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“Si no se reconoce que existe el paramilitarismo en Colombia es difícil firmar la paz”

Análisis
Tomado de Notimundo
Por: Silvia Arjona Martín / Diagonal.com


El asesor jurídico de la Delegación de las FARC-EP en los Diálogos de Paz de Colombia y abogado español, Enrique Santiago, asegura que todavía faltan matices cruciales para la paz definitiva en Colombia aunque cree que, si la firma llega en el primer semestre de 2016, lo convertiría en el segundo proceso de paz más rápido del mundo. 

Enhebra, hilvana, borda, corta, cose, dibuja. El tapiz ya casi está pero aún quedan flecos pendientes.

Como si de una obra textil delicada y frágil se tratase, quienes trabajan en los Diálogos de Paz de Colombia en La Habana parecen artesanos y artesanas que avanzan con minuciosidad y cautela.

Y no es para menos cuando la Paz está en juego tras más de 50 años de conflicto social y armado ocasionando millones de víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones forzosas, violencia sexual y afectaciones psicológicas, entre otras consecuencias.

El pasado 23 de marzo no se pudo firmar el Acuerdo Final entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) por eso mismo, a pesar de haber previsto la fecha durante meses.

Trabajar en consenso a lo macro teniendo en cuenta el contexto social y político de Colombia y los intereses de cada parte hacen muy complejo tejer unas conversaciones donde hasta la decisión de poner o no una coma en cualquiera de los acuerdos puede ser crucial.

Diagonal entrevista al asesor jurídico de las FARC en La Habana, Enrique Santiago, en un hueco de su apretada agenda por Bogotá, e indaga en los detalles de lo que falta por acordarse entre las partes.

Su optimismo y convicción de que la firma final es definitiva y pronta, no desdibuja lo delicado del proceso y de que ponerse una fecha puede enturbiar este momento histórico que otorgue de una vez al pueblo colombiano la paz con justicia social que se merece.


¿Qué particularidades tiene este proceso de paz con respecto a otros que se han realizado en el mundo?

De momento es el segundo más rápido. Los procesos de paz son bastante complejos y lo que no puedes es considerar la variable tiempo para alcanzar la paz. Es absolutamente absurdo y más en un conflicto de 52 años como es éste.

El proceso de El Salvador duró como nueve años, el de Guatemala como 12, el de Irlanda del Norte como 14, el de Angola 15… Estamos hablando de unos plazos que no son en absoluto excesivos, de hecho éste podría ser el segundo proceso que se ha cerrado en menos tiempo si se firma en el primer semestre de 2016 tras el de Nepal, que duró tres años y poquito.

Pero sin duda alguna, la diferencia sustancial y particular es haber situado a las víctimas en el centro de las conversaciones. Todo lo relativo a derechos humanos y víctimas es muchísimo más detallado que en cualquier otro proceso de paz.

Habitualmente, en los procesos de paz los asuntos de justicia, de víctimas, de derechos humanos son asuntos muy delicados que, como implica responsabilidades de las partes, causan fricciones y se suelen solventar como declaraciones de intenciones y compromisos de futuro una vez suscrita la paz.

De los dos últimos procesos de paz que se han cerrado con acuerdo, el Acuerdo de Argel, alcanzado en Malí para acabar con una rebelión secesionista de la región Azawad, se aprobó un acuerdo muy detallado en temas militares, administrativo, de autonomía.

Es un acuerdo de más de cien páginas, aproximadamente, y de justicia, derechos humanos y víctima hay solo una. Además, habla de que una vez se consolide la paz se estudiará un mecanismo, como una comisión de la verdad, y se analizará qué hacer con los crímenes internacionales que se han cometido.

El Acuerdo Bangsamoro, de Mindanao (Filipinas), el penúltimo proceso de paz que se cerró en el año 2014, es un acuerdo muy detallado sobre cuestiones marítimas diferenciadas, de autonomía administrativa, incluso un poder judicial diferenciado; pero de víctimas, derechos humanos, causación de victimizaciones del conflicto armado hay exactamente 12 líneas en el acuerdo. Y en la misma tónica, cuando se consolide la paz se verá qué mecanismos se ponen en marcha para acabar con la impunidad.

