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Ordenan investigar a Postobón por posible financiación de las Autodefensas

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Archivo / VANGUARDIA LIBERAL

El Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la presunta colaboración que habría hecho la empresa Postobón para financiar al Frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’ de las Autodefensas.

En sentencia dada a conocer este lunes, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal señaló que la Fiscalía debe explicar los avances de las investigaciones que cursan al respecto, luego que desde el 2008, el paramilitar Armando Madriaga Picón, encargado de recoger las finanzas en Aguachica (César), diera a conocer en su versión libre el presunto pago que habría hecho la empresa.

En específico, la Fiscalía deberá señalar “la presunta participación del gerente de esa empresa para la época de 1999 a 2000. Lo anterior para evidenciar si este aporte fue voluntario”.

En su versión libre, Madriaga Picón dijo que en el comercio recogía entre 40 y 60 millones de pesos. “El distribuidor de Postobón mensualmente me daban 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos mensuales por esa gaseosa, eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba el año 1999 o 2000. Unas cuotas eran voluntarias y otras obligatoria con la reunión que se le había hecho al comercio se le avisaba al negocio y se mandaba cerrar al que no colaboraba”.

En  439 páginas, la Sala señaló que si ese supuesto aporte fue voluntario, “será inminente conocer el estado de las investigaciones judiciales adelantadas por ocasión de este suceso y por otro lado, la actuación que para el caso, ha adelantado la Unidad de Reparación Integral de las Víctimas”.

El Tribunal señaló que dicho frente se financiaba con cobro de “impuestos” en poblaciones del Cesar y Norte de Santander, el hurto de combustible y de ganado, el impuesto al gramaje de coca y contribuciones de empresas. De acuerdo con el paramilitar Javier Antonio Coronel, estaban incluidas empresas palmeras que pagaban de acuerdo a la extensión de tierra y a su capacidad de producción.

Estos ingresos se destinaban a la manutención del frente, que era comandado por Juan Francisco Prada, para  el pago de sus integrantes y para pagar una nómina paralela de la Fuerza Pública a fin de permitir las acciones ilegales del Frente: “En ese sentido, se fijaron pagos que iban desde los tres millones de pesos para ciertos comandantes y 300.000 pesos para los patrulleros, hasta el pago de cuentas contraídas como las del celular”, dice el fallo.

En la determinación la Sala explicó que a la hora de descifrar el contexto de violaciones a los derechos humanos cometidas por este frente paramilitar, es imperioso que se dé la responsabilidad jurídica a las empresas privadas que hayan tenido nexos con este y, en consecuencia, involucrarse en el proceso de reparación de las víctimas.

“Lo anterior resulta imperioso, para de alguna manera dar sustancia al apotegma de que quien financió la guerra, debe financiar la reparación; y así, dar seriedad al fenómeno macrocriminal desde el punto de vista de los nexos con esferas de poder político, militar, económico, empresarial, entre otros”, precisó la Sala.

Igualmente, se pidió a la Fiscalía que investigue los supuestos aportes que habría hecho la petrolera Petronorte a esa estructura.

NEXOS CON LA FUERZA PÚBLICA

La determinación del Tribunal se dio a la hora de condenar a la pena máxima que tiene el proceso de Justicia y Paz, ocho años, al paramilitar Javier Antonio Quintero Coronel. En el fallo, igualmente se compulsó copias para que la Fiscalía investigue la relación que habría tenido integrantes del Batallón de Santander B2 con este grupo pues se habrían dado operaciones en conjunto como recrear combates para hacer pasar como guerrilleros a pobladores que fueron secuestrados y asesinados, es decir, ‘falsos positivos’.

En específico, se reseñó la muerte entre 1995 y 1996 de tres personas que se desplazaban “en el tren que iba de Barrancabermeja a Santa Marta y que por su aspecto físico desarreglado, fueron bajadas del tren y entregadas al Ejército para que los presentara como subversivos dados de baja en un combate, lo que se conoce como “positivos””.

Pero eso no era todo, aparte de la nómina paralela a policías y militares, y el trabajo en conjunto, se reseñó en el fallo la relación de 30 integrantes de la Fuerza Pública en la comisión de múltiples crímenes. A esto se suma que de los 251 desmovilizados del Frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’, 79 había pertenecido a la fuerza de pública y luego asumieron roles de comandantes políticos, de escuadra, patrulleros, entre otros.

NEXOS POLÍTICOS

De acuerdo con lo dicho con el paramilitar Quintero Coronel, este frente de las Autodefensas participaron en las elecciones de los cargos públicos de orden local, departamental y nacional, en los municipios de San Martín, San Alberto, Aguachica, Gamarra, Río de Oro, Ocaña y Abrego; facilitando escoltas a varios candidatos durante sus campañas y coaccionando a los pobladores, a quienes muchas veces transportaron de manera forzada hasta las mesas de votación  para que votaran por determinados candidatos.

