Comunicado
Tomado de Pacocol
De Comité de y para los Derechos Humanos
El Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó rechaza categóricamente persecuciones políticas contra los movimientos sociales y las formas en las que se están implementando en la región para reprimir las expresiones sociales que buscan fortalecer la democracia.
El Estado colombiano, con su mano dura contra el campesinado pero con la complacencia con los criminales, demuestra la bajeza y cobardía con la que pueden actuar contra las expresiones sociales que intentan recuperar el tejido social. Es muy cuestionable la actitud de algunos funcionarios peligrosos que malintencionadamente buscan acabar con las organizaciones sociales que propenden por la paz y la reconciliación. Esta cacería de brujas aleja al pueblo colombiano de la paz con justicia social, de la democracia; ya que no permite recuperar la confianza perdida en el Estado frente a las violaciones a los derechos humanos. Es contradictorio que mientras el país se prepara para la paz con justicia social, mientras se llegan a acuerdos sobre víctimas de este conflicto, arrecien las acciones contra el movimiento social en un claro y viciado proceso penal.
La Asociación Campesina de San José de Apartadó se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos y por la denuncia de las violaciones a éstos y mientras tanto las respuestas del Estado colombiano son retaliaciones por esta noble labor. Es evidente que desde hace ya largo rato altos mandos de la Brigada XVII y otros funcionarios vienen señalando y estigmatizando el proceso legal del campesinado que busca la paz y la restitución de sus derechos altamente olvidados por quienes tienen mano dura para el inocente pero complacencia con los victimarios.
El pasado 25 de enero del presente año, a las 11:30 pm, llegó hasta el casco poblado de San José de Apartadó un grupo de personas que se movilizaban en una camioneta de placas HCI-108 (algunos de ellos en estado de alicoramiento), sin presentar ninguna identificación, intentaron retener a Pedro Pablo Rivera, propietario de una cantina ubicada en el casco poblado. Estas personas estaban acompañadas por el Ejército Nacional en lo que al parecía ser un procedimiento judicial contra dicho campesino. Se reitera que en ningún momento se identificaron a pesar del reclamo de la comunidad, grabaron ilegalmente a las personas, señalaron, estigmatizaron y amenazaron a los habitantes del corregimiento. Por estar ebrios y carecer de algún documento que respaldara lo que al parecer era un procedimiento de captura, la comunidad procedió a proteger a sus vecinos y a rechazar categóricamente este hecho. Es de recordar que históricamente estas retenciones ilegales terminan convirtiéndose en asesinatos para-estatales o falsos positivos.
Todo estos procedimientos ilegales obedecen a una campaña de detenciones y persecuciones contra el movimiento social y los campesinos, además de que todas estas judicializaciones van en contravía de la jurisprudencia nacional e Internacional y de las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas y por el Comité Internacional de la Cruz Roja, desatando una crisis humanitaria en San José de Apartadó en tiempos en los que sólo se escucha de parte de la comunidad clamores de paz. Por todo lo anterior se exigen garantías al debido proceso para impedir la materialización de los mal llamados falsos positivos judiciales contra las organizaciones sociales y los habitantes de San José de Apartadó. Se exige un cese inmediato a la persecución, hostigamiento, represión estatal y estigmatización contra la población campesina y los líderes defensores de derechos humanos por parte del Estado colombiano. Se exige respeto y garantías a la vida y la dignidad de los líderes habitantes de la región, asimismo como el catamiento de las garantías constitucionales de defensa, libertad y honra de los ciudadanos.
Se exige también investigaciones objetivas a estos procesos y a los funcionarios que atentan contra la democracia por la forma en que están actuando fabricando procesos contra los movimientos sociales y las organizaciones y habitantes de las comunidades campesinas. Se exige transparencia en la construcción de la anhelada paz y que se respeten las libertades de participación de las comunidades, la autonomía de las Juntas de Acción Comunal y que se castigue jurídicamente a quienes atentan contra éstas expresiones de democracia.
Se exige que cese el irrespeto a los espacios de deliberación civil y comunitaria y que se garantice el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y de expresión coartados por la intromisión de la Fuerza Pública. Que cesen los constreñimientos para obligar a los civiles a participar de la guerra y que termine la persecución contra los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios y finalmente que se activen de manera inmediata los mecanismos y protocolos de verificación y protección de derechos fundamentales de las personas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de la comunidad campesina de San José de Apartadó.
Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó
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