En Colombia, todo lo que se ha alcanzado en materia de justicia o el compromiso previo de poner a las víctimas en el centro del acuerdo y de que el proceso de paz no fuera un cúmulo de impunidades, no ha respondido a una exigencia real de la Corte Penal Internacional, sí del Derecho Internacional y de la voluntad de las partes exclusivamente.

Y eso es porque, afortunadamente en Colombia, hay una sociedad civil desarrollada y estructurada y en concreto hay una red muy importante de organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Colombia es el segundo país de América Latina, después de Argentina, con esa estructura de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos tan consolidada. Yo creo que ésas son las características fundamentales de este proceso.


¿Qué flecos faltan en el Acuerdo de Paz para que no se firmase el pasado 23 de marzo como se propuso?

Ahora mismo se están discutiendo dos puntos de la agenda: el tres, "Fin del conflicto"; y el seis, "Implementación, Refrendación y Verificación". 

Falta además un aspecto importante del punto 5, que es el de Víctimas, dado que cuando se cerró no se alcanzó acuerdo y ambas partes se comprometieron a abordarlo en el punto tercero para facilitar que en diciembre se presentara el Acuerdo de Víctimas a la sociedad colombiana y al mundo.

Lo que falta no es menor, es todo lo relativo a las Garantías de No Repetición, algo muy importante dentro de esa visión de poner a las víctimas en el centro del acuerdo, lo que se ha llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. 

En ningún proceso de paz se había abordado con detalle ni se había creado un Sistema Integral y es un asunto muy estratégico para las partes porque de eso depende la consolidación de la paz y la finalización de la victimización.

¿Qué deben abordar esas garantías de no repetición en particular, siendo estas conversaciones ya una propia garantía en sí misma?

Pues el cambio de la doctrina militar y de seguridad, que el papel de las Fuerzas Militares se limite a lo que establece la Constitución colombiana que es salvaguardar las fronteras y la soberanía nacional, y no asuntos de orden público interno porque, incluso, constitucionalmente no pueden hacerlo si no hay una declaración de Estado de sitio.

El paso de la policía a un ministerio civil porque no hay ningún país del mundo donde la policía dependa del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior. 

Todo el problema relativo a la depuración de la fuerza pública, personas responsables tanto de violaciones de derechos humanos como de colaboraciones con el paramilitarismo, o incluso con organizaciones corruptas. Todo el problema de la ley de ascenso de las Fuerzas Militares, el acceso a los archivos, a la información… Todo esto no son cuestiones menores.

Todo ello se está discutiendo junto con dos puntos muy críticos del punto 3 (Fin del Conflicto) que hacen referencia al combate y al desmantelamiento efectivo del paramilitarismo.

El 3.7 se denomina Esclarecimiento del Fenómeno del Paramilitarismo; y el 3.4 es el combate a las organizaciones que han atentado o agredido a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, es decir, el paramilitarismo.

Pero este asunto es muy delicado porque el Gobierno, desde que empezaron las conversaciones y a fecha de hoy, siguen manteniendo que el paramilitarismo no existe, que lo que hay son bandas criminales (Bacrim).

Eso hizo que la discusión del punto de víctimas fuera muy complicada incluso porque no había acuerdo a la hora de denominar esa realidad. En el Acuerdo de Justicia se consigue introducir la creación de una Unidad Especial de Investigación y Acusación del Paramilitarismo, que debería funcionar como una fiscalía especializada, como un organismo que combata el paramilitarismo directamente desde el punto de vista judicial y de seguridad.

Y en La Habana, la Comisión de Garantías de Seguridad está discutiendo las políticas de desmantelamiento del paramilitarismo y las políticas de protección, no solamente a los guerrilleros una vez hayan hecho la dejación de armas y se hayan incorporado a la vida civil, sino también a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las fuerzas políticas, etc.