La Fiscalía aseguró que entre los beneficiados estuvieron “Israel Obregón Ropero, dos veces apoyado en sus aspiraciones a la Alcaldía de Aguachica; Diosa Ramírez, candidata al Concejo de San Martín, reconocida como parte de la Organización como enfermera; Alirio Díaz,  Candidato a Concejo de Terraplén; Dr. Aquiles, Alcalde de Ocaña; Javier Zarate, político de San Alberto; Gerardo Jaimes, político en San Alberto; Luis Aguilera, candidato a la asamblea departamental; David Simanca, alcaldía de Aguachica; Sadith Armenta, alcaldesa de San Martín”.

LOS CRÍMENES

A este frente se le acusa de cometer 42 hechos que dejaron 53 víctimas directas y 318 indirectas, así como cometer infracciones al derecho internacional humanitario como el homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, lesiones en persona protegida, despojo en campo de batalla, terrorismo, desplazamiento forzado y múltiples delitos comunes.

El Tribunal declaró que como patrón de macrocriminal, este frente  se dedicó al ataque selectivo contra la vida de integrantes de la población civil de sur del Cesar y Norte de Santander, quienes antes de su muerte fueron secuestrados y, en algunos casos, torturados.

El fallo dice que las personas eran trasladas a fincas donde duraban secuestradas y amarradas entre 5 ó 6 días, para torturarlos antes de asesinados. Se registró por ejemplo el caso de Alexis Agudelo, un menor de edad que fue sometido a tortura con baldes de agua y ahogamiento.

Además, los  cuerpos de sus víctimas quedaban expuestos en lugares públicos como carreteras, al frente de un ancianato o en frente de la residencia de la víctima, entre otros.

LISTADO DE MASACRES

En este caso, la Fiscalía documentó 12 masacres.

En Cesar:

-Masacre de Puerto Patiño: Esta masacre se llevó a cabo el 15 de enero de 1995 en el corregimiento de Puerto Patiño, municipio de Agachica, Cesar y se registraron 9 víctimas.

-Masacre de Carrotanque: Esta masacre se llevó a cabo el 16 de abril de 1996 en la vereda La Huila, municipio de San Martín, Cesar y se registraron  5 víctimas.

-Masacre Minas: Esta masacre se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1996 en la vereda Minas del municipio de San Alberto, Cesar, y se registraron 6 víctimas.

-Masacre Tokio Los Tendidos: Esta masacre se llevó a cabo el 22 de abril de 1999 en la Vereda los Tendidos, municipio de San Alberto, Cesar, y se registraron 5 víctimas.

-Masacre de Cerro Redondo: Esta masacre se llevó a cabo el 06 de febrero de 2000 en el corregimiento de Cerro Redondo, municipio de Aguachica, Cesar, y se registraron 9 víctimas.

-Masacre de Santa Rosa del Caracol: Esta masacre se llevó a cabo el 08 diciembre de 2001 en la Vereda Santa Rosa del Caracol, de Aguachica Cesar, y se registraron 5 víctimas.

-Masacre de las Margaritas: Esta masacre se llevó a cabo el 25 de marzo de 2001 de febrero de 2000, en el corregimiento de Cerro Redondo municipio de Aguachica, Cesar, y se registraron 4 víctimas.

-Masacre del Limoncito: Esta masacre se llevó a cabo el 30 de marzo de 1993 en la vereda el limoncito de Aguachica, Cesar, y se registraron 5 víctimas.

-Masacre del Márquez. Esta masacre se llevó a cabo el 27 de marzo de 1994 en el Corregimiento del Márquez, municipio de Río de Oro, Cesar y se registraron 3 víctimas.

-Masacre de Guamalito: Esta masacre se llevó a cabo el 25 de marzo de 2001 de febrero de 2000 en el corregimiento de Cerro Redondo y se registraron 9 víctimas.

En Norte de Santander:

-Masacre de la Playa de Belén: Esta masacre se llevó a cabo el 23 de mayo de 1999 en Abrego, Norte de Santander entrada al municipio de la playa y se registraron 9 víctimas.

-Masacre de Paloquemado: Esta masacre se llevó a cabo el 23 de mayo de 1999 en Abrego, Norte de Santander,  y se registraron 9 víctimas.

Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com en la siguiente dirección: http://www.vanguardia.com/colombia/365351-ordenan-investigar-a-postobon-por-posible-financiacion-de-las-autodefensas. Si está pensando en hacer uso del mismo, recuerde que es obligación legal citar la fuente y por favor haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. Vanguardia.com - Galvis Ramírez y Cía. S.A.

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