Análisis
Tomado de Delegación de Paz de las FARC-EP
Por Edison Romaña - Integrante de la Sub Comisión Técnica FARC-EP


Es por esto que el punto 5 de la Agenda sobre Víctimas está en el centro del acuerdo para poder satisfacer a quienes sufrieron tan monstruosa guerra, cuyas horribles dimensiones solo hemos vivido los colombianos.
Es que en verdad, la magnitud de esta tragedia supera la de la dictadura de Pinochet en Chile, que fue tan dura; las de Argentina e incluso si sumamos el número de víctimas provocadas por todas las dictaduras de América del Sur en el siglo pasado; lo que vivimos en Colombia sobrepasa ese número de víctimas.

Si se contara en Colombia la historia en detalle de tanto terror, tortura y muerte tomando tan solo los últimos 20 años, para no hablar tan lejos, serían múltiples las páginas que revelarían la macabra guerra desarrollada por la clase dominante en Colombia, tanto, que las funerarias se convirtieron en uno de los negocios más rentable del país; los ríos en los depositarios de miles de desaparecidos y las casas de pique actuales en la más tenebrosa muestra de la degradación del régimen político colombiano.
Capítulo aparte merecen los llamados falsos positivos, originados en la orden de que cada base militar presentara 15 bajas de guerrilleros en el mes, los batallones 20 y así sucesivamente para que los cabos, sargentos, capitanes, coroneles y generales se pudieran mantener en las instituciones, tener privilegios, dinero, viajes al exterior y escalar posiciones; todo esto, a costa de la sangre de inocentes. Si no lo cumplían eran llamados a calificar servicio.
Debido a esto la región del alto y bajo Ariari vivió la arremetida de la cuarta división y séptima brigada del ejército, especialmente del batallón 21 Vargas, cuyo comandante para ese entonces, el coronel Caballa, le puso precio a cada guerrillero. Y como si fuera poco, no podía faltar allí el cinismo del terror capitalista, para el cual no era suficiente la muerte y el dolor, sino que además convirtieron el municipio de Granada en el departamento del Meta en un negocio con los cadáveres que llegaban allí, sin importar si eran guerrilleros o civiles, los cuales pasaban por insurgentes, cuyas familias tenían que pagar 4 millones de pesos para que los cadáveres les fueran devueltos y además someterse a la ley del silencio si no querían compartir la suerte de sus seres queridos.

Los programas de radio que daban los domingos orientando la tropa y pidiendo resultados abiertamente, así lo testimonian. Las ansias de presentar resultados y quedar bien ante los mandos militares yanquis, llegó a tal punto que desbordó la lógica, como en el caso del batallón de ingenieros Albán, que operaba en Villavicencio y Acacias, donde dicho batallón se dedicó a presentar bajas de guerrilleros muertos, a diestra y sin siniestra, en un área donde no había presencia de la insurgencia.
Así podemos pasar una larga lista de muertos entre los cuales hay campesinos y gente del común que nada tenían que ver en esta guerra, que reposan en los cementerios de las cabeceras municipales y departamentales como guerrilleros, además de algunos viejitos y ancianas que hicieron pasar como comandantes de tan “peligroso grupo”. No es posible que tan atroz práctica pueda quedar olvidada en las páginas del cuarto de San Alejo; el asesinato a sangre fría de tantos humildes seres humanos en esta guerra, y que además, están en el anonimato por las amenazas que tienen que soportar quienes piensen en denunciar estos graves hechos.
La historia contará lo horrible que ha sido esta confrontación impuesta por el Estado, la historia se encargará de que no quede en el olvido para que, con sus enseñanzas, las nuevas generaciones sean capaces de salir de esta horrible noche que les tocó vivir en un país aún oscurecido por la brutal sinrazón de los opresores.
Estos hechos perpetrados por el Estado, su fuerza armada y su maquinaria paramilitar configuran una realidad que no puede negarse por más que lo quiera el Establecimiento.
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