Si el Gobierno no reconoce el paramilitarismo, ¿cómo está avanzando este punto para combatirlo?

Eso es algo que al Gobierno le está costando mucho, de hecho, se han intercambiado ya 29 borradores, lo que llama la atención porque son demasiados. El Gobierno es siempre muy reacio, encuentra una excusa para no concretar los contenidos de ese acuerdo. Y evidentemente, todo lo que va quedando por acordar está muy interrelacionado.

No es posible cerrar el punto clave, formal, de terminación del conflicto, que es el cese bilateral y definitivo más la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil, si no se cierra lo de garantías de seguridad. Pero es muy complicado cerrar lo de garantías de seguridad si no se ha cerrado lo de garantía de no repetición. Está todo íntimamente ligado.

¿En cuanto a las cuestiones técnicas del acuerdo, qué queda por trabajar?

De nivel técnico quedan muchas cuestiones. Por ejemplo, concretar los mecanismos para elegir a los comisionados de la verdad, a los jueces de la jurisdicción, a los fiscales de la jurisdicción… Queda pendiente también de cerrar un acuerdo sobre la conformación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Hay que aclarar el acuerdo sobre quién va a dirigir eso, qué personas se van a integrar.

Está pendiente también cerrar un acuerdo que, desde mi punto de vista, el Gobierno está dilatando demasiado, como es la salida de los menores que hay en los campamentos de la insurgencia.
En febrero del año pasado las FARC se comprometieron a desvincular a todos los menores de 15 años que hubiera en los campamentos y, posteriormente, se comprometieron a cesar el reclutamiento de menores de 18 años facilitando también la desvinculación.

El problema es que el Gobierno está dificultando mucho llegar a un acuerdo porque, bajo mi punto de vista, está intentando generar una situación ante la opinión pública para que las FARC aparezcan como violadores de los derechos humanos de forma permanente y habitual.

El gran punto que queda por concretarse es todo lo relacionado al Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, Dejación de Armas y Reincorporación a la Vida Civil. Los dos primeros se trabajaron en una comisión técnica compuesta por generales, comandantes y guerrilleros. Cuando llevaban ocho meses de trabajo, presentaron una propuesta a la mesa y sorprendentemente el Gobierno la rechazó.

Si bien es cierto la excusa metodológica de que los acuerdos no se alcanzan en las comisiones sino que se deben alcanzar en la mesa, también es cierto que lo lógico, hablando de metodologías, es que si hay una comisión de trabajo que lleva funcionando ocho meses las partes vayan revisando los avances que se van haciendo a los puntos parciales, por lo menos la delegación de las FARC así lo ha ido haciendo.

Porque la Comisión no llega a unas conclusiones de la noche a la mañana, es un trabajo muy minucioso, muy delicado, de encaje de muchas cosas, y es sorprendente que el Gobierno haya esperado a que concluyera el trabajo de la Comisión para rechazarlo, sobre todo cuando el Gobierno tenía mucho interés en haber alcanzado el Acuerdo Final en marzo.

¿Y qué lectura tiene ante esto?

Aquí se ha repetido el escenario que ya ocurrió en septiembre, cuando se firmó el Acuerdo de Justicia derivado de la Comisión Jurídica, que incluso después de firmarlo por el presidente Santos y el comandante de las FARC Timochenko (Timoleón Jiménez), el Gobierno se desdice y obliga a su renegociación, por lo que no se firma definitivamente hasta diciembre.

La impresión es que el Gobierno no acepta ningún acuerdo que no haya sido construido en la Mesa de Conversaciones, sino que haya sido construido por personas que intervienen en comisiones de trabajo de la Mesa de Conversaciones.

¿Cómo se está trabajando la implementación para el cumplimiento de los acuerdos una vez se realice la firma final?

La implementación es otro asunto polémico, porque viene existiendo unilateralidad por parte del Gobierno. El itinerario de implementación jurídica de los acuerdos diseñado unilateralmente por el Gobierno carece de lógica porque no contempla la incorporación expresa al ordenamiento jurídico de Acuerdo Final, con lo cual es muy difícil implementarlo.

