Declaración del Congreso de los Pueblos sobre el proceso de paz en curso

Comunicado

Por Congreso de los Pueblos

1. El Congreso de los Pueblos reafirma que la solución del conflicto armado colombiano debe acompañarse de profundas transformaciones políticas y socio-económicas, que solo pueden hacerse realidad con una participación decisoria de la sociedad, especialmente de comunidades y organizaciones populares que han sido excluidas históricamente de la construcción y dirección del Estado y la nación colombianos.

2. El Congreso de los Pueblos nuevamente saluda los diálogos dirigidos a la terminación de la confrontación armada en el país, que se adelantan entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia FARC-EP; exigimos asimismo la instalación de la fase pública de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN; y demandamos que se busquen los acercamientos con el Ejército Popular de Liberación EPL.

Respaldamos la decisión que han tomado las insurgencias de aproximarse a ese escenario, el cual debe abrir, mediante el diálogo político, reales condiciones democráticas para la acción política del movimiento popular con garantías y libertades socio-políticas.

Reconocemos el esfuerzo conjunto que realizan el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP para terminar el conflicto armado. Rechazamos el propósito gubernamental de instrumentalizarlos para profundizar un modelo económico inicuo que ha fracasado y para desactivar la movilización y protesta sociales.

3. Frente a la inminente firma de acuerdos finales entre las FARC-EP y el gobierno, el Congreso de los Pueblos manifiesta que respaldará únicamente el mecanismo de refrendación que se acuerde por las partes. Acordado dicho mecanismo, llamaremos a votar afirmativamente por la refrendación del acuerdo general a que se llegue entre el gobierno y las FARC-EP.

Exigimos al gobierno nacional no continuar con procedimientos unilaterales, porque desgastan las figuras jurídicas posibles, desorientan a la ciudadanía que apoya los diálogos y dan oportunidad a la extrema derecha militarista para realizar sus acciones de sabotaje al proceso.

4. La implementación de todos los acuerdos a que lleguen el gobierno y las insurgencias debe ser concertada oportunamente --incluido el consentimiento previo e informado-- con las autoridades y organizaciones de los pueblos indígenas y afro, las comunidades campesinas y urbanas, así como las organizaciones sectoriales, en la medida que puedan afectarlas directamente.

Llamamos al conjunto de autoridades y organizaciones populares, así como a las autoridades de los municipios colombianos, para que la implementación de los acuerdos se traduzca en el fortalecimiento de la institucionalidad popular alternativa y de los diversos ejercicios de poder constituyente. Este propósito debe concretarse en la construcción de nuevos instrumentos para la autonomía popular, tales como un nuevo ordenamiento territorial y el reconocimiento de órganos populares de planeación y ejecución de políticas públicas. Solo así se garantizará una participación decisoria de la sociedad en el proceso.

Los mecanismos de localización de las fuerzas insurgentes en la fase de dejación o desuso de armas pueden tener implicaciones territoriales, que no deberían afectar a los gobiernos y procesos territoriales populares en su autonomía y sus competencias. Llamamos a la Mesa de Diálogo de La Habana a habilitar de inmediato los mecanismos de concertación requeridos; similar proceder deberá adoptarse en los demás procesos.

5. Repudiamos el propósito del gobierno nacional de aprovechar la dejación o desuso de armas de las insurgencias, y en general el cese de la confrontación armada, para profundizar la militarización de los territorios. Llamamos a la más amplia movilización social contra este propósito injustificable. El fin de la guerra debe significar el refuerzo de la institucionalidad civil y el control territorial por parte de las mismas comunidades.

Asimismo, rechazamos que el gobierno pretenda convertir la implementación de los acuerdos en un mecanismo para realizar un ajuste institucional antidemocrático, debilitar las organizaciones y procesos locales que han resistido al neoliberalismo y a la guerra, azuzar conflictos comunitarios y promover una piñata de recursos para recomponer una hegemonía clientelista.

6. Es fundamental que las organizaciones sociales reforcemos los mecanismos de diálogo y unidad para hacer de la implementación de los acuerdos un reforzamiento del proceso constituyente popular. La resolución de tensiones territoriales es urgente, para evitar que se exacerben en esta fase del proceso.

7. Sigue pendiente que el gobierno nacional entienda que la participación decisoria y protagónica de la sociedad es imprescindible para asegurar la transición a la democracia. La Asamblea Nacional por la Paz –organizada por la Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera USO-- y la Mesa Social para la Paz –impulsada por varias de las más importantes organizaciones sociales del país-- son escenarios claves para desarrollar ese gran Diálogo Nacional por la paz que el país requiere.

Rechazamos que el gobierno nacional y el empresariado hasta la fecha hayan sido negligentes frente a esas propuestas, desestimando la posibilidad cierta de entablar una negociación fructífera con los organizaciones populares, en dirección a adoptar las transformaciones que son necesarias para la paz. Insistimos en ellas.

La construcción de una nueva institucionalidad para la paz la adelantaremos directamente a partir de las propuestas los diversos sectores sociales han venido construyendo en los últimos años.

8.  El Congreso de los Pueblos participará activamente en las movilizaciones convocadas para el 17 de marzo próximo y el gran paro nacional que tendrá lugar este semestre. Esas masivas protestas y resistencias populares a una política socio-económica provocadora y anti-popular, son un aporte sustantivo a la construcción de la paz con justicia social.

XVIII Comisión Política Nacional

Santander de Quilichao, febrero 28 de 2016