Ir al contenido principal

EL EXTERMINIO SOCIAL, EL CRIMEN DEL QUE NADIE HABLA

Reportaje
Tomado de ANNCOL
Por Natalia Arenas / La Silla Vacía

Amenazas que preceden a la acción

Parado en una esquina de una calle importante de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Rogelio, un vendedor ambulante que ha trabajado en esa esquina los últimos 12 años de su vida, dice, muy casual, como si nada: “A los chinos los matan porque todo tiene precio, no hay que decir más. Los comerciantes lo hacen porque les acaban el dolor de muelas. Si les roban cada tres o cuatro días, o cada semana un millón, entonces ponen trescientos mil y se quitan el dolor de cabeza. (...) Yo pasé esa prueba de fuego, fuimos a poner orden en unos barrios de por allá arriba. Nadie sabe que fue uno, uno se hace el güevón y ya. Esos pelados que matan son de 13, 14, 18 años, la mayoría no van al colegio, se la pasan en la calle rebuscándosela”.
Además de vender dulces, Rogelio ha participado en varios asesinatos de la “limpieza social” en Ciudad Bolívar, la localidad de Bogotá que encabeza la lista en la comisión de estos crímenes de exterminio social con el 28 por ciento de todos los casos que han ocurrido en la ciudad y que se pueden rastrear desde su misma fundación.

Por eso, el Centro de Memoria Histórica eligió a Rogelio y a Ciudad Bolívar como los protagonistas del Informe “Limpieza social: una violencia mal llamada” que será presentado mañana en la Feria del Libro en Bogotá.

“Ciudad Bolívar es el centro del estigma [de la violencia y la delincuencia] en Bogotá. Se dice que allá es natural que suceda eso. Pero lo cierto es que está regado en Bogotá. Está regado en Colombia. Es un fenómeno de nuestra violencia de la que no se habla, de la que no hay víctimas reconocidas, que jamás van a ser reparadas. Porque solo se reconocen víctimas de conflicto armado”, le dijo a La Silla el autor del Informe, Carlos Mario Perea.

El informe no sólo intenta romper el círculo vicioso de silencio que legitima estos crímenes que han hecho parte de la violencia del país desde hace más de cuarenta años. También busca recopilarlos y detallar el ‘modus operandi’ con el que actúan sus victimarios para demostrar que existen. Tanto, que han cobrado la vida de 4.928 personas en el país entre 1988 y 2013. Aunque nadie quiera hablar de ellos.  

La Silla leyó las 292 páginas del Informe y habló con su autor. Estas son sus principales conclusiones.  

Una práctica de muerte

Por ‘limpieza social’, exterminio o aniquilamiento social -como propone que sea llamado el Informe para quitarle la carga de legitimidad que rodea estos crímenes-, se entiende los crímenes contra “transgresores” de la moral: las víctimas son delincuentes, ladrones, trabajadoras sexuales, consumidores de droga, vagos.

Los  asesinan en las calles de una forma repetida y sistemática. No los desaparecen porque “el efecto disuasorio” parte de que el cuerpo quede como evidencia. Tampoco los torturan porque son asesinatos que se cometen de forma rápida.

    "yo creo que se merecían [que los matara una “limpieza”]. De hecho, la justicia a veces la pueden impartir los ciudadanos mucho mejor que la misma justicia.
    Habitante de Ciudad Bolívar

Y sirven para una cosa: la muerte de estas personas es una ‘solución’ para resolver los conflictos que genera su presencia en un barrio, en una ciudad. Para restablecer el orden.

Según el informe, que recopiló cifras del CINEP -la única entidad que le ha hecho seguimiento desde los años 80 bajo el rótulo de “limpieza social”- se cometen en el 75 por ciento de los casos en ciudades de más de 100 mil habitantes. Es un crimen urbano. Y como el foco ha estado en el conflicto armado, violencias en la ciudad como ésta han pasado desapercibidas.

“Colombia ha vivido una guerra desastrosa, que no tiene nombre. El desastre humanitario ha hecho que toda la energía se haya ido hacia pensar el conflicto armado. Pero resulta que no toda la violencia se reduce a eso”, dice Perea.

Tampoco es una práctica que haya sido usada exclusivamente por los grupos armados ilegales como guerrillas o paramilitares. El informe da cuenta que sólo el 2 por ciento de los casos fueron cometidos por la guerrilla.