El diseño que ha aprobado unilateralmente el Gobierno es un plebiscito que no tiene ningún efecto jurídico, porque el resultado favorable del plebiscito no implica que el acuerdo de paz entre a formar parte del ordenamiento jurídico. Asimismo, la forma elegida de las tres posibles vías que hay en la Constitución colombiana (el referéndum, la consulta y el plebiscito) probablemente sea la menos adecuada.

Y es que el plebiscito legalmente es la votación ciudadana para la aprobación o rechazo para una decisión presidencial que no requiere desarrollo legislativo, y un Acuerdo de Paz no es una decisión presidencial, es fruto de un trabajo en una mesa de conversaciones. Además de que un Acuerdo de Paz lo que sí requiere es mucho desarrollo legislativo.

La segunda fase del diseño de implementación que ha aprobado el Gobierno es la creación de una Comisión Legislativa, "el Congresito", que estaría encargado de expedir leyes de desarrollo del Acuerdo;-

de ese mismo acuerdo que en el diseño legislativo del Gobierno en ningún momento se ha incorporado al ordenamiento jurídico, con lo cual, como esa Comisión queda habilitada para trabajar una vez acabado el proceso y no haya mesa de conversaciones, al final eso significa que el Gobierno –éste y los que vengan después– puede interpretar como ellos consideren los contenidos del Acuerdo de Paz a la hora de expedir leyes de desarrollo sin ningún tipo de control, lo cual puede provocar desvirtuar los acuerdos.

Y el tercer mecanismo que considera es la delegación de facultades extraordinarias al Presidente y a determinadas instituciones del Estado para que también puedan hacer el desarrollo legislativo.


Frente a esto, ¿qué propone la delegación de las FARC?

La delegación de las FARC propone incorporar el acuerdo al ordenamiento jurídico y ello puede hacerse por dos vías, ya que son técnicas que no son sencillas, mecanismos jurídicos que no siempre se han utilizado en procesos de paz anteriores pero que dan máxima garantía de seguridad jurídica.

Una primera fase es la incorporación al ordenamiento jurídico interno con un acto del legislativo colombiano. La propuesta es que el Acuerdo Final se firme como un Acuerdo Especial, figura jurídica contemplada en la Convención de Ginebra.

Esto tiene un efecto jurídico e inmediato que provoca la incorporación de todos los contenidos del Acuerdo al ordenamiento jurídico interno y la incorporación al bloque de constitucionalidad de aquellos contenidos que tienen que ver con los derechos fundamentales.

También es posible la incorporación al ordenamiento jurídico del Acuerdo Final, firmado como Acuerdo Especial, a través de un Acto legislativo, que es la vía de reforma constitucional que existe en Colombia.

Cualquiera de las anteriores técnicas legislativas deben llevarse a la práctica con una tramitación similar a la prevista en la Constitución colombiana para los tratados internacionales, lo cual tiene varia ventajas.

La primera, la esencial, es que en la discusión parlamentaria de un Tratado Internacional no se pueden introducir enmiendas. O se aprueba o se rechaza el tratado, o se asume íntegramente o no se asume.

Lo que no se puede es alterar un tratado que está firmado por un montón de Estados. Porque sería inaceptable que un Acuerdo de Paz se varíe durante una discusión parlamentaria, porque entonces el resultado final no sería el acordado en la Mesa de Conversaciones.

Además, debe existir un segundo mecanismo para mayor seguridad jurídica, que es la transformación del acuerdo en una norma de derecho internacional una vez incorporado al ordenamiento jurídico interno. Esto evitaría que un posterior gobierno colombiano pretendiera modificar el Acuerdo de Paz.

La propuesta es efectuar una Declaración Unilateral del Estado, que es una forma de declaración del Derecho Internacional por el cual el Estado formula voluntariamente una declaración de compromiso ante la Comunidad Internacional o ante otro Estado o ante un organismo como Naciones Unidas.

