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El nuevo Código de Policía: ‘superpoderes’ y represión

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Por Colombia Informa



La plenaria de la Cámara de Representantes inició la votación del último debate para reformar el Código de Policía, según varios parlamentarios, a las carreras. El polémico proyecto, de ser aprobado, otorgaría ‘súper poderes’ a la Policía Nacional y a las autoridades con funciones de Policía.


Para el Representante a la Cámara del Polo Democrático Víctor Correa, el proyecto de ley que cursa en el Congreso para un nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, le otorga poderes “exorbitantes y arbitrarios” a la Policía Nacional y a las autoridades con funciones de Policía. Esto implica, según el congresista, “dar la espalda a las propuestas contemporáneas que conciben la seguridad ciudadana como un concepto integral que debe abordarse desde diversas aristas”.

Por su parte, el también Representante del Polo Alirio Uribe indicó que el Código atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos: “Es indudable que necesitamos un nuevo Código de Policía porque el que tenemos en hijo del Estado de Sitio. No obstante, la reforma que proponen no la está haciendo el Congreso, es un Código de Policía hecho por policías y para policías. Con la intención de darle a los policías poderes exhorbitantes”.

Ángela María Robledo, parlamentaria del Partido Verde, solicitó que se archivara el proyecto que pretende establecer la reforma, argumentando: “el proyecto de ley tiene un carácter correctivo en su contenido y alcances, que desconoce la esencia de la actividad policial que debe ser a todas luces preventiva. En segunda instancia, establece medios de Policía que limitan las libertades públicas y, aunque el proyecto define dentro de sus principios fundamentales los de proporcionalidad y razonabilidad no fija como requisito que existan motivos reales, objetivos y fundados para su uso”.

Correa, Uribe y Robledo coinciden en afirmar que la reforma afecta a poblaciones vulnerables y estigmatizadas culturalmente como los jóvenes, la población LGBTI y la población afrodescendiente.

Algunos ‘peros’ del proyecto

El texto del Código centra la atención exclusivamente en la faceta represiva de la Policía, desconociendo los factores sociales que generan la delincuencia, el carácter institucional de la prevención del delito y la perspectiva de derechos humanos que impone la Constitución de 1991 para tratar la seguridad.

Según Sebastián Lalinde, abogado e integrante de la Corporación Dejusticia, el derecho a la protesta será tutelado por la intervención policial: “El Código sólo permite las protestas que busquen un ‘fin legítimo’. Esto implica cerrar la agenda de la democracia. Sólo unos discursos —los que persigan fines legítimos— cabrían en esta agenda y los demás no. En otras palabras, quienes quieran protestar por algo que las autoridades no consideren un fin legítimo no lo podrán hacer. En el caso extremo, podrían decidir que la única forma de expresar estas ideas sería apelar a la lucha armada. Esto obviamente no es prevención y, por lo demás, contraviene los propósitos de la transición actual hacia la paz”.

¿Qué hacer?

Para Víctor Correa, es necesario que todos los actores sociales, políticos y académicos, “sumemos esfuerzos para que la propuesta de archivar el proyecto de Ley obtenga el apoyo político necesario y no sea la aplanadora oficial la que imponga un Código Nacional de Policía obsoleto que favorece relaciones sociales basadas en la desconfianza hacia los ciudadanos”.

Sin embargo, las posibilidades de que el proyecto se hunda son mínimas. De hecho, según la congresista Robledo, hay una alta probabilidad de que la reforma se apruebe ‘a pupitrazo’:


Al llamado también se sumó el Representante Alirio Uribe, quién indicó que hay una clara intención de votar la reforma sin leer el texto de reforma que no estuvo disponible hasta una hora antes de la plenaria.

La siguiente instancia que la ciudadanía tendría, según el abogado Alejandro Matta, es demandar el Código ante la Corte Constitucional que daría el si o no final a la legalidad del texto lo que implica una intervención más decidida de la sociedad en su revisión.

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