A los paramilitares, en cambio, se les atribuye el 26 por ciento de los casos de limpieza social a nivel nacional. Pero, aunque lo usaron con mayor intensidad, sobre todo para ganar legitimidad entre los habitantes de las ciudades donde incursionaron, la limpieza social existía antes y después de que éstos hicieran presencia.  

Incluso, como lo muestra el caso de Ciudad Bolívar, en los últimos años las bandas criminales y las pandillas lo han usado logrando un pico de casos en el 2011, cuando se recrudecieron los hechos cometidos por nuevas bandas criminales.

Es, además, una práctica paradójica. A pesar de que nadie habla de ella porque genera pánico entre sus víctimas que temen que si denuncian puedan ser la próxima, en otra parte de la sociedad genera aceptación: la gente siente que se hizo justicia.

Como le dijo a los investigadores que hicieron este informe un habitante de Ciudad Bolívar hablando de un caso en particular que ocurrió en la localidad, “yo creo que se merecían [que los matara una “limpieza”]. De hecho, la justicia a veces la pueden impartir los ciudadanos mucho mejor que la misma justicia”. Y es esa complacencia la que ayuda a que quienes lo cometen puedan quedar impunes y que más personas decidan seguirlo haciendo.

“La operación de limpieza está cargada de un enjuiciamiento moral porque el crimen actúa sobre gente mala. Se comete un asesinato en nombre supuestamente de principios del orden. Así, quedan inmediatamente legitimados”, dice Perea.

El informe revela que, por ejemplo, luego de que un joven fuera asesinado en Ciudad Bolívar, los papás del muchacho no salieron a recoger su cuerpo temiendo que quedarán señalados por el resto del barrio.

Y eso, en palabras de Perea, termina siendo rentable, incluso para el Estado porque no tiene que gastar recursos en capturar y judicializar a delincuentes porque hay personas que lo hacen por éste, y gratis.

El consentimiento se logra por otra vía: la mayoría de estos casos quedan impunes. Por ejemplo, según el informe, de los 346 homicidios que se han registrado bajo esta modalidad en Bogotá, sólo cuatro expedientes judiciales identificaron el delito como una “práctica” relacionada con seis miembros del Bloque Capital de los paramilitares.

Aún en esos casos, la ‘limpieza social’ pasa de agache. El delito no está tipificado en el código penal por lo que a pesar de que se compruebe que efectivamente un homicidio ocurrió bajo el ‘modus operandi’ de un crimen por ‘limpieza social’, termina siendo sancionado usualmente como ‘concierto para delinquir’ u ‘homicidio en persona protegida’. De hecho, no hay una sola ley que hable de esta práctica.

“No existe un ejemplo de aplicación de justicia que condene la limpieza social. No hay ningún pronunciamiento de ésta como una práctica aberrante y degradante”, agrega el autor. “La consecuencia es que la gente en los barrios la emprende [como práctica] porque no hay sanción de la sociedad”.

El Grupo de Memoria Histórica espera que una discusión pública sobre este crimen sistemático y sobre la reacción que la sociedad tiene frente a él permita que esto cambie.

El informe da cuenta, además, de las formas y modalidades que ésta práctica toma: por un lado, gente -líderes sociales, comerciantes, miembros de las juntas administradoras locales- deciden tomar la justicia por sus manos para “limpiar” un problema en su barrio o localidad.

Estas mismas personas se unen, identifican a las víctimas y deciden contratar a una pandilla o un sicario al que le pagan por prestar el “servicio”.

La otra modalidad es que los habitantes de los barrios le entregan información a la Policía e incluso la acompañan para cometer el delito.

“La matanza social genera un abismo en el tejido social local, lo fractura entre quienes la aprueban y quienes la desaprueban, entre quienes son su blanco y quienes la propician, entre quienes denuncian y quienes optan por el silencio”, dice el informe.  

El caso de Ciudad Bolívar

El informe ejemplifica todas estas modalidades cogiendo el caso de Ciudad Bolívar, la localidad 19 en Bogotá que históricamente ha tenido el “estigma” de ser una de las más violentas, pobres y víctima de la presencia de actores armados ilegales como los paramilitares.

Ese estigma ha servido, como lo dice un habitante de la localidad que cita el informe, para que “las autoridades piensen que todos los pelaos son pandilleros, bazuqueros o subversivos. Los medios de comunicación han difundido esa imagen y los grupos de limpieza hacen su trabajo”.

    Se comete un asesinato en nombre supuestamente de principios del orden. Así, quedan inmediatamente legitimados
    Carlos Mario Perea

Ciudad Bolívar se creó como localidad en 1983 y desde el comienzo, se hizo con el ánimo de ponerle orden a un crecimiento caótico y desorganizado. Para eso se puso en marcha el programa Ciudad Bolívar que “prometía un fortalecimiento de la presencia del Estado en una zona considerada “tierra de nadie”.

Además de inyectar muchos recursos para hacer obras, el programa privilegió el fortalecimiento y la presencia de la Fuerza Pública en la localidad, lo que sólo logró aumentar la percepción de inseguridad y  delincuencia que ya tenía la gente que vivía allí.

Y con esa percepción también aparecieron los exterminios sociales. Sin embargo, dice el informe, “su rastro con alguna consistencia solo aparece hasta finales de la década de los 80”.

Entre 1989 y 1993, cuando estos crímenes empezaron a ser visibles, sobre todo, cuando empezaron a ser recopilados por la prensa, los crímenes en Ciudad Bolívar se caracterizaron por tres cosas: los produjeron los habitantes de los barrios que estaban en plena fundación y que decidieron tomarse la justicia por su mano; los victimarios actuaban de noche, aprovechando “el apagón” de la presidencia de César Gaviria; y los cuerpos aparecían al día siguiente con un letrero que los marcaba como crímenes de “limpieza social” colgados al pecho y atados de pies y manos.

El caso más sonado durante esta época, que tomó relevancia nacional y que el informe detalla como parte de un ejercicio de memoria, es el de la masacre de 11 personas, en su mayoría entre los 16 y los 25 años, que ocurrió el 26 de julio de 1992 en el barrio Juan Pablo II.

A pesar de que después del crimen se organizó un gran paro cívico bajo la consigna de “no más masacres” que buscaba atención del Estado, los asesinatos por exterminio social continuaron. Sin embargo, sus victimarios cambiaron: durante los años 90, llegó a la edad jóven la primera generación de los nacidos en la localidad y con ellos, como dice el informe, se dio paso a un “fiero enfrentamiento entre pandillas”. Por eso, las principales víctimas son los miembros de bandas más organizadas.

Además durante esta época, las bandas contaron con la presencia de miembros de la Fuerza Pública. El informe señala por ejemplo que varias personas acusaron a un cabo de apellido Velandia que pertenecía a la estación de policía del barrio la Aurora y que patrullaba el sector en moto o en carros sin placa, vestido de civil, y amenazaba y golpeaba a los jóvenes.

El exterminio social en Ciudad Bolívar volvió a mutar en el año 2000 y hasta la mitad de la década con la expansión paramilitar en esta zona de la ciudad, sobre todo en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha. Los paramilitares se dedicaron a controlar “la oferta del servicio”, absorbiendo bajo su mando a las bandas delincuenciales que ya hacían presencia en la localidad.

Entre los años 2004 y 2005 hubo “un baño de sangre” sobre todo contra los jóvenes: “pasó de 66 [homicidios] entre enero y marzo del 2004, a 88 en el mismo lapso del 2005”, cita el informe. En total, entre esos dos años se contaron 140 personas asesinadas.

Tras la desmovilización, la violencia y los asesinatos por exterminio social siguieron en aumento, esta vez en manos de nuevas bandas criminales que se disputaban el control de la zona y los cobros de extorsiones.

Uno de los casos más aterradores que reseña el informe es el de la banda de “Los Calvos”.

Según los testimonios, “Los Calvos” surgieron como respuesta a la actividad de una banda de jóvenes que se dedicaba a abusar y violar a niñas colegialas de la localidad y que en el 2004, asesinaron a una niña de 15 años que, además, estaba embarazada. Entonces, su papá armó este grupo, integrado sobre todo por hombres adultos, “más que todo los padres de las niñas que fueron ultrajadas y muertas por causa de estos señores”, cita el informe.

