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Por Prensa Rural
Antioquia es uno de los departamentos que más ha sufrido el conflicto armado y es donde se ha anidado con mayor profundidad el autoritarismo, las soluciones armadas y la desconfianza hacia el proceso de paz.
La situación de defensores de derechos humanos en el departamento es grave, pues siguen aumentando las agresiones. “Sigue siendo claro que para la institucionalidad el tema de defensores de derechos humanos ocupa un lugar bastante secundario, cuando no, un actor que les incomoda. El saldo de doce homicidios y 178 amenazas principalmente a campesinos, comunidades de paz, magisterio y estudiantes devela la falta de garantías para los actores sociales cuyo único “delito” es defender el Estado de derecho y la entereza de visibilizar a quienes desde el Estado mismo conspiran contra aquello que ha jurado defender, proteger y desarrollar: el marco garantista de la constitución política”, dice en el informe de derechos humanos en Antioquia de 2015 de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Nodo Antioquia.
“El proceso de garantías no ha sido efectivo porque no ha servido para salvar vidas. Poca o nula la acción de la Fiscalía y procuraduría ante las denuncias. El seguimiento es escaso, no se han hecho las sanciones”, expone César Mendoza de la fundación Sumapaz, en el acto de instalación de la mesa.
Desde el 2009 las organizaciones sociales de Antioquia junto con el gobierno realizaron unas matrices que direccionan el trabajo con los defensores de derechos humanos, pero hasta la fecha no se ha avanzado en nada, las audiencias no tienen eco y se archivan los casos.
Por ejemplo hace cuatro años que fue asesinada la defensora de derechos humanos Ana Fabricia Córdoba, que desde los 90s venía siendo amenazada, se hacían las denuncias y el estado nunca respondió, y hasta hoy ese caso está en la impunidad. La respuesta de las entidades es que están investigando, pero cuatro años después no han mostrado ningún avance.
El tema común en todos doce asesinatos, seis de ellos en Medellín, es el presupuesto participativo, donde las bandas criminales, los paramilitares vienen hostigando y apropiándose de estos recursos que las mismas comunidades se han encargado de administrar.
“La confianza está afectada por el incumplimiento de los compromisos, continúan las agresiones. El diálogo sigue siendo un ejercicio de sordos” afirma César Mendoza.
El defensor de derechos humanos es aquel que lucha por su territorio, no solo son las ong´s como quiere mostrarlo el Estado, son las juntas de acción comunal, las mujeres, las víctimas, los estudiantes.
Por todos estos incumplimientos, las organizaciones sociales del departamento acordaron instalar una mesa de garantías a los defensores de derechos humanos, para que no se siga quedando en la impunidad las agresiones y se haga presión para el verdadero cuidado de la vida de los que están en constante defensa de la integridad humana. Allí firmaron el secretario de gobierno, el encargado de derechos humanos del Ministerio del Interior, el asesor de derechos humanos en Medellín y las organizaciones sociales.
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