Comunicado
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 25 de 2015
Los acontecimientos de los últimos días en el corregimiento de El Mango, municipio de Argelia-Cauca, así como los del municipio de Inzá, en el mismo departamento, ponen de manifiesto que el cansancio de la guerra en los colombianos y colombianas empieza a tornarse en rebelión civil contra la Fuerza Pública en zonas en donde su presencia hostil se ha granjeado el rechazo de la población rural.
En Argelia, campesinos y campesinas hartos de soportar dentro de sus casas a policías confinados por el temor de ser atacados -convirtiéndose en factor de riesgo para la vida de los habitantes-, procedieron a expulsarlos del casco urbano, exigiendo su reubicación lejos de la población.
En Inzá, el asesinato de un comunero por una patrulla del Ejército, derivó en la retención de una treintena de soldados por parte de la comunidad indígena que exige el cese de las operaciones y que los militares abandonen el territorio.
La explicación de los hechos y la reacción de los altos mandos policiales y militares ha sido la de acusar a los campesinos e indígenas de ser guerrilleros infiltrados vestidos de civil y han amenazado con procesarlos judicialmente y aumentar el contingente policial.
Al ubicar estaciones de policía y unidades militares en medio de los pobladores el Estado colombiano está violando normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), del cual es firmante, más precisamente el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, Artículo 58 - Precauciones contra los efectos de los ataques, el cual dice:
“a) se esforzarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del IV Convenio, por alejar de la proximidad de objetivos militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control;
b) evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas;
c) tomarán las demás precauciones necesarias para proteger contra los peligros resultantes de operaciones militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control.”
El repudio de la población a la Fuerza Pública, manifestado en Argelia e Inzá, es la demostración clara del fracaso de la mal llamada política de “seguridad democrática” que cumple ya 13 años de implementación y que aún hoy se insiste en mantener con la falsa creencia de que servirá de pomada milagrosa para resolver la honda crisis social que vive nuestra patria.
¿Hasta cuándo podrá mantener la mal llamada clase dirigente esta falacia?La nación colombiana necesita y quiere la paz y está dispuesta a construirla con su participación directa, ese es el mensaje que debemos descifrar de las acciones de las comunidades de Inzá y Argelia.
El tiempo de la solución militarista de la crisis se agotó y ya comienza a agrietarse ese pretendido apoyo a la solución militarista.
Es hora de abrir el cauce de la democracia escuchando y dando protagonismo al pueblo. El actual momento histórico demanda receptividad y sensatez de quienes se encuentran en la conducción del Estado.
Esto deben también interiorizarlo esos sectores que se han quedado momificados pidiendo más guerra cuando no arriesgan un ápice en ella pero sí obtienen cuantiosos beneficios de la corrupción y del río revuelto que genera la represión y la violencia.
El Gobierno por su parte debe meditar también sobre esto y abrirle vía a acordar el cese al fuego bilateral que exigen las mayorías nacionales y la comunidad internacional. Así se podría facilitar la construcción de un acuerdo final de paz: Hay que desescalar la guerra, no hay otro camino.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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