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Las FARC piden desmonte del paramilitarismo y más voluntad del Gobierno, así se firmará la paz

Comunicados

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En los comunicados de los días 21 y hoy 22 de enero leídos por los comandantes Pablo Catatumbo y Ricardo Téllez respectivamente, la Delegación de Paz de las FARC enfatizan que sin el desmonte del paramilitarismo será muy difícil firmar la paz  y solicitan la normalización de un rápido trámite de amnistía e indulto de acuerdo con lo que se ha firmado. 

Comunicados

La Habana, Cuba, enero 21 de 2016, año de la paz

Con esperanza podemos comunicar hoy, que a partir de este ciclo en la Mesa de Conversaciones iniciaremos un debate profundo  sobre la urgente necesidad que para la paz de nuestro país significa superar el azote del paramilitarismo. Difícilmente se podría entender que las FARC-EP concluyeran el paso de una organización armada a movimiento político legal sin tener garantías ciertas de su desmantelamiento.

Ya hemos avanzado en compartir nuestras respectivas visiones buscando identificar la naturaleza, la complejidad y la amenaza que para el futuro de la sociedad y la democracia representa éste fenómeno, constituido hoy en la principal talanquera que impide el tránsito definitivo hacia una Colombia en paz y con justicia social.

Lastimosamente, tenemos que señalar que mientras iniciamos este debate, la actividad de los grupos paramilitares se multiplica  por todo el territorio nacional. Asesinatos y amenazas a la población civil de un lado, y combates con las fuerzas insurgentes por el otro, configuran hoy una realidad en departamentos como Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Córdoba y Nariño.

No terminábamos de lamentar las muertes de civiles en el Chocó y el desplazamiento masivo de campesinos en Antioquia, cuando el pasado 16 de enero supimos del asesinato en San Calixto de Nelly Amaya Pérez, líder campesina y comunitaria del Catatumbo. A sus familiares, toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias por su vil asesinato.

Sobre el tema, en la Mesa de Conversaciones hemos venido sosteniendo una postura clara: el paramilitarismo en Colombia ha sido una política de Estado. El fenómeno paramilitar no se limita a su manifestación estrictamente armada: las mal llamadas BACRIM. Buscar solucionar el problema ubicándose solamente en este plano, deja intactas las condiciones y la infraestructura que ha permitido la existencia de estos grupos, a la vez que libera de responsabilidades a los diversos sectores de la vida nacional que llevan años de beneficios e impunidad, fundados en el terror paramilitar.

La parapolítica, la para-economía, y una concepción equivocada del llamado “Orden público”, que le da tratamiento de guerra a la protesta social y al ejercicio de los derechos ciudadanos, al tiempo que justifica la justicia privada, también hacen parte de este fenómeno.

La solución efectiva a este flagelo requiere contemplar sus manifestaciones militares, económicas, políticas y la corrupción generalizada que es su caldo de cultivo. ¿Quién se lucra? ¿Quién despoja? ¿Quién desplaza?¿Quién financia? ¿Quién aprovecha los votos derivados del miedo?

Son interrogantes que tenemos que resolver.

Atacar la integralidad del fenómeno requiere precisamente del desmantelamiento de ese engañoso aparataje que da sustento a múltiples acciones criminales contra el pueblo, e impiden la democracia plena.

Avanzar hacia un definitivo fin del paramilitarismo requiere de voluntad política y de un compromiso decidido de la multiplicidad de fuerzas vivas de la nación: partidos políticos, gremios económicos, movimientos sociales, medios de comunicación y personalidades.

Imperiosamente, debemos construir entre todos, un verdadero pacto político, ético y moral que permita que las generaciones venideras de compatriotas, no tengan que sufrir esta desgracia. Un compromiso efectivo de NUNCA MÁS.

Se requiere así mismo de múltiples ajustes en la institucionalidad, que impidan que el Estado pueda ser instigador, cómplice o aliado de actividades de organizaciones criminales supuestamente contrainsurgentes. En ese sentido, proponemos crear un nuevo tipo penal destinado a sancionar  la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares.

Hemos propuesto también la creación de una Comisión Nacional por el Desmantelamiento del Paramilitarismo y contra la Impunidad en Colombia, órgano independiente pero con participación de instituciones del Estado, de representantes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y de las FARC-EP en tránsito a movimiento político sin armas.

Esperamos que el fruto de toda esta discusión bilateral, nos traiga nuevas noticias que alimenten las esperanzas de nuestro pueblo por una paz estable y duradera que se traduzca en justicia social, en bienestar y buen vivir para los colombianos.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP




Desde el inicio de las conversaciones las FARC-EP hemos venido exponiendo al país, la grave crisis humanitaria que enfrentan los prisioneros políticos en Colombia, y planteando alternativas para su liberación, dentro de lo contemplado en el punto 3.3 del Acuerdo General de la Habana. Habiendo avanzado en extensos debates y en importantes acuerdos parciales que nos permiten avizorar la anhelada paz, hoy es claro que la libertad de todos los procesados y condenados por motivos políticos será pieza angular para el fin del conflicto.

En recientes declaraciones el Fiscal General de la Nación, propone sustituir las medidas privativas de libertad, con beneficio de excarcelación, para los condenados y procesados por hechos del conflicto, no solamente para los casos en que padezcan problemas de salud, indicando que existen vías en el ordenamiento jurídico, para ello incluso antes de la firma del Acuerdo Final de Paz. En palabras del Fiscal, estas personas podrían quedar a disposición de la justicia con la obligación de permanecer en ciertos lugares del territorio.

Reconocemos la intención del Fiscal de ponerse a tono con el proceso de paz y con los acuerdos del Estado colombiano de desescalamiento del conflicto, aunque aun persistan acciones en contravía de estos fines como el anuncio en días anteriores del vicefiscal Perdomo de 1500 nuevas investigaciones penales contra civiles pretendiendo procesarlos por delitos políticos.

La liberación de los 30 indultados, así como la ejecución efectiva de las medidas propuestas por la Fiscalía, se configuran como un primer paso fundamental hacia la resolución de la problemática de los prisioneros políticos. Pero para que este proceso sea pleno, se requiere de la integración al bloque de constitucionalidad del Acuerdo del SIVJRNR y el rápido trámite de la normatización de la amnistía y el indulto consecuente a lo firmado, que permita la liberación y excarcelación de quienes hayan sido procesados por hacer uso del derecho a la rebelión o en ejercicio del legítimo derecho a la protesta social, así como medidas equivalentes para agentes del Estado.

Entre tanto y dentro de las posibilidades actuales para llevar el acordado desescalamiento del conflicto al terreno jurídico, queda en manos de la Presidencia de la República la aprobación de nuevos indultos; y en potestad de la autoridad del Fiscal General está la extinción de la responsabilidad penal para los miles de condenados y procesados por delitos políticos y de protesta social, así como la inhibición de la Fiscalía para nuevas investigaciones penales por rebelión y hechos del conflicto armado, incluyendo el fin de la expedición de más órdenes de captura derivadas de estos procesos; todo ello sustentado en el notorio desarrollo del proceso de diálogos y los incontrovertibles gestos de paz de las FARC-EP.

 DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP


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