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La persecución y el exterminio que precedieron a la UP

Análisis
Tomado de Pacocol
Por La Verdad Abierta


Antes de que comenzara ese genocidio, muchos militantes de la Unión Nacional de Oposición fueron torturados y asesinados en aquellas regiones donde comenzaron a ganar terreno político a mediados de la década del setenta.


Mientras una parte de la sociedad está a la expectativa de cómo será la transición de la guerrilla de las Farc a la legalidad, varios de sus comandantes y algunas organizaciones no gubernamentales han expresado su inquietud sobre los posibles riesgos que afronte todo aquel que participe en política a nombre del movimiento que surja tras el acuerdo final con el gobierno nacional.


Esas preocupaciones se sustentan no solo en la persecución violenta que generó el exterminio de la UP en la década del ochenta, sino que se remontan a lo ocurrido con los militantes de la Unión Nacional de Oposición (UNO) en los setenta y sobre lo cual se conoce poco.


“Esa fue la antesala de lo que sucedió una década después con la UP. No es extraño ni ajeno pues hay un hilo conductor que es la persecución contra el Partido Comunista. Por eso planteamos el tema de no repetición como elemento central para el proceso de paz”, afirmó Jaime Caicedo, secretario nacional del Partido Comunista.


Tanto miembros de la UNO como de la UP fueron asesinados por pertenecer, simpatizar o colaborar con esos movimientos políticos de izquierda. Pero existen diferencias entre ambos casos. Una de las más grandes es que Colombia atravesaba unas circunstancias políticas muy diferentes cuando surgió la UNO, en 1973, a las de mediados de los ochenta, con la creación de la UP.


Para comienzos de los setenta, la guerrilla de las Farc no era un grupo armado con tanta fuerza y la imposición del mecanismo de Estado de Sitio era reiterado. Desde 1944, y por períodos intermitentes, los diferentes gobiernos acudieron a esta figura que les permitía “declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella” y, por tanto, actuar de manera más expedita contra todo aquello que representara una “amenaza” para el país.


En esa época, estaba llegando a su fin el Frente Nacional, que surgió de un acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador en 1958 para ponerle freno al gobierno militar que había instaurado el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Se trató de un pacto de alternancia del poder por periodos de cuatro años entre ambos partidos que se mantuvo hasta 1974; a la par, sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles estaban tomando fuerza en el país.


Un hecho electoral se convirtió en la génesis de la UNO, se trata de lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 1970, sobre las que pesa la sospecha de que los resultados fueron alterados para evitar que ganara Gustavo Rojas Pinilla, el exgeneral golpista de 1953, y su movimiento político Alianza Nacional Popular (Anapo). Pese a todos los reclamos, fue declarado triunfador el candidato por el partido Conservador, Misael Pastrana Borrero.


En un contexto nutrido de sospechas de fraude electoral, el Partido Comunista, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y una disidencia de la Anapo, llamada Movimiento Amplio Colombiano (MAC), se aliaron bajo la figura de la Unión Nacional de Oposición (UNO).


Su primer candidato presidencial fue Hernando Echeverri Mejía, uno de los 17 parlamentarios que fundó el MAC. “El país viene hace cerca de 25 años aherrojado por el Estado de Sitio [...] Por eso uno de nuestros objetivos centrales es batallar por las libertades democráticas, por la igualdad de derechos para la mujer colombiana, y enfrentar hasta derrotar todas las medidas represivas”, declaró este líder político al periódico Tribuna Roja en 1974.


Según la visión de la naciente UNO, el movimiento de la Anapo no representaba a los sectores de la izquierda porque era una mezcla de liberales y conservadores centralizada en la figura de Rojas Pinilla. Además, no compartieron la decisión del militar de postular a su hija María Eugenia como candidata presidencial para las elecciones de 1974.


En aquella jornada electoral participaron Hernando Echeverri Mejía por la UNO; la hija de Rojas Pinilla por la Anapo; el liberal Alfonso López Michelsen; el conservador Álvaro Gómez; y Hermes Duarte por Democracia Cristiana.


Durante esa contienda electoral, surgieron las primeras diferencias en la UNO. Los tres partidos de izquierda que la conformaron discutieron sobre quiénes deberían ser los candidatos para curules regionales y al final acordaron listas “conjuntas y únicas” para asambleas departamentales y concejos municipales. Aun así, diez días antes de las elecciones, el MOIR advirtió en un editorial de su periódico Tribuna Roja que la alianza “tiene un enemigo soterrado que la mina por dentro: el sectarismo”.


