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Buriticá: uso de la criminalización para implementar la política minera

Análisis
Tomado de Prensa Rural
Por Oscar Mesa Martínez

Foto El Tiempo


 [1]El Municipio de Buriticá, ubicado al occidente de Antioquia, ha sido epicentro en los últimos años de una explosión de la conflictividad social ligada a la minería. El surgimiento del fenómeno Buriticá (Cardona, Alonso. 2014), del cual hace parte el arribo a ese municipio de varios miles de mineros informales [2], tiene una relación directa con el otorgamiento y concesión de todo el yacimiento de oro en la zona, en el año 2010, por parte del Estado Colombiano, a la empresa canadiense Continental Gold [3].

A pesar de que la explotación de oro en Buriticá data de hace más de 600 años, realizada tradicionalmente por los pueblos indígenas precolombinos (Cardona, Alonso. 2014), ese municipio estuvo durante mucho tiempo ausente del mapa minero nacional (Restrepo, Adrián. 2014). Así mismo, la economía tradicionalmente se fundamentó en los cultivos de café, maíz, fríjol, caña y en menor escala en la ganadería de doble propósito de carne y lechera [4]. De allí que, la conflictividad social ligada a la minería, y específicamente a la implementación política minera [5] en ese municipio, sea reciente. Sobre todo teniendo en cuenta que en Colombia, al igual que en otras zonas de América Latina [6], una de las principales características de lo que podríamos denominar sector o campo minero [7] ha sido la informalidad [8] y la débil regulación estatal [9]. Solo recientemente el Estado ha pretendido ordenar este campo.

El Estado, a través de la implementación de la política minera, ha pretendido ordenar este campo, en un contexto de alza internacional de los precios del oro, poniendo en marcha de locomotora minero–energética durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) y fortaleciendo la inversión extranjera a través de empresas multinacionales particularmente en el sector minero y que han convertido al país en uno de los grandes productores latinoamericanos de oro.

La implementación de la política minera ha generado una conflictividad social expresada en paros y movilizaciones de mineros, y “ha sido la expresión más álgida de descontento de un sector vinculado a la explotación del oro que ha visto en la presencia de la compañía canadiense y en la política minera del Gobierno Nacional una causal de menoscabo de sus intereses y deterioro de sus derechos”. (Restrepo, Adrián. 2014)

En el caso de Buriticá, la conflictividad social se ve complejizada por la presencia en la zona de paramilitares (denominados Bacrim) como el Clan Úsuga (Urabeños o Cartel del Golfo), con intereses sobre el control de las rentas del oro, configurando un tipo de “minería criminal”. Esto ha llevado al Estado a desarrollar lo que denomina un “combate contra la minería criminal” que controlaría el negocio de la minería ilegal [10].

Lo problemático de este asunto es que el Estado homologa así dos tipos distintos de minería: la minería ilegal con la minería criminal [11]. Sin embargo su función es práctica: ordenar el campo de la minería. Para implementar la política minera y formalizar el sector, el Estado ha acudido, como un recurso, a la criminalización de la minería ilegal [12], lo que, además, le ha posibilitado reconfigurar su papel como Estado [13].

Preguntarse por el recurso de la criminalización, permite rastrear esta configuración de la política minera en lo local. Se trata de un recurso que juega un papel central en la implementación de la política minera, debido a que “se convierte en un parteaguas, con el cual los representantes del Estado marcan diferencia entre legalidad e ilegalidad y con ello las maneras de tratar con los actores inmiscuidos sobre el campo minero, muchos de ellos pre existentes en territorios que apenas el Estado pretende llegar y hacer presencia. Este recurso (…) permite definir el campo de fuerzas, negociar, entregar y conculcar derechos, es decir dan forma a un Estado, en este caso dan forma a un tipo de política minera estatal que involucra diferentes intereses y actores en lucha, en tensión y también en cooperación” (Restrepo, 2016).

Preguntarse por el recurso de la criminalización, como uno de los componentes de la política minera, situado en un contexto histórico, sobre un campo o sector, en una población determinada, y en el que tienen asiento unos actores de poder que establecen relaciones y configuran la política minera, ayuda a comprender cómo se configura la política minera, en el caso particular de Buriticá.

