Comunicado
Bogotá, Colombia. 8 de julio de 2015.
El Congreso de los Pueblos y organizaciones de derechos humanos denunciamos y rechazamos ante la comunidad nacional e internacional los hechos en los que han sido detenidos, bajo la modalidad de falsos positivos judiciales, 16 personas, integrantes de procesos sociales, estudiantiles, periodistas, entre otras.
En este momento en el que se abren más posibilidades hacia la paz, representados en los anuncios de cese al fuego que le dan más confianza al proceso, se desata nuevamente la persecución y estigmatización al movimiento social el cual viene reclamando constantemente garantías al ejercicio de su actividad social y política.
El país ha conocido el sistemático montaje judicial contra líderes de procesos sociales. Tales falsos positivos judiciales han arrojado la interposición de 13 mil demandas administrativas por errores judiciales, esto ha comprometido aproximadamente 27 billones del presupuesto general de la nación. Así por ejemplo, entre 2009 al 2012, 8.600 personas se les vinculó a procesos por supuesta vinculaciones con la insurgencia, de ellas sólo 2058 personas permanecen privadas de la libertad y en consecuencia más del 75% de los capturados fueron declarados inocentes.
Exigimos garantías al debido proceso de las personas detenidas el día de hoy 08 de julio de 2015, toda vez que los medios de comunicación y el alto gobierno, desconociendo la presunción de inocencia, ya han emitido una condena anticipada al imputarles públicamente su pertenencia a organizaciones insurgentes, con ello violan el principio de independencia judicial y debido proceso al que tienen derecho.
Exigimos al gobierno Nacional garantías para la participación política, pues es inconcebible que mediante asesinatos, amenazas y detenciones arbitrarias se pretenda acallar la voz del movimiento social en Colombia.
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