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Los estruendos del Palacio de Justicia

Análisis
Por Nelson Lombana


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(Ibagué, noviembre 7 de 2015) Hace treinta años era asesinada una de las ramas del poder público en Colombia: La rama Judicial. Sus miembros caían vilmente, unos por las balas del mismo Estado, otros calcinados por el voraz incendio y otros rematados por las mismas fuerzas militares en completo estado de indefensión. Todo parecía un plan siniestro urdido por los que hoy se declaran víctimas de un hecho sensacionalista y dramático que conmovió la opinión pública, nacional e internacional.



La verdad sobre los hechos aún permanece entre bambalinas, tapada por versiones superfluas, seguramente distantes de la realidad. Existe la posibilidad de saberse una vez muera el ex presidente Belisario Betancur Cuartas. Quizás entonces se sabrá sobre lo que se sospecha con sobrados argumentos y que se dice en los sectores democráticos y de izquierda: El 6 de noviembre hubo en Colombia un golpe de Estado, liderado por el general Vega Uribe, la cúpula militar y un sector de la clase oligarca, es posible, la más reaccionaria y militarista de la época.  



Si bien es cierto hay muchos interrogantes sobre este acontecimiento, al extremo que ruedan hipótesis a granel, se escribió abundante y se sigue escribiendo, hay dos posiciones claras y contrapuestas que se disputan un espacio en los anales de la historia. Un parte que trata de ocultar la verdad, acomodarla al tamaño de la clase dominante y la otra que busca la verdad cruda y sin tapujos. Qué importante sería que los militares desclasificaran la información, lo mismo la embajada de los Estados Unidos, permitieran la revisión de sus archivos. Seguramente muchas verdades saldrían a flote y la posibilidad de verdad, justicia, reparación y no repetición se fortalecerían y dejarían de ser una simple utopía irrealizable.



Hipótesis como que esta acción guerrillera fue financiada por el narcotráfico de Medellín, la teoría de la “ratonera”, que dice que los militares sabían pero que subvaloró el poder guerrillero y por el contrario, disminuyeron la seguridad del Palacio o la otra, el golpe de Estado que los medios masivos de la oligarquía suavizan con el eufemismo de “vacío de poder”. Seguramente, hay muchas más. El conocido periodista Alfredo Molano señala que fue “una toma inducida”, por ejemplo.



Otros testimonios periodísticos dicen que el presidente de la república, comandante de las fuerzas militares, tuvo que resignarse a seguir los luctuosos acontecimientos a través de un pequeño radio de pilas, en medio de la salvaje censura de prensa. La sangrienta toma del Palacio al parecer se hizo sin su opinión. Incluso, al parecer no se le fue permitido dialogar telefónicamente con el doctor Reyes, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Un poder no pudo hacer nada por salvar el otro poder.



A pesar de la incomunicación salvaje de la ministra de comunicaciones, doña Sanín y su combo, jugaron y juegan papel fundamental en el esclarecimiento de la verdad los periodistas. Entre ellos, hay que nombrar al entonces reportero gráfico del semanario VOZ La verdad del pueblo, Lucio, quien con su mágica cámara ha venido ayudando decididamente al esclarecimiento de muchas personas que salieron con vida y fueron rematadas o desaparecidas por los militares asesinos.  



Este hecho luctuoso, dramático y polémico, hace parte de la larga lista de crímenes que debe responder cabalmente la clase dominante en Colombia, la oligarquía en contubernio con los Estados Unidos. La lucha hoy es por erradicar la peste del olvido, el Valium que nos inyecta a diario los medios masivos de comunicación. Mientras el Palacio de Justicia ardía en llamas, en el estadio El Campin se jugaba un partido de fútbol, el cual era trasmitido en vivo y en directo. Era más importante un gol que la justicia. Así es esta oligarquía que hoy encarna en Bogotá el señor Peñalosa y en la presidencia Santos.



Por nuestros muertos ni un minuto de silencio. A todos ellos, ¡Honor y gloria!

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