Como si fuera un presagio, la primera fragmentación llegó meses después de las elecciones. Casi tres millones de colombianos eligieron a López Michelsen como presidente, mientras que la candidata de la Anapo obtuvo 492.000 sufragios y Echeverri poco más de 130.000.


Ante la derrota, Echeverri y los militantes del MAC Ciro Ríos e Iván López, buscaron alianzas con el nuevo gobierno. Los tres salieron del partido.


Los problemas se acrecentaron en 1976, con las elecciones a Congreso, asambleas y concejos. El MOIR y el MAC denunciaron que “el Partido Comunista rompió los acuerdos unitarios al formar una nueva UNO con sus militantes, para tener un aparato hegemónicamente suyo”.


Un año después, esos dos partidos se fueron a fundar el Frente de Unidad por el Pueblo; por su parte, el Partido Comunista se quedó liderando la UNO y se añadieron a esa alianza la Anapo y el Movimiento de Izquierda Liberal (MIL).


“Rompimos con los comunistas porque nuestra oposición era al gobernante que ganara, pero ellos empezaron a ‘coquetear’ con el gobierno de Alfonso López. Por ejemplo, ese presidente le dio personería jurídica por primera vez en la historia a la Conferencia Sindical de Trabajadores, que era dirigida por el Partido Comunista”, detalló Carlos Naranjo, hoy miembro del Comité Ejecutivo del MOIR.


Pese a eso, la UNO siguió adelante en su proceso de consolidación política y en las elecciones de 1976 obtuvo más curules locales.


En Santander, uno de sus bastiones, alcanzaron dos diputados, tres concejales en Bucaramanga y varios más en Florián, Landázuri, Puerto Wilches, Barrancabermeja, Girón y Florida Blanca, entre otros, según las cuentas de Alfredo Valdivieso, secretario del Partido Comunista en ese departamento. En Cimitarra, seis de los diez concejales eran de la UNO.


Tras estos resultados, el coronel Néstor Espitia Sotelo, comandante de la base militar de Cimitarra, reunió a los campesinos en la plaza y les advirtió que el “consejo mayoritario de la UNO que eligieron el 18 de abril (de 1976) no se lo vamos a dejar funcionar” y añadió que “como ustedes no quieren al gobierno y estamos en zona de guerra, vamos a terminar con los comunistas”.


A la par, ejecutaba capturas masivas pues según él, eran necesarias impedir que “la población ayudara a los guerrilleros y el funcionamiento de la oposición, principalmente la UNO y el Partido Comunista”, como detalló el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su investigación El orden desarmado.


La persecución al comunismo


Fue tanta la presión en ese mismo municipio que el comandante del puesto militar de Santa Rosa entró a una sesión el Concejo y encarceló a todos los ediles, incluyendo los de otros partidos diferentes la UNO. Concejales de esa coalición como Andrés Niño y José Santamaría no podían ingresar al recinto “porque estaban sentenciados a muerte” y a otros dirigentes de la UNO, el batallón militar no les actualizó el carné que necesitaban para transitar libremente.


Amenazas, torturas, asesinatos y desapariciones de miembros de la UNO comenzaron desde 1974 en aquellas regiones del país donde la izquierda estaba surgiendo. Pero “fue mucho más terrible desde 1978”, evocó Caicedo.


Ese año, Julio César Turbay fue elegido como presidente en representación del partido Liberal. En esas elecciones, los votos de la izquierda se los dividieron entre la UNO, con 97 mil para Julio César Pernía, y el Frente de Unidad por el Pueblo, con 27 mil, a favor de Jaime Piedrahita.


El primer mandatario estrenó el mandato con el Decreto 1923 de 1978, a través del cual le otorgó la potestad a la Justicia Penal Militar para juzgar a todo el que fuera señalado de alzarse en armas contra el gobierno, de ser integrante de grupos armados e, incluso, a quienes turbaran el orden público. Como resultado de esas acciones, cerca de 60 mil personas fueron detenidas en el primer año de ese gobierno, según el Ministerio de Defensa.


Además, los militares podían hacer Consejos Verbales de Guerra, un mecanismo judicial que se utilizó para perseguir y juzgar a quienes militaran en grupos de izquierda. Valdivieso reconoció que huyó del país hacia la Unión Soviética, en 1980, precisamente para evadir que un militar lo juzgara en un consejo de guerra en Barrancabermeja.


