Un año difícil para la libertad de prensa en Colombia

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Por El Espectador

Aunque hubo avances significativos en casos de periodistas asesinados, este año se presentó un aumento en el número de comunicadores violentados.

Un año difícil para la libertad de prensa en Colombia

Foto: Archivo AFP

De acuerdo con el último balance de la Fundación para la Libertad de Prensa, este año estuvo marcado por el aumento de la violencia y la impunidad en los casos de violación a la libertad de expresión en el país.

Durante este año, se presentaron nuevos casos de interceptaciones ilegales, que no solo comprometen al Estado, y al parecer a la Policía, sino además reviven los casos de las chuzadas por parte del DAS.

Así mismo, se presenta la prescripción de cuatro casos de periodistas asesinados, entre los que se encuentra Ernesto Acero (director del periódico El Informador Socioeconómico, quien meses antes de su muerte venía denunciando al senador Oviedo Alfaro), Iván Dario Pelayo (director de la emisora LLanorámica Estéreo, quien fue asesinado por miembros del ELN que, al parecer lo consideraron aliado a los paramilitares), Gildardo Ariza (director de la emisora Ondas del Casanare) y Gabriel Cruz (periodista de EL Heraldo y El Espectador, que para el momento de su muerte se realizaba un trabajo de investigación sobre las acciones militares en contra de la izquierda en el norte del país).

Por otro lado, la Flip reitera los constantes retrasos que se han presentado en los casos de Jineth Bedoya y Jaime Garzón, en los que más allá de las dilaciones en los procesos, se evidencia la impunidad que se presenta en varios casos de violación a la libertad de prensa.

Según Pedro Vaca, director de la Flip, los casos de periodistas asesinados se dividen en tres grupos. En el primero, donde está la mayoría “los casos no son investigados de manera adecuada y muchas veces, al poco tiempo terminan abandonados, archivados o suspendidos”.

En el segundo grupo se encuentran los casos emblemáticos “que tienen mucho seguimiento y que tienen cierto interés de la Fiscalía para agilizarlos”, pero donde hay casos como “el de Guillermo Cano, que en 2010 lo declararon como un crimen de lesa humanidad, pero en verdad esa declaratoria no ha servido para que avancen las investigaciones”, afirma Vaca.

Por último vienen un grupo “mucho más reducido, donde se ven algunos avances, como en el caso de Orlando Sierra, en el que se capturó al autor material que dio información que resultó importante, pero no suficiente, aunque la justicia lo premió, ya que logró salir de la cárcel a los cinco años. Después lo mataron”.

Por otra parte, este año se dieron decisiones importantes en otros casos. El 31 de diciembre de 2014 fue condenado a 39 años de prisión Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López “La Gata”, por el asesinato Rafael Enrique Prins. Es el primer caso, de los 146 registrados por la Flip en el que se condena al autor material por el homicidio de un periodista.

Así mismo, el pasado 24 de junio fue sentenciado a 36 años de prisión Ferney Tapasco por la participación y responsabilidad en el asesinato del subdirector de La Patria, Orlando Sierra, a manos de dos sicarios que lo abordaron cuando salía del periódico en compañía de su hija.

Mientras que el pasado 23 de noviembre, el Consejo de Estado responsabilizó al Estado por el crimen del periodista Efraín Varela, debido a que los miembros de la Brigada XVIII del Ejército facilitaron el accionar de los miembros del Bloque Vencedores de las AUC, quienes interceptaron el carro en el que se movilizaba el director de la emisora El Meridiano, lo subieron a otro vehículo y metros más adelante lo fusilaron.

Para Vaca, es importante que las autoridades evalúen las publicaciones periodísticas de los comunicadores violentados, debido a que ahí “se encuentran pistas sobre quienes pueden ser los asesinos o los victimarios (…) Cuando amenazan o matan a alguien se van por las por la prueba balística, técnica o del testigo que estuvo ahí, pero nunca exploran el trabajo periodístico, de donde deberían sacar las primeras hipótesis”.

Finalmente, la Fundación resalta la labor del Estado en mejorar la situación, ante la creación de una política pública, por parte del Ministerio del Interior, para garantizar las condiciones de la libertad de expresión de los periodistas, así como el proceso de reparación que lleva a cabo la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas al periodismo, y el trabajo que realizó el Centro de Memoria Histórica sobre las implicaciones del conflicto en la violencia contra la prensa.

“Todavía está pendiente saber el impacto que tendrán estas iniciativas, las cuales requerirán del compromiso del Estado y del seguimiento juicioso por parte de la comunicad periodística”, dice la Flip.