Bibliografía

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Bolívar, Ingrid Johanna. Violencia política y formación del Estado. Bogotá, D. C.: Cinep, Ceso, Uniandes. 2003.

Bourdieu, Pierre. Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama. 1999. Cardona Arango, Alonso. Cuadros Mejía Miguel. Minería y patrimonio ambiental en Buriticá. Informe final de investigación para Corantioquia. Conciudadania. Medellín, 2014

Hibou, Béatrice. De la privatización de las economías a la privatización de los Estados. Análisis de la formación continua del Estado. F.C.E. México. 2013.

Martínez Márquez, W. A la sombra del Leviatan: Estado, enemistad y protección en contextos de guerras asimétricas. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia. Medellín, 2014.

Migdal, Joel. Estados débiles, Estados fuertes. F.C.E. México. 2011

Orrego Pérez, Viviana. Alineación del Estado colombiano en función del interés de la minería multinacional. Trabajo de grado para optar al título de politóloga. Universidad de Antioquia. Medellín, 2016.

Pérez Toro, William, et al. Las políticas públicas de control de la criminalidad en Medellín. En: Ensayos sobre conflicto, violencia y seguridad ciudadana en Medellín, 1997-2007. Alonso, Manuel; Pérez, William; Vélez, Juan. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia. Medellín, 2012.

Piedrahita Arcila, Irene: ¿Un estado vigilante, negociador, ambiguo? Formas en que opera el Estado en el Parque Nacional Natural las Orquídeas, Antioquia, Colombia. Trabajo de grado presentado para optar al título de Magister en Ciencia Política. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 2016

Poulantzas, Nicos. Estado, poder y socialismo. México: Siglo XXI. 1979

Soto, Ana Cristina. El campo de la minería aurífera en Colombia: conflictos y estrategias. La pequeña minería y la minería artesanal frente al proyecto minero nacional. Trabajo de grado para optar al título de antropóloga. Universidad de Antioquia. Medellín, 2013.

Artículos de Prensa

Censo Minero 2009-2011

Minería informal, ilegal y criminal en el gobierno Santos. María del Pilar Pardo. En: Razón Pública. Noviembre de 2012. http://www.razonpublica.com/index.p...

Procurador denuncia desorden en minería. En: Revista Portafolio. Octubre 22 De 2007. http://www.portafolio.co/economia/f...

Alcaldía de Buriticá, 2016. http://www.buritica-antioquia.gov.c...

Buriticá tiene alternativas. En: El Colombiano. Abril 25 de 2016. http://www.elcolombiano.com/opinion... (s.f.)

Minería ilegal se está tragando a Buriticá. En: El espectador. Abril 22 de 2016 http://www.elespectador.com/noticia...

[1] El presente artículo se desarrolla en el marco del proyecto de tesis: “Criminalización de la minería ilegal: Una estrategia para la consolidación de la Política Minera. Un Estudio de caso: Buriticá 2010-2016”. Proyecto que se inscribe en el marco del Convenio de pasantía, como estudiante de posgrado, en la investigación “TLC Colombia-Canadá: las disputas por la minería en Buriticá-Antioquia”, realizada por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, con recursos del CODI.

[2] Se calcula que la población original del municipio pasó en el año 2012 de 6.450 habitantes a aproximadamente 20.000 personas en 2015. Buriticá tiene alternativas. En: El Colombiano. Consultado abril 25 de 2016. http://www.elcolombiano.com/opinion... (s.f.)

[3] “La continental Gold Ltd. es una empresa de origen canadiense situada en Toronto, que trabaja la minería de veta de manera industrial, que se rige bajo las normas de Bermuda y cuyo proyecto insignia es el denominado “Buriticá Proyect”. Esta empresa, con sus 140 títulos mineros, ha logrado, a través de filiales y compañías aliadas, situarse en el segundo lugar de las compañías con más concesiones en el país, justo después de la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti. El proyecto Buriticá comprende un área acumulada de 59,095 hectáreas del municipio de Buriticá. El área del proyecto se compone de 15 concesiones registradas que cubren 13,729 hectáreas, 30 concesiones pendientes de registro para un total de 43,693 hectáreas, y cinco solicitudes de concesión que cubren 1,673 hectáreas. ver: “TLC Colombia-Canadá: las disputas por la minería en Buriticá-Antioquia”. http://www.continentalgold.com/span... (Restrepo, Adrián. 2014)

[4] Alcaldía de Buriticá, 2016. http://www.buritica-antioquia.gov.c...

