Comunicado
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de Paz, 15 de septiembre de 2015
“En el Parque Nacional Chiribiquete no hay vida humana,
salvo los indígenas que se considera que todavía están allí,que nunca han salido de allí, pero allá no hay vida humana".
Desconcertante opinión de Gabriel Vallejo, Ministro del Medio Ambiente
En el último cuarto de siglo, decenas de títulos mineros han sido entregados a empresas extractivas, otorgándoles “licencia para matar”, destruir la selva y desarticular los tejidos comunitarios que ancestralmente han basado su existencia en la plena integración con sus entornos naturales. La estrategia perversa ha sido la de desfigurar el obligado procedimiento de consulta previa, cooptando o corrompiendo a líderes de las comunidades para proceder a actuar a sus anchas bajo un viciado cobijo legal. En medio de esta adversidad, afortunadamente una sentencia de la Corte Constitucional puso freno a la voracidad de la llamada “locomotora minero-energética” que amenazaba arrasar con el Parque Nacional Yaigojé Apoporis, en la Amazonía colombiana, beneficiando a la trasnacional canadiense Cossigo Frontier Mining Corporation en detrimento de la naturaleza y los nativos de ese santuario de vida.
Como la Cossigo, muchas otras empresas han realizado una sistemática práctica detestable de injerencia y presión indebida sobre las comunidades para lograr sus objetivos de explotación, sin que les importe para nada el daño a las familias indígenas y al medio ambiente. Pero esto no es parte solo del despojo aurífero, sino de toda la actividad económica minero-energética y de explotación agroindustrial, que se expresa también, por ejemplo, en la propagandizada “recuperación de 280 mil hectáreas de tierra” en el Caquetá, que supuestamente pertenecían a las FARC-EP.
Se pretende engañar al país diciendo que esta acción se encamina a recuperar predios para entregárselos a los campesinos necesitados. Pero quien medianamente conozca la historia y el diario vivir en estos escenarios, sabe sin dudas que lo que han hecho los funcionarios del gobierno es una falsa “incautación de activos” que en nada está dirigida a beneficiar a los más necesitados.
No más mentiras al país, titulen las tierras a los campesinos que las trabajan. El acuerdo de paz no consiste en darle gabelas a multinacionales como la Hupecol, ni a Canacol; la paz no consiste en entregar bloques petroleros a diestra y siniestra solo para que las empresas extranjeras se lleven la riqueza y como la Emerald Energy, al final solo dejen pedazos de pavimento, huecos y daño ambiental.
En la práctica son muchos los “Apoporis” amenazados, parece inminente la privatización de la Altillanura, y es claro que en todo el país ocurre lo que en San Vicente del Caguán, donde de las tierras supuestamente incautadas a las FARC por lo menos el 50% son parques naturales sobre los que respecto a los campesinos se argumenta que no se puede entregar títulos, pero en cambio a las petroleras ya se les ha otorgado concesiones. Ello explica la creciente presencia de las multinacionales y de los afanes de incautación del gobierno, pues el hecho concreto es que de los 42 proyectos para buscar petróleo habidos hasta mediados de este año en el Caquetá, 20 están en San Vicente del Caguán, escenario donde dicen que recuperaron las tierras de las FARC.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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