“Se dice que al comienzo Los Calvos solo atacaron a los violadores, pero con el paso del tiempo ampliaron sus blancos para incluir delincuentes, consumidores y expendedores de droga”, agrega. Incluso, cita a otro habitante de la localidad que dice que el grupo sigue operando y que tiene como principal blanco a los bazuqueros y las ollas que hay en Ciudad Bolívar.

A pesar de que esta es la localidad más afectada por los exterminios sociales en Bogotá, otras como Santa Fé y Usme, la siguen de cerca. Entre estas tres se concentran casi dos terceras partes de todos los casos que han ocurrido en Bogotá entre 1988 y 2013. De hecho, según el informe, hace presencia en todas las localidades de la ciudad con excepción de La Candelaria.

Eso muestra que a pesar del estigma que tiene Ciudad Bolívar, la práctica del exterminio social está muy arraigado, incluso en Bogotá, que ostenta el título de la ciudad del país que más ha logrado reducir los homicidios. Sigue presente aún cuando no se hable de ésta y lo seguirá haciendo si no se visibiliza y se castiga. Porque como dice Rogelio, "me gusta trabajar pero si me dan la justicia por mis manos yo la tomo, porque hay gente que no quiere trabajar porque no quiere...".

Comentarios

Entradas populares de este blog

Ejército asesina a campesino. La comunidad se moviliza, el Estado guarda silencio

Noticia Colombia Soberana

El 24 de diciembre del presente año, aproximadamente a las 4 pm en la Entrada al corregimiento Juan José, sur de Córdoba,  el campesino Luis Eduardo Garay fue asesinado por miembros del Ejército adscritos al al Batallón Rifles. 
El día de Ayer, 27 de diciembre, los campesinos del Sur de Córdoba se movilizaron contra este hecho y ante el silencio del estado. 
Las comunidades del Sur de Córdoba vienen denunciando la entrada, fortalecimiento, lucha y consolidación de grupos paramilitares en su territorio y el silencio y la connivencia del Estado ante este problema que ya ha cobrado la vida de muchas personas, entre ellas Iván Lázaro, líder social asesinado por hombres pertenecientes a un grupo paramilitar sin identificar. 
Comunicado:


DENUNCIA PÚBLICA 
¡NOS ESTAN MATANDO!
Diciembre 25 del 2018
CONTEXTO:
La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba – ASCSUCOR, reconociendo la veracidad de lo enunciado en la Alerta Temprana 083-18 del 25 de noviembre del 2018, emitida por…

RECUERDOS DE LA ÚLTIMA NAVIDAD Y FIN DE AÑO DE LA FARC EN ARMAS

Crónica Por: Donald Ferreira

Terminamos un año más y ya van dos años de haberse firmado el acuerdo de Colón entre FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Recuerdo la última navidad y fin de año en armas, fue en la Mesa de Río Loro en el municipio de Buga departamento del Valle del Cauca. Nos encontrábamos concentrados en los Puntos de Pre agrupamiento Transitorios luego del fracasado plebiscito que dejo tambaleando las esperanzas de un acuerdo definitivo, sin embargo, en los PPT, celebramos la última Navidad 2016 y recibimos el Año Nuevo 2017.
Un churuqueo estruendoso es el llamado del oficial de servicio a todo el personal al patio de formación, “columna formar” dice el oficial, pronto el comandante Wilson Saavedra aparece y nos informa que pasaremos navidad allí, “vamos a celebrar la navidad en este lugar y posiblemente el año nuevo, tal vez será las últimas fiestas de fin de año en armas, debemos mantener la disciplina” nos dijo el comandante “así que sacaremos grupos pa…

Más de 30.500 colombianos han sido desplazados en 2018

Noticia Tomado del Espectador

La cifra se suma a los 7,7 millones de personas que han sido desplazadas al interior de Colombia desde 1985 como consecuencia del conflicto armado.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que más de 30.500 colombianos han sido desplazados forzosamente de sus territorios entre enero y noviembre de 2018.
La cifra se suma a los 7,7 millones de personas que han sido desplazadas al interior de Colombia desde 1985 como consecuencia del conflicto armado, informó el Acnur en un informe.
“Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que la población de Costa Rica. En algunas zonas del país aún no paran los desplazamientos forzados”, afirmó Viviana Ferro, subdirectora general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia (UARIV).
Acnur indicó que para la atención de los desplazados en el país apoya el proyecto ‘Consolidación de la Paz en Colombia a través del apoyo a soluciones duraderas pa…