Lo que se propone es que esa declaración unilateral vaya acompañada de una solicitud al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se incorpore el Acuerdo Final a una resolución del Consejo de Seguridad.

¿Y qué pasa con la refrendación, el punto que tanta polémica está causando entre las partes por buscar el mecanismo apropiado para que el pueblo colombiano participe en la implementación de los acuerdos?

Ahí hay una discusión interesante porque también el Gobierno ha decidido unilateralmente que se realice un plebiscito pero hay muchos mecanismos de refrendación, desde una constituyente hasta una consulta, hasta la aprobación del acuerdo por los representantes de la soberanía nacional, las cámaras.

Otra cosa es qué materias son susceptibles de refrendación y cuáles no. Por ejemplo, el Derecho a la Vida no es susceptible de refrendación, los derechos fundamentales como la dignidad de la persona tampoco, es decir, no se puede someter la vigencia de un derecho humano a la voluntad popular, son normas de derecho imperativo del sistema jurídico internacional.

Entonces, ¿la paz no es necesaria someterla a refrendo?

La paz es un valor supremo, sin la paz no se puede garantizar ningún derecho humano, con lo cual dentro de la categoría de derechos fundamentales no susceptibles de someterse a refrendación, sin duda alguna, el que está en la cúspide es el derecho a la paz.

Pero, ¿cuál es el efecto? Sometamos la paz a una consulta, ¿y qué ocurre si el resultado es negativo? ¿Acaso el mecanimo de verificación internacional va a devolver las armas a las FARC para que se vuelven a la montaña a estar otros 20 años en guerra? Evidentemente no, es una situación absurda.

Lo que ha ocurrido en otros procesos cuyos acuerdos se han sometido a refrendación y se ha rechazado el Acuerdo de Paz, como por ejemplo Guatemala, el resultado evidentemente no ha sido volver a la guerra. Con lo cual, desde mi punto de vista, la refrendación de la paz no es equivalente al voto ciudadano sí o no del Acuerdo de la Paz.


¿La realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que plantea las FARC y quiere gran parte de la sociedad colombiana una vez se firme la paz, es una condición o una consecuencia de los acuerdos?

No es ni una condición ni un mecanismo de implementación. Creo que ha habido cierta confusión ante esto o no se ha explicado bien. Las FARC no piden que la implementación de los acuerdos se haga a través de una Constituyente, lo que pide es que la implementación se haga de la forma más rápida, eficaz y que dé más seguridad jurídica, y eso no es una Constituyente.

Una Constituyente puede ser limitada, que fue la técnica utilizada en Sudáfrica para acabar con el apartheid y el conflicto. Una Constituyente puede tener como resultado que cuestiones acordadas en unas conversaciones sean después derogadas o no sean incorporadas a la Constitución. Por eso haya que limitarla y abordarla previo acuerdo de unos contenidos pétreos, no modificables.

La propuesta de las FARC en una Constituyente responde a la necesidad de conformar un amplio acuerdo nacional para que el nuevo país que surgirá después de la firma de la paz y cese del conflicto, y ojalá que se llegue a un acuerdo con el ELN, sea resultado del proceso de paz.

Los acuerdos alcanzados implican multitud de reformas institucionales y cierran además un periodo histórico en Colombia, que hace necesaria una nueva institucionalidad, un nuevo país, y ese nuevo contrato social solamente se puede reflejar con una Constituyente; que deje atrás para siempre problemas estructurales que ha tenido la sociedad colombiana que han hecho de la violencia una formación de hacer política. Esa es la función de la Constituyente, modificar toda la institucionalidad que ha permitido que la violencia sea una forma de hacer política.

¿Qué lecturas y propuestas plantea las FARC para acabar con el paramilitarismo?

Las FARC comenzó el proceso de negociaciones diciendo que no iba a haber dejación de armas hasta que no desapareciera el paramilitarismo. Pero lo cierto es que aun en el supuesto de que el Estado estuviera dispuesto a combatir el paramilitarismo, se trata de una realidad tan estructural en Colombia que no se va a desmantelar ni en un mes, ni en un año ni en dos, eso es evidente.

