La Fiscalía pide 20 años de cárcel para Hurtado y 10 para Moreno

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Tomado de Semana

El ente acusador pide un castigo ejemplarizante para la exdirectora del DAS y el exsecretario de la Presidencia. El 17 de abril la Corte anunciará las condenas definitivas

Como estaba previsto, los magistrados de la Sala Penal de la Corte se volvieron a reunir en audiencia pública, para dar su veredicto sobre la condena a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno, por el tema de la ‘chuzadas’. Así por lo menos estaba programado.

Pero las cosas cambiaron por el camino porque en la audiencia de este jueves la Corte escuchó la posición de la Fiscalía en cuanto a los años de la pena que merecen los procesados y la multa a pagar, todo basándose en los antecedentes, arraigo familiar y social, necesidad y fines de la pena, entre otros aspectos. Es lo que en el argot judicial se conoce como la individualización de la pena. 

En efecto, la Fiscalía pidió 20 años de cárcel para María del Pilar y una multa de 66 millones de pesos. 

La exdirectora del organismo de inteligencia fue hallada culpable de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. 

Por los mismos delitos fue hallado responsable Bernardo Moreno, exsecretario de la presidencia de Álvaro Uribe. Sobre él, el ente acusador solicita la pena más alta por haberse concertado con otros servidores para hacer seguimientos ilegales a magistrados y personajes de la oposición a la administración de ese entonces.

El ente acusador pidió una pena para él de 10 años y seis meses y una sanción pecuniaria de 25 millones de pesos.

La fiscal del caso ha sido duramente severa con el exfuncionario y ha solicitado que la Corte no le otorgue ningún tipo de beneficio.

"Que no queden visos de impunidad al otorgar un subrogado penal. Es evidentísimo la gravedad de los hechos que llevaron a la condena de Bernardo Moreno", dijo la fiscal delegada ante la Corte María Victoria Parra. 

Añadió: "Para la Fiscalía es pertinente que la sociedad reciba un castigo ejemplar y que no sólo disuada a los condenados de volver a incurrir en estos asuntos, sino a todos los servidores públicos en incurrir en estas faltas. "Bajo ninguna circunstancia se concibe que los condenados tengan beneficios o subrogados penales para la ejecución de la pena".

¿Qué dice la Procuraduría? 

A su turno el procurador Jorge González no apoyó la posición de la Fiscalía. Pidió casa por cárcel para el exfuncionario y dejó a consideración de la Corte la condena.

"Bernardo Moreno no está evadiendo este proceso, prueba de ello es que siempre ha dado la cara y nueva ha intentado eludir a las autoridades. Es un simple particular desprovisto de todo. ¿Si paga la pena en su residencia podrá poner en peligro a la autoridad? Sinceramente no lo creo", cuestionó González.

Luego de esto, el abogado Jaime Camacho, quien representa los intereses de María del Pilar, aseguró -sorprendentemente- que ella no está en capacidad de pagar la multa que pide la Fiscalía y, solicita, que se reconozca mediante trabajo no remunerado.

Jaime Granados, abogado de Bernardo Moreno, aseguró que su cliente no es una persona que vaya a atentar contra la sociedad y dijo que, con el apoyo de su familia, sí puede depositar los 25 millones de pesos que pide la Fiscalía como multa.

"No hay ninguna posibilidad de que Bernardo Moreno vuelva a incurrir en este tipo de delitos. Por ello solicito que se aplique el subrogado de prisión domiciliaria", dijo Granados, al tiempo que aseguró que en ningún momento su cliente buscó realizar un daño a la administración de la Justicia. “Como se puede observar, nunca ha buscado evitar la administración de justicia, siempre ha asistido firmemente a las instancias de este juicio".

Luego de una hora y media de intervenciones de las partes, los magistrados anunciaron que el próximo 17 de abril a las 8:30 de la mañana, darán a conocer las condenas respectivas para estos exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe.