NO HAY PAZ SIN DESMANTELAMIENTO DEL PARAMILITARISMO

Análisis

Tomado de ANNCOL

Es indispensable que haya una auténtica voluntad política de enfrentarse al problema. De lo contrario, Colombia sólo conocerá una “paz formal”, de la misma manera que tiene una democracia formal.

La sucesión de asesinatos de líderes sociales que ha tenido lugar en las últimas semanas en Colombia pone de manifiesto la urgencia de reconocer que el paramilitarismo constituye una amenaza clave, si no la más importante, para el buen desarrollo del proceso de paz. Esta amenaza no es de ninguna manera una novedad, y menos una sorpresa, sin embargo, desde que arrancaron las negociaciones de La Habana pareciera que ha sido completamente subestimada por el gobierno y por los grandes medios de comunicación.

Ahora que la frecuencia de los asesinatos parece dispararse, y que un movimiento como la Marcha Patriótica trata de romper el silencio frente al incremento dramático de sus integrantes asesinados (115 hasta ahora), los medios dan un mínimo de espacio al peligro que representan los grupos “neoparamilitares”, mientras que el gobierno sigue manteniendo un silencio culpable y una denegación de lo evidente.

Que le guste o no al gobierno y al “presidente de la paz”, el paramilitarismo no ha dejado nunca de existir. Si bien ha conocido un momentáneo retroceso luego de la supuesta desmovilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), con reestructuraciones y mutaciones consecutivas, el paramilitarismo viene fortaleciéndose y desarrollándose a lo largo y ancho del país desde hace muchos años. Como lo han denunciado numerosos investigadores, líderes populares, defensores de los derechos humanos o responsables políticos.

Las autoridades fingen al pensar que el paramilitarismo se acabó con el proceso Justicia y Paz, llevado a cabo por el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2005. Sin embargo, este proceso, que recibió muchas críticas desde sus inicios, sólo significó el final de la estructura paramilitar unificada que representaban las AUC, la extradición de sus jefes más visibles y el encarcelamiento de corta duración (un máximo de 8 años) de una minoría de sus integrantes. Mientras que dejó en libertad a casi el 90% de los combatientes y dejó intactos los vínculos creados entre los grupos paramilitares, la Fuerza Pública y los poderes económicos y políticos en los territorios. En otras palabras, de ninguna manera pudo representar un desmantelamiento del fenómeno paramilitar.

En el lenguaje “oficial”, el que viene de las autoridades y que se encargan de legitimar los medios, se impuso el término de bacrim (bandas criminales) para nombrar a los grupos que han surgido en el contexto post-AUC, sean los Urabeños (que el mismo lenguaje oficial quiere llamar ahora el Clan Usuga), los Rastrojos, las Águilas Negras, el Erpac… Si bien se podría decir que estos grupos no son paramilitares “pura sangre” y que dedican buena parte de sus actividades a la economía ilegal, sí conservan la misma esencia “contrasubversiva” de siempre.

Por lo tanto, persistir en considerarlos como simples agrupaciones de criminalidad común es negar una parte fundamental de su identidad y de su razón de ser, y, más grave aún, es la garantía de que no podrán ser vencidos. En efecto, las autoridades se felicitan de multiplicar los “golpes” en contra de estos grupos, pero sin que eso se haya traducido en su real debilitamiento. Claramente, la estrategia de “cortar las cabezas” no ha funcionado, y no puede funcionar. Se requiere reconocer el “enemigo” en todas sus características si de verdad se quiere derrotarlo.

Si bien es cierto que el paramilitarismo actual no es exactamente el mismo que en la época de las AUC por ejemplo, es imprescindible enfocarse en el hecho de que sigue siendo el instrumento de la represión contra la protesta social y la oposición política. Los blancos de sus ataques son los mismos de siempre y sus vínculos con la Fuerza Pública y los poderosos intereses locales siguen vigentes, independientemente del gobierno de turno.

Por otro lado, es importante señalar que los grupos paramilitares han sido siempre permeados por intereses económicos criminales, en particular por el narcotráfico, y que por lo tanto no es válido trazar una frontera absoluta entre grupos que serían estrictamente paramilitares, y que pertenecerían al pasado, y los grupos de ahora, que serían únicamente criminales.

En otros palabras, es absurdo pensar que con el final de las AUC se habría acabado el “paramilitarismo contrainsurreccional puro”, porque este nunca ha realmente existido. Prueba de eso es que fueron los jefes más ligados al narcotráfico que terminaron tomando el poder dentro de las AUC, como Don Berna, Vicente Castaño o Salvatore Mancuso. Basta con recordar la manera como ellos le declararon la guerra y asesinaron a Doblecero, jefe del Bloque Metro y defensor de unas autodefensas “auténticas”, libres de narcotráfico.

