VÍCTIMAS DEL UPAC/UVR

Análisis

Tomado de Delegación de Paz de las FARC-EP

Por Carlos Antonio Lozada

En reciente artículo publicado en el portal de la revista Semana, el periodista Uriel Ortiz Soto,  propone que: “los casi dos millones de familias que ya perdieron sus vivienda o están en vía de perderlas, producto de las marrullas jurídicas entre jueces, magistrados y auxiliares de la justicia, que se amangualan con las entidades financieras, se organizaran y una comisión pida cita con los negociadores de paz en La Habana, Cuba, con el fin que sean escuchados y expongan todo el viacrucis que les ha tocado vivir por más de cuarenta años, cuando son desalojados de sus viviendas en forma inhumana, cruel, injusta y torticera”.

¡Ha lugar!; como dirían los jueces.

A pesar del inminente cierre en las próximas horas del punto 5, víctimas, la propuesta es pertinente ya que se trata de uno de los dramas más dolorosos –todos lo son-, de los provocados por el conflicto económico, político, social y armado que agobia a los colombianos, desde hace décadas.

Junto con los más de seis millones de desplazados por las bandas paramilitares, con el propósito de arrebatarles sus tierras; los casi dos millones de compatriotas que menciona el  periodista Ortiz, despojados de sus ahorros y sus viviendas por los vampiros del sistema financiero;  son una muestra descarnada de la realidad de un conflicto, que más allá de cifras y estadísticas encierra millones de tragedias humanas, si tomamos en cuenta que detrás de cada uno de esos ocho millones de colombianos hay una familia. Niños, mujeres y ancianos lanzados a las calles de las grandes ciudades por un sistema indolente, al que lo único que le importa es la acumulación de tierras y capital, en manos de los poderosos.  

El artículo en mención, nos remitió a la época de los diálogos de paz en San Vicente del Caguán; donde el 20 de agosto de 2000, se realizó la Audiencia Especial con el Sector de Pequeños y Medianos Empresarios y  Usuarios de Crédito con el propósito de escucharlos, en la misma idea que menciona el periodista Ortiz en su columna; que la Mesa de conversaciones pudiera ayudar a encontrar una salida al problema de estas familias, víctimas de la voracidad del sistema financiero.

En la ponencia que leyó la Comisión Temática de las FARC-EP en esa audiencia, alertamos a “… quienes sufrieron tantos años de angustias porque se desvanecía el sueño de tener una casita roja en unas hermosas villas con colmenas de buenas y laboriosas abejitas, el sueño de ahorrar más…”, para que no se confiaran de la sentencia de la Corte Constitucional, C-955 de 2000, que ordenó calcular los intereses remuneratorios sobre los saldos insolutos del capital actualizados con la inflación, y no sobre la unidad de cuenta UVR.

En ese entonces se calculaban alrededor de 800 mil familias afectadas directamente por el sistema financiero y en riesgo de perder sus viviendas y sus ahorros. Lo cierto es que hoy, tras 15 años de guerra de exterminio contra la insurgencia y de la más brutal arremetida de los despojadores de campo y la ciudad, contra los colombianos; las víctimas del neoliberalismo se cuentan por millones; con la particularidad muy colombiana de que aquí nos impusieron el modelo a sangre y fuego.

Es solo de forma, la diferencia entre las notas amenazantes que las bandas paramilitares envían a los campesinos para obligarlos a dejar sus tierras so pena de que lleguen a expulsarlos mediante la violencia; y las notificaciones judiciales que reciben las familias deudoras de los bancos, para que les entreguen sus viviendas, antes de que lleguen los escuadrones del ESMAD, a lanzarlos a la calle. Víctimas todos del criminal modelo neoliberal. El mismo modelo económico, que reiteradamente el Gobierno del Presidente Santos se niega a discutir en la Mesa de La Habana.

Todo indica, que esta vez sí será posible llegar a un acuerdo definitivo de paz que permita terminar la expresión armada del conflicto colombiano; acuerdo cuya esencia es la ampliación de la democracia; lo que nos debe permitir a los colombianos encontrar por medio de la actividad política democrática, alternativas distintas al actual régimen de dominación oligárquica, que a través de la violencia institucional, impone los intereses y la voluntad de las élites económicas.

Solamente bajo un nuevo Estado profundamente democrático, habrá justicia para todas las víctimas del modelo socio-económico actual, pero esa es tarea de una Asamblea Nacional Constituyente, que debe nacer de la firma del tratado de paz.

 Por lo pronto, aquí esperamos la delegación de víctimas del sistema financiero para escuchar atentamente sus sentidas reclamaciones y juntar banderas en pro de una Nueva Colombia.