Las FARC lo que pide es que se acuerden políticas serias y reformas estructurales eficaces para que acabe el paramilitarismo, es decir, que se acredite el compromiso y la voluntad del Estado de terminar con esto.

Las reivindicaciones de las FARC son, primero, la puesta en marcha de lo que ya está acordado, la Unidad de Investigación de Desmantelamiento del Paramilitarismo, el punto 74 del Acuerdo de Justicia. ¿Y eso qué significa? Pues un acuerdo sobre las competencias y formas de funcionamiento: quién va a dirigirla, con qué recursos se va a contar, cómo se va a elegir a las personas que la integran, qué garantías se van a dar de inamovilidad de sus responsables, dónde se va a ubicar funcionalmente, va a depender de la fiscalía o no, en qué jurisdicciones va a actuar, qué competencias de tipo policía judicial, va a tener, etc.

Las FARC han hecho la propuesta después de consultar a multitud de operadores jurídicos que han venido trabajando en el desmantelamiento del paramilitarismo y que han coincidido en las evidentes deficiencias de la institucionalidad colombiana para combatir el paramilitarismo.

Otra cuestión importante para las FARC es la creación de una Comisión Nacional de Garantías conformada por el Estado pero también por las organizaciones de Derechos Humanos y víctimas y por expertos que hagan un seguimiento estricto de las políticas contra el paramilitarismo. 

No van a dirigir las políticas anti paramilitarismo, eso lo tiene que hacer las administraciones públicas a las cuales les corresponde (poder judicial, policía, ejército…), pero lo que se pretende es una Comisión que haga un seguimiento permanente al respecto, proponga actuaciones y que pueda hacer públicas las valoraciones y deficiencias que vean en la lucha contra el paramilitarismo.

Se propone también la puesta en marcha de una serie de planes piloto en los lugares donde existe el paramilitarismo más agresivo. También, mecanismos de seguridad que protejan en el terreno a los guerrilleros reincorporados a la vida civil, a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos, sobre todo en aquellas regiones donde haya una dejación de armas de las FARC, ya que esas regiones van a ser un objetivo para los paramilitares.

Por último, se propone una reforma del funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad, incluida la creación de nuevos mecanismos policiales de combate al paramilitarismo en las zonas rurales, donde tienen la presencia uniformada y armada.

Precisamente en las zonas rurales de Colombia existen incertidumbres y dudas de que este acuerdo pueda otorgarles la paz debido, en parte, a que los grupos paramilitares continúan violando sus derechos y la violencia se ha incrementado en algunas regiones.

Pues no me extraña porque lo que es palpable es la falta de voluntad del Estado para combatir el paramilitarismo. Eso se ha visto claramente con el paro armado que ha habido ahora en el Chocó donde no se ha visto al ejército ni a la policía. 

Se ve también en general con los resultados de la jurisdicción de Justicia y Paz: en 10 años de actuación son únicamente 35 sentencias las emitidas, 140 personas condenadas y 2.000 personas que han cumplido el máximo de ocho años de cárcel previsto en la ley sin haber sido nunca condenadas en juicio, por lo que serán excarceladas, a pesar de haber habido 30.000 paramilitares desmovilizados. 

No se sabe dónde han ido a parar más de 20.000 paramilitares supuestamente desmovilizados que no están controlados por el sistema de la ley 975, la ley de desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).

Lo que no me extraña es que la gente sea escéptica, eso es normal. Y el escepticismo sólo desaparecerá si somos capaces de poner en marcha políticas que realmente acaben con el paramilitarismo. Ese escepticismo no acabará hasta que no se vean resultados.

La misma apreciación que tiene la sociedad colombiana sobre la dejación en materias de persecución del paramilitarismo, es lo que se aprecia en muchos momentos en la mesa al abordar estos debates: una dejación del Gobierno de su obligación de cerrar los acuerdos sobre desmantelamiento del paramilitarismo.