[5] Por política minera entiendo el conjunto de lineamientos establecidos en la Ley y el Gobierno, que regulan el sector minero, tales como el Código Minero (Ley 685 de 2011) y Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, entre otras políticas, planes y programas. Al respecto ver: Política Minera de Colombia. Bases para la minería del Futuro. Ministerio de minas y energía. República de Colombia. Bogotá D.C., abril de 2016. https://www.minminas.gov.co/documen... Consultado el 1 de junio de 2016.

[6] Lo particular del caso colombiano es que, a pesar de que los antecedentes de la política minera datan de la década de los 60 y 70, solo en la actualidad el Estado en sus distintos niveles comenzó a incursionar en la gobernabilidad del campo minero. Esta situación, además de la debilidad del Estado, se habría debido, entre otros factores, a la persistencia del conflicto armado, la carencia de tecnología y de recursos.

[7] Cómo nombrar lo minero, ha sido también objeto de desacuerdo, Garay (2013) lo denomina Sistema. Otros, como Soto (2013), y siguiendo a Bourdieu, lo nombran como Campo.

[8] Según datos del Censo Minero 2009-2011, el 60% de las unidades de producción minera no tiene ningún tipo de título minero.

[9] Tradicionalmente el oro ha sido explotado por pequeños mineros informales, en áreas donde el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales generalmente carecen de capacidad para regular, controlar o apoyar estas actividades Minería informal, ilegal y criminal en el gobierno Santos. María del Pilar Pardo. En: Razón Pública. Noviembre de 2012. http://www.razonpublica.com/index.p...

[10] Minería ilegal se está tragando a Buriticá. En: El espectador. abril 22 de 2016 http://www.elespectador.com/noticia...

[11] Definida ésta como aquella que es llevada a cabo por grupos armados ilegales, bandas criminales, crimen organizado o delincuencia común y cuya finalidad sería la financiación de actividades criminales.

[12] El Estado aparece así desde su presencia diferenciada (Migdal, Joel. 2011): más que como un referente de tranquilidad y paz, como un agente que también puede llegar a criminalizar e imponer, como primera ratio, no su capacidad de consenso y participación, sino su capacidad de poder y de violencia, calificada de legítima, para re-ordenar el campo minero, vía formalización del sector e implementación de la política minera a partir de la criminalización.

[13] Aunque el objeto de la investigación es la criminalización y la política minera, considero importante resaltar la configuración en el papel del Estado, a pesar de que no es objeto de indagación. Claramente se debe señalar que estas transformaciones se inscriben en los procesos de reconfiguración transnacional de las lógicas del Capital, que se fundamenta en un modelo de economía extractivista. (Orrego, 2016 Citando a D. Harvey, 2007). Sin embargo, difiero con Orrego (2016), al identificar como “implicaciones para los Estados”, la pérdida de soberanía. El supuesto obvio de que la pérdida se refiere a que se tenía algo, y a que ese algo se extraña, genera la pregunta: ¿qué pasa en territorios o campos donde la presencia estatal, ha sido, sino ausente, sí limitada? ¿Por qué extrañar lo que no se ha tenido? O por lo menos, que no se ha tenido de la forma en que comúnmente se espera: un Estado normativamente, como el Leviatán, que ejerce monopolios adquiridos por sometimiento de los opositores a una autoridad incuestionable y absoluta de manera homogénea en todos los territorios; o como pre existente a las realidades sociales y económicas. Al respecto Hibou (2013) señala que, “hablar de retirada del Estado, casi de su inconsistencia, y en todo caso de “perdida” (ya sea de su soberanía, de su legitimidad, de su capacidad o de su autoridad), remite a un análisis normativo”. De allí entonces que no se trata de una simple alineación del Estado en función del Capital, sino de un proceso de metamorfosis, reconfiguración o formación continua del Estado; más que hablar de una pérdida de soberanía o retirada del Estado para caracterizar los cambios en los modos de intervención del Estado, debe tenerse en cuenta que necesitamos repensar las modalidades de intervención (Hibou, 2013), las formas en que puede devenir y operar el Estado (Martínez, 2014).

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