El gobierno no es solamente culpable al no llamar por su nombre y no reconocer el carácter antisubversivo de los grupos paramilitares actuales, lo es igualmente al no considerarlos como una amenaza de primera categoría para el proceso de paz, sobre todo si se tiene en cuenta lo sucedido en los anteriores procesos.

Tanto durante el proceso de mediados de los años 80, marcado por la creación de la UP y su exterminio consecutivo, como durante las negociaciones del Caguán a finales de los años 90, el paramilitarismo se desarrolló de manera considerable e incrementó radicalmente su “guerra sucia” en contra de los civiles considerados “subversivos”. En ambos casos, el accionar paramilitar contribuyó de manera decisiva a sabotear el proceso de paz. A pesar de esto, el gobierno no ha tomado ninguna medida destinada a impedir que esta historia se repita.

El genocidio político contra el partido de la UP, hecho casi inédito en la historia política internacional, todavía está muy presente y sirve de alerta para los militantes de izquierda. Sin embargo, llama la atención el hecho de que pareciera que la tragedia que sufrió esta organización es ante todo considerada como un ataque a la izquierda, en vez de ser considerada como un crimen contra el país en su conjunto y contra la democracia misma.

Muchas organizaciones sociales y políticas vienen alertando sobre la posibilidad de que se repita un fenómeno comparable, los asesinatos actuales son sólo una premisa de lo que podría pasar. Además, es evidente que las dificultades para lograr un acuerdo en La Habana sobre la cuestión de la dejación de armas tiene que ver de manera decisiva con la falta de garantías para la seguridad de los futuros guerrilleros desmovilizados. Las mismas dificultades deberían encontrarse en las negociaciones con el ELN.

El silencio, o la mala interpretación, del gobierno frente al actuar paramilitar es la consecuencia directa de la estrategia que viene implementando el presidente Santos desde que llegó al poder. Esta estrategia ha consistido en reconocer la existencia del conflicto armado interno, rompiendo así con su antecesor con el fin de poder llevar a cabo negociaciones de paz con la insurgencia, pero actuando como si el conflicto mismo y sus causas ya pertenecieran al pasado. Es decir, actúa como si Colombia ya estuviera en “posconflicto” y la “paz” no necesitara ningún tipo de cambios sociales, económicos o democráticos.

Por lo consecuente, no debería sorprender que Santos enfoque sus esfuerzos por una parte en “neutralizar” a los uribistas y a las Fuerzas Armadas, como potenciales obstáculos al buen desarrollo de las negociaciones con la guerrilla, y por otra parte en seducir a los inversionistas extranjeros y los Estados “amigos”, como actores esenciales de su visión del “posconflicto”. En otras palabras, el presidente da mucha importancia a la “seguridad militar” y a la “seguridad inversionista”, pero está totalmente inactivo cuando se trata de intentar parar los asesinatos políticos y asegurar, por fin, verdaderas garantías democráticas para la gente del común.

Los grandes medios de comunicación contribuyen, como siempre, a esta particular “priorización”, pues mientras dan una importancia desmesurada a los uribistas cuando ellos exceden los límites de la indecencia al proclamarse “perseguidos políticos”, sólo mencionan de manera esquiva las agresiones y los asesinatos continuos contra los que son los verdaderos “perseguidos” de siempre.

Para que Colombia pueda contemplar una verdadera paz, es imprescindible luchar realmente contra el fenómeno paramilitar. Para este propósito se hace necesario que las autoridades, así como el conjunto de la sociedad, reconozcan por fin que siguen existiendo grupos paramilitares y que el paramilitarismo es una especie de hecho cultural en Colombia, con dimensiones múltiples y arraigo en la sociedad. Se requiere una estrategia global, que deje de considerar cada asesinato como un caso aislado y que combata verdaderamente la impunidad. Pero sobre todo, es indispensable que haya una auténtica voluntad política de enfrentarse al problema.

De lo contrario, Colombia sólo conocerá una “paz formal”, de la misma manera que tiene una democracia formal, de la cual se podrá jactar Santos en los medios y en el exterior pero que no mejorará las garantías democráticas y la participación política de los sectores tradicionalmente marginalizados. Es decir el final oficial de las insurgencias armadas y del conflicto armado, pero una realidad igual de catastrófica, o aún peor, en los territorios.