¿Cómo se plantea las garantías de seguridad, entonces, si está siendo tan difícil trabajar el tema del fin del paramilitarismo?

Sobre el punto de garantías de seguridad se han intercambiado 29 borradores, lo cual es desproporcionado.

Esta dilación es un factor que puede enturbiar la firma del Acuerdo final, más incluso que el debate sobre los lugares de ubicación de los guerrilleros para la dejación de armas.

Para las FARC firmar el Acuerdo de Paz sin que esté cerrado un acuerdo para el desmantelamiento del paramilitarismo es como ponerle el pecho a una inevitable muerte. Importantes sectores de la sociedad colombiana no entenderían que no se cerrara un acuerdo eficaz, claro y ambicioso para acabar con el paramilitarismo, por lo que si las FARC no son muy exigentes en esto pueden tener un problema serio de credibilidad social.

¿De qué manera será la dejación de armas?

La dejación de armas va a ser bilateral. Las FARC lo hará a través de un mecanismo de verificación de dejación de armas con un mecanismo internacional, y a su vez, el Gobierno hará el seguimiento y conocerá el proceso a través de ese mecanismo internacional.

Lo que se sabe es que la dejación de armas será en fases, no están definidas cuántas fases pero no tienen por qué ser muchas. La dejación de armas se iniciara no más tarde de 60 días desde la firma del Acuerdo Final. 

Las FARC han manifestado en el último ciclo de la mesa de conversaciones que no tienen por qué trascurrir 60 días para empezar ese proceso, pueden ser menos. Su voluntad es iniciar la dejación de armas tan pronto se firme el Acuerdo Final.

La dejación tiene que ir acompañada, como ha ocurrido en todos los procesos de paz, de la entrada en vigor de la amnistía, porque el guerrillero que hace la dejación de armas sale de la zona de concentración y debe quedar libre, así esté sometido a la futura acción del sistema de justicia para la paz, al igual que cualquier otro ciudadano colombiano que no tenga que hacer dejación de armas para que le alcance la amnistía, como los condenados por protesta social, ley de seguridad ciudadana o defensa de los derechos humanos. 

Debe existir una presunción de amnistía para todas las personas a las que les alcance la ley de amnistía, al menos hasta que se acredite por la Jurisdicción Especial para Paz que son responsables de delitos no amnistiables.

Y las zonas campamentarias para la dejación de armas no pueden ser cárceles. Sólo faltaba que hubiera un régimen más duro de limitación de derechos para la dejación de armas que el que se ha aprobado en el sistema de justicia para aquellos que reconozcan responsabilidades de forma voluntaria y rápida, y además al libre albedrío y decisión del Gobierno, sin intervención de un juez. Eso no puede ser.

Las armas nunca van a ser entregadas al estado colombiano, se destruirán, desaparecerán como armas mediante unos procesos que serán verificados y certificados por los mecanismos de verificación de Naciones Unidas.

¿Cómo valora el papel que está teniendo Estados Unidos en este proceso?

Estados Unidos, desde el inicio de 2015 está teniendo un papel activo, constructivo y amigable. Quizás quiso tener un papel más activo a partir del año pasado porque llegó a la conclusión de que la paz era irreversible, al principio del proceso no hubo un gran compromiso, quizás por la incertidumbre sobre si iban a concluir las conversaciones positivamente o no.

Creo el apoyo de Estados Unidos es un espaldarazo al proceso de paz; es decir, el proceso viene siendo serio, enfocado, está teniendo resultados y la paz parece muy al alcance de la mano.

Obviamente Estados Unidos, como no podría ser de otra forma, cualquier presencia que tenga en política internacional es para salvaguardar sus intereses. En este caso, parece en esta administración ha llegado a la conclusión de que sus intereses pasan por garantizar la paz en Colombia.

En la práctica, el papel que han hecho es positivo. Es un papel respetuoso, incluso en momentos delicados han ayudado a superar crisis, bloqueos, parálisis. A fecha de hoy, creo que la Administración del presidente Obama sí está comprometida con el proceso de paz. 

