según el mandatario local, la comunidad está invadiendo zonas naturales protegidas para su conservación y restauración, lo que impide realizar inversiones en carreteras, acueductos e infraestructura. “Ya no depende del orden regional, sino del nacional que se aclare la situación de la comunidad; no podemos violar la ley, por tanto, no puede existir ninguna intervención”, reiteró Pacheco.

Sin embargo, tanto los campesinos, como las organizaciones sociales que los acompañan, aseguran que el desconocimiento de las administraciones se debe a que nunca han asistido a la zona que, a su juicio, no invade ninguna área protegida.

Una deuda histórica


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Son siete veredas las que componen esta región del municipio de Uribe, cada una de ellas a una distancia de cuatro horas en mula. Solo existe una escuela en el centro del El Duda, a donde acuden los estudiantes para recibir clases, las cuales, durante la época de invierno, se ven afectadas por las condiciones geográficas del territorio. Pese a pertenecer administrativamente al departamento del Meta, los servicios de salud y en algunos casos de educación son prestados en Bogotá, la mayoría de trámites administrativos las realizan en el corregimiento de San Juan del Sumapaz.

“La salud está proporcionada por la EPS que más cerca les quede a ellos, en este caso esas prestadoras de servicio las tienen en la localidad de Sumapaz o en Cabrera, si les tocara venir hasta acá sería mucho peor de lo que ya es”, afirmó Pacheco y agregó que su administración solo tiene conocimiento de lo que ocurre con la comunidad de El Duda por los campesinos que pueden bajar al casco urbano, que a veces es cada cuatro o cinco meses.

Para los abogados de la Fundación DHOC, el hecho de que estén aislados no puede significar sinónimo de olvido. “El Estado tiene cómo atenderlos, con brigadas de salud, de educación, pero hay es negligencia, no solo ha pasado acá sino en otras regiones del país”, reiteró Morales. 
Los campesinos solicitan la construcción de un centro médico, ya que cada que alguien se enferma deben usar “chinchorros” (camas artesanales) y transportarlos a lomo de mula durante dos días para que puede ser atendido en Bogotá. A ello se suma la petición de mejorar las viviendas, tener una red de comunicaciones y asistencia técnica.

Una de las peticiones más sentidas es la edificación de una institución educativa. “Es importante la construcción de un colegio dentro de la región y establecer convenios con universidades que permitan a nuestros jóvenes continuar sus estudios secundarios y universitarios con el propósito de que sean los futuros gestores para el desarrollo de la región”, asegura Carlos.

Ante la histórica ausencia del Estado, los pobladores de la región de El Duda han puesto en entredicho lo que el gobierno nacional ha denominado “Paz Territorial”. De no atender las necesidades de estas comunidades, se podrían generar nuevas expresiones de violencia en un escenario de posacuerdos con la guerrilla de las Farc que afectarían la implementación de los acuerdos que se logren con ese grupo alzado en armas.

Con el fin de seguir escuchando a los pobladores de El Duda, se espera que el próximo 26 de agosto una nueva comisión humanitaria viaje de nuevo a la región para verificar la situación de derechos humanos. La preocupación ha crecido ya que tras las dos zonas verdales transitorias que tendrá el departamento del Meta se teme que aumente la concentración de tropas del Ejército en las zonas periféricas, lo que podría derivar en afectaciones a las comunidades campesinas enmarcadas dentro del Derecho Internacional Humanitario.

(*) Nombres cambiados a petición de las fuentes que esgrimieron razones de seguridad

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