“Hubo consejos contra dirigentes de la UNO y del Partido Comunista, señalados de colaborar con la subversión. Muchas veces se violó el derecho del ‘habeas corpus’ (con el que un acusado podía quedar libre en tres días si no le explican por qué lo detenían), hubo allanamientos sin razón y se limitaron las libertades de hacer manifestaciones públicas”, precisó Caicedo.


Por su parte, la investigación del CNMH explica que la reacción militar también fue contra la población civil, en muchos casos por militar o simplemente por elegir a miembros de la UNO: “La yuxtaposición de actividades legales de las organizaciones de izquierda, con la acción proselitista y organizativa de las Farc, generaron confusiones sobre los límites de una y otra actividad y equivocadas asimilaciones entre opositores políticos y rebeldes armados”.


Muchos de los muertos de la UNO hacían política en Magdalena Medio, Bogotá, Yacopí (Cundinamarca), Turbo y Mutatá (Antioquia) y en Puerto Rico, Doncello, la Unión Peneya y Paujil (Caquetá).


Caicedo aseveró que en Yacopí asesinaron a varios concejales de esa alianza, a personas que hacían actividades proselitistas, dirigentes comunistas e inclusive un diputado de Cundinamarca.


En Magdalena Medio, las torturas y desapariciones crecieron a la par que aumentaba el número de integrantes de las Farc. El Frente 4 de esa guerrilla, que operaba en la zona, pasó de tener 40 integrantes a principios de los setenta, a más de 260 en 1978 y a 850 en 1982, según las estimaciones del CNMH.


Por su parte, el Batallón Santander, de Puerto Berrío, Antioquia, capturó solo en 1976 por lo menos a 400 personas. Uno de los casos más recordados en aquella época ocurrió dentro de esa guarnición militar. Darío Arango, vicepresidente del Concejo y miembro de la UNO, murió en 1979 durante una tortura. Al respecto, Caicedo dijo que fue un hecho tan escandaloso que ayudó a impulsar la creación de movimientos de defensa de derechos humanos.


“La propuesta anticomunista caló tan profundo que todo aquel vinculado con el comunismo era tratado como enemigo interno y la intención era liquidarlo ideológica o físicamente. Eso fue lo que sucedió con UNO”, apuntó Valdivieso.


Es por eso que Caicedo aseguró que con el Frente Nacional acabó la guerra entre liberales y conservadores, pero la persecución se ensañó con la oposición. Y de tal manera que, en 1982, sin siquiera cumplir 10 años de existencia política, la UNO se desintegró.


En las elecciones presidenciales de ese año, todos los movimientos de izquierda, desde el Partido Comunista hasta el MOIR y el MAC, se alinearon con el candidato Gerardo Molina bajo el movimiento ‘Firmes’. Posteriormente, los militantes de la UNO trabajaron en el Frente Democrático hasta que surgió la UP.


Muchos de los dirigentes que murieron en el genocidio de la UP sobrevivieron a la persecución cuando estaban congregados en la UNO, como Gilberto Viera, Hernando Hurtado, Hernando Mota Mota o Manuel Cepeda.


“La diferencia es que en la época de exterminio contra la UNO no había el paramilitarismo que se conoció después, sino que empezó como parte de actividades de orden público, particularmente del Ejército, contra la guerrilla”, explicó Caicedo y añadió que la UP sí propuso una salida negociada al conflicto mientras que la UNO se centró en el desmonte del Frente Nacional y en una lucha contra el Estado de Sitio.


Hasta ahora no se conocen cifras exactas de cuántos miembros de la UNO fueron torturados o asesinados. En parte, porque el Partido Comunista nunca llevó un registro en ese momento; y también porque muchos familiares optaron por no denunciar. Además, la Fiscalía no tiene mucho conocimiento de los casos, más allá de un par de menciones a la UNO en algunos de sus informes.


Ante ese vacío, algunos miembros del Partido Comunista están adelantando un trabajo para recopilar las historias y con ellas contribuir no solo a esclarecer lo ocurrido hace ya tantos años, sino a poner como un ejemplo más de intolerancia política en la historia reciente del país en momentos en que se están buscando los mecanismos adecuados para que una guerrilla tan antigua como las Farc pase de las armas a la política sin los sobresaltos violentos que padecieron militantes, simpatizantes y colaboradores de la UNO y de la UP, y más recientemente los del movimiento Marcha Patriótica.

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