¿Qué pasará con futuras administraciones? Pues ésa es la gran incógnita. Por eso creo que es muy recomendable cerrar el Acuerdo de Paz durante la actual administración de Obama, de forma que se garantice que Estados Unidos va a hacer las aportaciones en lo concreto del proceso de paz.

En los diálogos de La Habana es la primera vez que se introduce una Subcomisión de Género integrada por mujeres de ambas partes firmantes, ¿cómo valora el papel que están teniendo las mujeres en la construcción de la paz para y en Colombia?

No sólo en el proceso sino también en el post-acuerdo van a ser transcendentales. La característica de todos los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo en los últimos años es que, respecto a lo acordado en materia de desarrollo económico y social, no se cumple nada. 

Eso es lo habitual y además sin matices: no se cumple nada. Se cumple lo que tiene que ver con la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes y los mecanismos de justicia, de exención y de exigencia de responsabilidades.

Estoy convencido de que, como ha pasado en todas las sociedades después de un conflicto armado, el peso fundamental de la puesta en marcha de los acuerdos y de la exigencia y vigilancia al Estado para su cumplimiento tiene que residir en las mujeres. 

Las mujeres son las grandes constructoras de paz y son las que tienen más habilidades, sensibilidad, técnica y conciencia para superar los enfrentamientos armados y para construir una sociedad en de paz.


Con lo cual, yo creo que el papel de las mujeres es fundamental para que se implementen cuestiones muy importantes que se han acordado en La Habana y que supondrían acabar con problemas estructurales y con la inequidad que hay en Colombia.

La Subcomisión de Género es un grupo de trabajo compuesto por mujeres de ambas partes que han velado durante todas las discusiones por intentar acercar esas discusiones a las mujeres y, además, para que el contenido de los acuerdos respete la igualdad de género, la perspectiva de género y la defensa de los menores, niños y niñas.

De hecho, las mujeres víctimas que acudieron a sesiones y audiencia en La Habana, algunas con testimonios espeluznantes y con un esfuerzo psicológico tremendo, mantuvieron un discurso no sólo de paz sino también de reconciliación. Incluso los momentos de mayor acercamiento entre víctimas y victimarios, en general, se produjeron allí en esas audiencias, protagonizados por mujeres.

El pasado 30 de marzo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció junto con el Gobierno el inicio de los acuerdos de paz en una rueda de prensa en Caracas, ¿qué le parece que se inicien ahora estas conversaciones?

Eso es muy importante, lo que siempre se ha defendido es que obviamente son dos mesas pero es un solo proceso de paz. Sin el ELN la paz estaría incompleta.

A mi juicio, ojalá el anuncio hubiera sido antes, es decir, que el ELN se hubiera incorporado a conversaciones a la mesa, por ejemplo, sobre el punto de víctimas o sobre la construcción de mecanismos de justicia. 

Ahora es prácticamente imposible que convivan dos modelos de justicia para resolver el conflicto, por lo que habría sido bueno que el ELN hubiera podido participar en esos debates. Y se intentó pero no pudo ser.


Ahora lo que hace falta es que la muy ambiciosa agenda del ELN se aborde de la forma más coordinada con este proceso. Obviamente este proceso va a acabar antes que el del ELN pero, en mi opinión, el ELN debería tomar las medidas para que llegaran al proceso de la Constituyente y creo que sería una tragedia si el ELN desaprovechara esa ocasión histórica.

Les deseo muchos éxitos y tengo el absoluto convencimiento de que no era posible alcanzar una paz en Colombia sin el ELN.

Por último, ¿para cuándo la firma definitiva del Acuerdo de Paz?

Desde mi punto de vista, el Acuerdo Final es irreversible. Creo que puede alcanzarse en este primer semestre del año, que el proceso de dejación de armas podría estar concluido este año, y que el inicio de la reincorporación a la vida civil podrá producirse también durante este año.

Tomado de: www.diagonal.com

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