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Colombia: El carbón ensangrentado

Análisis
Tomado de Pacocol
Por: Geraldina Colotti*


La ONG Pax denuncia el rol de las grandes empresas de carbón en el paramilitarismo en Colombia. “Han llegado el 30. Los Paramilitares nos han obligado a salir. Nos han robado todo. Han asesinado a mi padre, sindicalista de la empresa Drummond”.


La voz de María Méndez no teme más. Desde hace 15 años cuenta su historia y ha aprendido a controlar las emociones. Estamos en la sede romana de Re:Common, una asociación que pelea por sustraer al mercado y a la finanza el control de los recursos naturales. Desde hace aproximadamente 2 años, la asociación trabaja sobre el tema de la extracción del carbón en Colombia y en estos días ha difundido el informe “Profundo Negro”, y un video documental titulado “La ruta del carbón”.


María Méndez Barbosa es hija de Cándido José Méndez, extrabajador de la Drummond, asesinado el 19 de febrero del 2001 en Cruz de Chiriguana, departamento del Cesar, por el bloque paramilitar Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia. Con ella están Rodrigo Rojas y Wouter Kolk, dos responsables de la ONG Pax, que desde hace más de sesenta años trabaja en el área del conflicto y post-conflicto para acompañar a las comunidades en su proyecto de reconstrucción. En julio del 2014, después de años de investigaciones, Pax ha publicado el informe “El lado oscuro del carbón” que saca a la luz las responsabilidades de las grandes empresas carboneras, como Drummond y Prodeco, en el paramilitarismo, al que habrían dado apoyo financiero y material e información sobre las víctimas a eliminar.


Análisis confirmado por el testimonio de María Méndez: “Antes de que los paramilitares hicieran irrupción –cuenta la sobreviviente– vimos circular varios carros de la empresa Drummond y se lo dijimos a mi padre. Pero él no se preocupó, lo consideró normal. Entonces llegaron a la casa, armados, y separaron a mi padre del resto de nuestra familia. Escuchamos cómo interrogaban a mi padre sobre sus actividades sindicales, las cuales no habían sido para nada agradables a la empresa. Luego escuchamos disparos de arma de fuego. Cuando se fueron corrimos hasta allá esperando encontrar a mi padre todavía con vida, pero estaba en un lago de sangre. Lo asesinaron con nueve proyectiles de unos 9 milímetros y un fusil. Un mes más tarde, asesinaron al presidente y al vicepresidente del sindicato”.


Solo en el Cesar han sido asesinadas 3.100 personas con homicidios planificados, 500 han sido víctimas de masacres y 240 de desapariciones forzadas, atribuidas todas a los paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez (Frente JAA) de las Autodefensas Unidas de Colombia; el informe ha identificado oficialmente 865 personas asesinadas por este frente. En la zona minera del Cesar, la violencia de los paramilitares ha causado además unas 59.000 víctimas de desplazamiento forzado. En todos estos años, la tarea de los paramilitares ha sido el de defender los intereses y la propiedad de las élites locales de la acción organizada de los campesinos y de la guerrilla. Una actividad que prosigue incluso después de su disolución oficial, pues los paramilitares solamente han cambiado nombre. No obstante el riesgo, María ha escogido pelear y su lucha infunde valor al resto de la comunidad. Es la coordinadora regional de Pax, trabaja con las víctimas de la violencia de Estado y lleva apoyo jurídico y sicológico a las víctimas.


“Estamos presentes en 9 Municipios –explicó– y ahora, en el ámbito de los diálogos de paz que se están desarrollando en La Habana, fuimos a la Asamblea Campesina para la Restitución de las Tierras y el Buen Vivir. Yo acompaño, también, a las víctimas a encontrar a los victimarios en la cárcel o en las reuniones de reconciliación. Pero no somos apoyados por el Estado, ni las empresas han hecho algún paso para reconocer el propio rol en el conflicto ni actuando para la reparación o la verdad. El 26 de enero, mientras acompañaba a una comunidad me encontré con el paramilitar que asesinó a mi padre. Le pregunté directamente sobre esto y admitió su responsabilidad y las motivaciones políticas del homicidio, pero dio los nombres de los responsables de la empresa Drummond. Cada día para nosotros el peligro es constante. Las empresas continúan sirviéndose de los paramilitares para quitar la tierra, ahora parece que las víctimas son ellos. Nos han hecho creer que llevaron trabajo y bienestar, pero la mayor parte de los trabajadores viene de afuera, en compensación han devastado los ríos, provocado contaminación y enfermedades. El carbón trae sólo sufrimiento y dolor”.


Pax –expresó Rodrigo Rojas– ha participado en todos los procesos de paz en Colombia, siempre naufragados en la sangre. “En el 1994, luego de los acuerdos y la desmovilización del M19, uno de sus dirigentes, Carlos Pizarro, fue asesinado en un avión. También esta vez, el riesgo es que se repita la masacre cumplida contra los militantes de la Unión Patriótica”. El partido Unión Patriótica nació a mitad de los años 80 durante las negociaciones de paz entre el entonces gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla marxista FARC-EP. Y fue enseguida objeto de persecuciones. En los años 90, agentes del Estado colombiano y paramilitares llevaron a cabo un plan de exterminio que comenzó el asesinato de dos candidatos a la presidencia, ocho diputados y 70 líderes comunales, 11 alcaldes y un vasto número de dirigentes políticos.


“Esta vez debemos pedir las garantías necesarias en seguridad con el regreso de la guerrilla a la realidad política. Lo pedimos a los organismos internacionales. La verdadera novedad de todos los procesos de paz que se han firmado en América Latina es que este hace un llamado a las grandes empresas y su relación directa con el paramilitarismo. Solo así, la Colombia dejará de ser un país exportador de violencia y de inestabilidad para los propios vecinos, sede de innumerables bases militares EE.UU, y se convertirá en exportador de paz. Han sido muchas las confesiones de paramilitares que, buscando salir de la cárcel intercambiaron sus declaraciones por rebajas de pena, han testificado respecto como el paramilitarismo se trasladó a Venezuela y actúa en las zonas de frontera para desestabilizar la región”, aseguró Rojas.


“Para resolver el problema de raíz es necesario evidenciar las razones que provocan el paramilitarismo, las complicidades y los financiamientos. Hoy, las grandes empresas contratan directamente a los mercenarios, obviamente con las debidas coberturas. Pedimos a los gobiernos europeos y a las empresas que importan el carbón ensangrentado de abstenerse de hacer contratos con la Drummond y la Prodeco hasta que estas reconozcan y reparen el daño provocado a las comunidades”, finalizó Rojas.


La Dummond es una empresa estadounidense y el grupo Prodeco es subsidiaria al 100% de la multinacional Suiza Glencore Plc. Ambas tienen óptimas relaciones con Europa. Por esto, Pax ha decidido cumplir con esta gira en los países interesados. “También la Italiana Enel, a quienes hemos buscado sin éxito, debe romper los contratos con las empresas ensangrentadas –dice Wouter Kolke– lo pedimos también al gobierno Renzi y esperamos que, el 26 de mayo, la Asamblea de los accionistas Enel decida en este sentido”.


*Geraldina Colotti es periodista del portal web Il Manifiesto de Italia y colaboradora de TeleSur y Cuba Información.


Traducido por Gabriela Pereira

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