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Enemigos con nombre y apellidos de la restitución de tierras en Colombia

Análisis
Por Juan Gonzalo Betancur

  
La propiedad de la tierra está en el centro del conflicto armado en Colombia. La devolución de predios robados o despojados principalmente a pequeños campesinos, mediante la violencia, ha sido un proceso lento y complejo que cuenta con muchos enemigos, incluso dentro del mismo Estado.

"Lo que el despojo ocasionó fue una contrarreforma a favor de terratenientes haciendo inútiles las iniciativas estatales de los últimos 50 años"

Uno de los caballos de batalla de terratenientes y funcionarios del gobierno de Colombia que se oponen a la restitución de tierras robadas a miles de campesinos en todo el país durante las últimas décadas es el supuesto argumento de que existen “falsas víctimas” que quieren aprovecharse de la situación y de la ley que permite devolver esas tierras.

Sin embargo, la cosa no es así: “Falsas víctimas no, lo que hay son testaferros, despojadores y opositores de mala fe”, aclara la Fundación Forjando Futuros en su último informe sobre esta problemática.

Lo que implica mover entre la opinión pública la tesis de las “falsas víctimas” es que se lleva a desconocer el principio de buena fe de los reclamantes de tierras y “a revictimizar a las familias despojadas”. Además, “pone en riesgo la vida de los reclamantes, legitima a los victimarios, protege a las élites regionales causantes del despojo y esconde los escasos resultados de la implementación de la Ley de Restitución de Tierras”, opina Forjando Futuros.

La propiedad de la tierra en Colombia es señalada por muchos analistas como uno de los elementos que detonó el conflicto armado interno en sus inicios hace más medio siglo y que sigue siendo factor central en las disputas actuales.

La Fundación Forjando Futuros es una organización de la sociedad civil que desde hace una década trabaja con comunidades en la búsqueda de soluciones a problemáticas de salud, vivienda, medio ambiente, participación y cultura ciudadana. Uno de sus más fuertes campos de trabajo es hacer seguimiento al robo de tierras en Colombia por motivo del conflicto armado o amparado en él. Por todo su trabajo recibieron el Premio Nacional de Paz en 2012, uno de los reconocimientos de mayor prestigio en el país.



Datos reveladores



Después de estudiar 1.000 sentencias judiciales, Forjando Futuros entregó datos que desmienten los argumentos de terratenientes y funcionarios estatales que se oponen a la devolución de tierras despojadas:

El 98 % de los reclamantes de tierras fueron reconocidos como verdaderas víctimas por los jueces.

El 2 % restante “no demostró su relación jurídica con el predio o no demostró que la venta de este fuera consecuencia del conflicto armado”.

El 89 % de quienes se oponen a los procesos de devolución de tierras que adelantan los jueces adquirió los predios “aprovechándose de las condiciones de violencia, lo que demuestra que el problema fundamental son los falsos propietarios”, dice Forjando Futuros.


Los que se oponen

El instrumento legal para lograr la devolución de tierras robadas o despojadas por la fuerza en Colombia es la Ley 1448 de 2011, conocida precisamente como “ley de víctimas y de restitución de tierras”.

Ese cuerpo normativo entiende por “opositor” a la persona que se considera con igual o mejor derecho sobre el predio que está reclamando una víctima de despojo. Esa persona debe probar ante la justicia que adquirió las tierras sin aprovecharse de las condiciones de violencia que había en la región donde está la propiedad.

Forjando Futuros dice que 10 personas representan la mitad del total de las oposiciones en los procesos judiciales de restitución de tierras:

-       Hever Wálter Alfonso Vicuña.

-       Gabriel Jaime Vásquez Quintero y Guillermo León Restrepo Rico.

-       Miguel Enrique Ríos Dávila.

-       Gabriela Inés Henao Montoya y Diego Alois Sierra.

-       Benjamín José Alvarado Bracamonte.

-       Juan Bautista Serna Serna.

-       Hernando Manuel Mesa Vergara.

-       Álvaro Mesa Cadavid.

Forjando Futuros aclara sobre estas personas: “Ninguno probó la buena fe en los procesos judiciales”. Se entiende que era la “buena fe” al hacerse propietario de las tierras les reclamaban ciudadanos que argumentaban ser los legítimos dueños.

 Los paramilitares son responsables del 81% del despojo de la tierra a los campesinos y del 41% del abandono de predios. El 56% de las propiedades despojadas o abandonadas tenía entre 1 y 10 hectáreas.


Empresarios se aprovecharon de la violencia

La Fundación Forjando Futuros menciona a las empresas que se beneficiaron de la violencia para adquirir tierras o títulos mineros:

-       Continental Gold Limited Sucursal Colombia

-       Exploraciones Chocó Colombia S.A.S.

-       Anglo Gold Ashanti Colombia S.A.

-       Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A.

-       Sociedad Las Palmas Ltda.

-       Agropecuaria Palmas de Bajirá S.A.

-       Inversiones Futuro Verde S.A.

-       Palmagan S.A.S.

-       A. Palacios S.A.S.

Varias de estas empresas tienen aún concesiones otorgadas por el Estado colombiano para la exploración minera en diferentes zonas del país o han recibido apoyos económicos de parte de programas gubernamentales.



Una contrarreforma agraria

Como el tema de la tierra ha estado gravitando en los conflictos sociales, políticos y armados en Colombia prácticamente desde comienzos del siglo XX, diferentes sectores han reclamado la necesidad de que se adelante una reforma agraria que redistribuya la tierra en el país.

Iniciativas gubernamentales adelantadas a mitad de las décadas de 1930 por el presidente Alfonso López Pumarejo y de 1960 por Carlos Lleras Restrepo fracasaron por múltiples factores, entre ellos la oposición de élites políticas y económicas que eran claramente terratenientes o aliadas de ellos.

Aún así, el Estado ha ido adelantando a pasos muy lentos procesos para dar tierras a quienes no las tienen. Sin embargo, buena parte de esos esfuerzos han fracaso precisamente por la violencia. El informe mencionado de la Fundación Forjando Futuros lo resumen así: “El 63% de las 97 mil hectáreas restituidas [en los actuales procesos judiciales] ya había sido adjudicado por la Nación a campesinos pobres. Lo que el despojo ocasionó fue una contrarreforma a favor de terratenientes haciendo inútiles las iniciativas estatales de los últimos 50 años”.

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