Análisis
Tomado de El Espectador
Por Iván Cepeda Castro
Un cuatrienio es un lapso suficiente para valorar los efectos de una política pública.
Al cumplirse cuatro años de la aplicación de la Ley 1448 de 2011, no se pueden desconocer los logros que ha tenido el reconocimiento de las víctimas, fruto de la movilización de las organizaciones sociales y de poblaciones que han sufrido los impactos de la violencia.
Esta norma admitió que en Colombia hay un conflicto armado, reconoció la existencia de las víctimas del Estado y puso en marcha un programa limitado de reparación administrativa, destinado a los sectores mayoritarios de las víctimas: indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, mujeres, niños y adolescentes, de regiones afectadas por la pobreza estructural. La ley generó espacios de participación local y nacional, y creó un sistema de registro que ha permitido una aproximación a la magnitud de los impactos del conflicto.
Tanto sus carencias intrínsecas como la exclusión de elementos reparadores esenciales y de garantías de no repetición, la han convertido en un instrumento incompleto y de alcances muy limitados. Reducciones presupuestales progresivas y un sistema que no ha funcionado, hacen que la participación e interlocución de las víctimas con las autoridades no tengan sentido, porque no hay respuestas concretas. Aunque el registro único es un avance, sus resultados no lo son. El proceso para el reconocimiento de las víctimas no toma en consideración la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El procedimiento somete a las víctimas a un laberinto burocrático.
No obstante, los más graves problemas están en el componente de restitución de tierras. En teoría, la ley buscaba afrontar las transacciones espurias que se dieron de manera masiva como parte de una gigantesca operación de despojo. En la práctica, ha dado lugar a una restitución exigua con carácter simbólico y funcional a la legalización del despojo. La cifra de sólo 80.000 hectáreas restituidas por vía judicial representa una gota en el mar de las millones de hectáreas despojadas. Así, la 1448 es inane de cara a lo que sí desarrollan otras normas y políticas. Frente a los TLC y a las medidas sobre tierras adoptadas recientemente en el Plan de Desarrollo (por sólo citar un par de ejemplos) la restitución es el elemento decorativo de una poderosa contrarreforma agraria.
Ni qué decir de la desprotección de los reclamantes de tierras ante las estructuras paramilitares, que cambiaron su rol de grupos usurpadores a guardianes del despojo. Regiones enteras siguen siendo amenazadas por las Águilas Negras sin que ninguna autoridad haya identificado y, menos, desmantelado esas estructuras. Con los métodos del terror paramilitar vigente, los campesinos no pueden recuperar sus predios ni retornar a sus territorios. Así lo demuestra, por ejemplo, el exilio de todos los miembros de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar.
Al anunciar la conformación de la comisión de esclarecimiento de la verdad, la mesa de conversaciones de La Habana señaló que ésta formará parte del “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”. Cabe esperar que en el contexto del proceso de paz la Ley de Víctimas sea radicalmente reformada y fortalecida con un programa nacional de reparación que tenga los fondos, los mecanismos y la capacidad institucional necesarios para resarcir a millones de seres humanos que han sufrido los efectos del conflicto armado.
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