Derechos humanos, víctimas y paz

Comunicado

Por Delegación de Paz de las FARC-EP

En el Acuerdo General para la terminación del conflicto de agosto de 2012, está estipulado que “el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse”.

La globalidad del documento, debe entenderse como una base que compromete la concreción de los Derechos Humanos como deber que las partes contendientes asumen, a partir de un proceso de conversaciones para alcanzar la paz, haciendo confluir visiones y acciones hacia una solución política del conflicto, que beneficie a las mayorías. Se trata de hacer realidad el derecho humano a la paz con justicia social y lograr el reconocimiento de la universalidad y progresividad de los Derechos Humanos, entre otras características. Por tal razonamiento, las FARC-EP, defendemos una posición holística, completa, y coherente con respecto a esta concepción, en las propuestas y acuerdos parciales a los que hemos llegado en la Mesa de Conversaciones en La Habana.

Así lo hicimos cuando hablamos en el primer punto de la Agenda, sobre “Política de desarrollo agrario integral” y nos referimos en su cuarto inciso, al “Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza”, poniendo en el centro de la problemática el tema de la tierra y el territorio. Igualmente ocurrió cuando tratamos el segundo punto de la Agenda sobre “Participación política”, refiriéndonos a los “Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición”; y cuando abordamos el tercer punto acerca de la “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Al respecto defendimos un enfoque que vaya a las causas y obligue al desarrollo de programas de sustitución que afronten la situación de las comunidades y la recuperación ambiental. En todos los casos, siempre insistimos en dar un enfoque de derechos humanos a cada tema.

Dejamos dicho que se trata no solo de reivindicar unos cuantos derechos, sino todos y, además, exigir el cumplimiento del conjunto de deberes que el Estado está obligado a asumir para la superación de la miseria, del empobrecimiento, de la desigualdad, de la carencia de democracia y todo tipo de penurias.

Para el debate del punto quinto sobre “Víctimas”, dijimos que resarcirlas “está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional-FARC-EP”, y acordamos tratarlo centrándonos en dos aspectos: 1) “Derechos humanos de las víctimas”y, 2) “Verdad”. Al respecto, puesto que ya hemos radicado nuestras propuestas referidas al segundo numeral, procederemos a exponer algunas ideas para avanzar en el primer numeral:

1. La garantía de los derechos humanos, por definición, es una responsabilidad que atañe de manera exclusiva al Estado. Así lo ha asumido el régimen en Colombia, pero sólo formalmente, en la Constitución y la ley. Pero en el plano de la realidad, este deber ha sido abandonado, siendo prueba de ello la masa de violaciones a todo tipo de derechos, tanto económicos, sociales, culturales, ambientales, de género, como políticos y civiles.  Así mismo la paz, que aparece en el ordenamiento constitucional de la institucionalidad, como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, ha sido mancillada.

2. En busca de la reconciliación, es objetivo central de esta Mesa llegar a acuerdos para rehacer las estructuras político-jurídicas que permitan resolver las condiciones de opresión y exclusión, refundando una nueva institucionalidad con capacidad para solucionar las graves problemáticas de injusticia que causaron la confrontación. Tendríamos que esclarecer ya el fenómeno del paramilitarismo, y el Estado deberá abrir todos los archivos, de tal manera que se logre una reconstrucción satisfactoria de la verdad histórica definiendo causas y responsables del conflicto.

3. A lo largo de nuestra historia, nos ha correspondido asumir en gran medida el papel del Estado siempre ausente en lo que concierne a su función de garantizar los derechos humanos. Y lo hemos hecho, buscando reivindicar todos los derechos económicos, sociales y culturales negados a las comunidades, ejerciendo la solidaridad y sobre todo la salvaguarda de los derechos fundamentales de los marginados.

Esta realidad de la intervención de la insurgencia en favor de las pobrerías, no releva al Estado colombiano de su responsabilidad política, histórica y jurídica que se le demanda, ni a los sectores que lo han utilizado para beneficio propio, de la rendición de cuentas que deben hacer al país por sus conductas excluyentes y mezquinas.

4. Específicamente, en un contexto de medidas de desescalamiento, tras quince gestos unilaterales de las FARC-EP con la paz y la humanización, nos preguntamos ¿qué está haciendo el gobierno del presidente Santos por asumir sus obligaciones integrales sobre derechos humanos de las víctimas? ¿No está acaso generando su administración diariamente miles de víctimas más, producto de políticas económicas devastadoras? ¿Dónde está el enfoque integral, territorial y medioambiental, que dice valorar para reparar socialmente? ¿Existe interés del Estado en respetar los Derechos Humanos cuando sigue pisoteando el principio de favorabilidad e inmunidad de la población civil no combatiente, al sabotear con ataques la tregua unilateral de las FARC-EP? ¿No se les ocurre pensar que con esa actuación violan los Convenios de Ginebra en su más amplio sentido; que obstruir la tregua es privar a la población civil de un derecho adquirido por los no combatientes?

DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP