Análisis
Tomado de Delegación de Paz de las FARC-EP
Por Matías Aldecoa
El 7 de marzo de 2015, cuando firmamos en la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, el “Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), y Municiones sin Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG); para implementarlo en dos veredas del territorio nacional, a las FARC-EP nos animaba el profundo sentimiento de aliviar los efectos nocivos que para la población ocasionan la presencia de dichos materiales y, a la vez, la clara voluntad de des escalar el conflicto y, con ello, darle señales a los colombianos y colombianas de nuestro sincero compromiso con la paz de Colombia.
Hoy, después de 11 meses de trabajo en las veredas de El Orejón en Antioquia y Santa Helena en el Meta, vemos con satisfacción que los propósitos iniciales se han cumplido con creces, dejándonos además de un rico conocimiento en el campo del desminado humanitario, el deseo acrecentado de seguir contribuyendo a esta loable labor, sin la cual el fin de la confrontación no será completo.
Pero las FARC-EP encontramos en esta importante experiencia un activo mayor: que después de un conflicto armado de 52 años, con periodos de degradación y crueldad asombrosas, la participación activa de guerrilleros, guerrilleras y soldados en tareas comunes nos ha dado la certeza de que existe el deseo, la capacidad y la voluntad de reconciliación en ambas partes, y que es posible construir la paz tan anhelada por el pueblo colombiano.
La firma e implementación del acuerdo final entre las FARC-EP y el gobierno colombiano nos colocará en un nuevo contexto que deberá involucrar de manera principal a la población afectada en las áreas donde la guerra tomó formas más agudas, sin cuya atención multifactorial la finalización del conflicto será solo una quimera.
Nos abocamos, entonces, a encarar los desafíos de reparación integral a las víctimas por múltiples causas como consecuencia del conflicto; a que se lleve la inversión social prioritariamente a las zonas en las que la cara del Estado ha sido solamente la de la violencia; el desarrollo económico con sostenibilidad ambiental que favorezca a la población; y obras de infraestructura y apoyo técnico y comercial que hagan viable económicamente la producción de alimentos de la población rural.
La sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del desarrollo agrario integral es también fundamental para el fortalecimiento económico equilibrado, pues la experiencia piloto en El Orejón ha dejado claro que en una región con economía mixta, la producción alimentaria es inviable porque la actividad del narcotráfico establece parámetros más altos en los precios de insumos agrícolas, productos alimenticios, servicios, etc., elevando el costo de vida en general de la región.
Capítulo especial de las políticas complementarias a la limpieza de materiales explosivos del territorio nacional en el marco del pos acuerdo deberá constituirlo el combate multidimensional a los agentes que desde hace medio siglo son los responsables de llevar a cabo la política del paramilitarismo, amenaza que se yergue con fuerza en el actual momento en que la mayoría de colombianos y colombianas y la comunidad internacional vislumbramos la posibilidad real de paz.
Frente al interés de empresas transnacionales que acechan con el único objetivo de hacerse a los recursos naturales, sin importarles el daño ambiental y social que generan, la implementación del desminado humanitario -y la vinculación de la comunidad internacional a través de él, debe estar íntimamente integrada al resto de políticas sociales, económicas, culturales y ambientales por parte del Estado, en un espíritu democrático participativo de la población.
Solamente impactando las causas del origen y la persistencia del complejo conflicto colombiano, el desminado humanitario se constituirá de verdad en un factor de singular importancia en la construcción de una paz estable y duradera.
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