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Expediente Uribe (III): Mano dura con el pueblo, corazón grande con los paramilitares, política fascista desde Antioquia a Colombia

Análisis
Fundación Colombia Soberana
Por María Méndez
Fuente: Equipo Nizkor 



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La dolorosa historia reciente de Colombia cuenta con un capítulo impune y aún abierto que tiene nombre propio: Álvaro Uribe Vélez. No mintió con su lema “Mano dura, corazón grande”, sólo que no especificó a quién le correspondía cada uno y en qué dosis.

Pero Uribe Vélez, hoy vergonzosamente “Honorable” Senador de la República, no improvisó su tarea. Él, durante su periodo como Gobernador de Antioquia probó, ensayó y aplicó su política fascista en ese departamento.

Él aplicó un modelo ultra derechista, que usaba la guerra contra el pueblo como foco para el  “desarrollo económico”, que obviamente beneficio a unos pocos, incluyéndolo, y dejó a Colombia completamente rasgada, ensangrentada y vendida a las multinacionales, pues esto lo había hecho ya con Antioquia ( ver el informe La Guerra: Sustento del desarrollo en Antioquia )

Uno de las características más importantes de su “gobierno” fue, como ya lo había aprendido de la Alemania de Hitler, usar todos los medios disponibles (sobre todo los mass media) para exacerbar falsos nacionalismos y odios  en este caso políticos e ideológicos,  y así tener la base para instaurar un régimen donde su autoridad fuera ejercida con la violencia y la fuerza en pro del capital internacional y unos cuantos riquillos nacionales.

En los años como mandatario de nuestro país, tal como ocurrió años antes en Antioquia, el paramilitarismo se afianzó y creció, como también los índices de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Chuzadas, persecución política contra sindicatos y opositores, masacres, fosas comunes, ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros y de civiles, detenciones arbitrarias y masivas, y un largo etcétera, en los cuales profundizaremos en otras entregas del Expediente Uribe, que describen la política exterminadora y criminalizadora que impuso para “sacar del camino” a cualquiera que interviniera  en su tarea de entregarle a las multinacionales un país que pudieran exfoliar de la forma más sanguinaria, siempre y cuando le llenaran los bolsillos a él y sus amigotes, que después de 8 años dejaron a nuestra Colombia con unos índices de corrupción vergonzantes.

Hoy en Expediente Uribe, El Modelo de Uribe Vélez de Antioquia para Colombia: autoridad o fascismo, mano dura o tenaza paramilitar, un documento del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL y la Unión Nacional de Empleados Bancarios.

Introducción

Una de las cuestiones que más identificaron a Álvaro Uribe Vélez en su periodo como Gobernante de Antioquia, a lo largo de su candidatura presidencial y ahora como primer mandatario de Colombia, ha sido su particular forma de entender el ejercicio de la Autoridad y la seguridad ciudadana. Bajo la aplicación de su modelo de autoridad, en Antioquia se consolidó integralmente el paramilitarismo y se cometieron innumerables crímenes y ataques contra la población inerme.

Su especifica concepción, redujo el sentido de la Autoridad a contenidos cargados simbólicamente de violencia como mano dura, cosa bien distinta a lo que política y sociológicamente representa. La legitimidad del Estado no se cimienta en el ejercicio de la fuerza; su correlato más inmediato es la garantía y plena vigencia de los derechos fundamentales.

No es extraño que la política de mano dura de Álvaro Uribe haya abiertamente distorsionado el concepto de autoridad. Recurrió, para darle soporte "ideológico" a sus doctrina y estrategia de poder, a deformar conceptos como los de solidaridad, colaboración y seguridad, muchos de ellos traídos desde las más importantes luchas revolucionarias del mundo, bajo las premisas de la fraternidad, Paz y la concordia.

Todos estos valores crasos de la humanidad inclinados en favor del ciudadano y estatuidos como barreras o contenciones frente a los abusos del poder del Estado, han sido desfigurados para hacer prevalecer la órbita represiva en su mas amplia dimensión.

Se tratarán varias de las propuestas que Álvaro Uribe Vélez está rehaciendo a nivel nacional y que aplicó con toda severidad en el departamento de Antioquia, recordando los destrozos que causaron y quienes en términos generales resultaron vulnerados, con el ánimo de convertirnos desde ahora, y tal como lo hemos sido en opositores absolutos de la implementación de políticas lesivas y represivas para el pueblo colombiano auspiciadas desde lo más alto del establecimiento.

Red de Informantes o extensión del paramilitarismo:

El decreto 356 de 1994 expedido durante la presidencia de Cesar Gaviria y regulado mediante Resolución 368 de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dieron vida jurídica a las Asociaciones Convivir, en otras palabras, a la red de informantes que hoy Álvaro Uribe Vélez pretende nuevamente poner en marcha en el país.

La medida no es novedosa. Fue precisamente este mandatario siendo Gobernador de Antioquia quien las impulsó, respaldó y financió, no obstante ser un factor de creciente criminalidad en una época donde se promovió la militarización de vastas zonas y tuvo mayor auge el accionar paramilitar en la historia reciente del departamento.

La propuesta actualizada del Presidente de Colombia es la misma, cómo si la historia no contara o el propósito fuera olvidarla. Quiere integrar las compañías de seguridad privada, esto es, a unos 180.000 efectivos de esas empresas y a un millón de ciudadanos en la Defensa del Estado. Su idea apunta a que "las empresas de seguridad ayuden a cuidar lo público, que es una expresión de solidaridad de ellos con el pueblo de Colombia..... con el objetivo de crear un mejor clima de seguridad para los inversionistas" (2).

La motivación institucional para la instauración de las CONVIVIR o Red de Informantes no difiere con el tiempo. Hoy, Uribe Vélez las avala con la finalidad de garantizar la seguridad de los inversionistas, mientras en la época de su mandato como Gobernador, era reforzar la seguridad en el campo.

Valga reparar en el argumento para la creación de esa red de informantes, que no es otro que hacer prevalecer los derechos económicos y las garantías de los inversionistas, otrora de los ganaderos, terratenientes, hacendados, industriales, empresarios, en detrimento de la vida y libertad de los campesinos, obreros, de los excluidos, los indigentes, en fin, de los pobres del país.

Han sido muchos los críticos de esa medida, sin embargo el nuevo Gobierno Nacional hace caso omiso de todas las recomendaciones emitidas por Organismos Interestatales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA., entidades no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rigths Watch y de derechos humanos nacionales, pero en especial, rehúsa reconocer los funestos efectos que la aplicación de esa política ha generado en la pérdida de vidas humanas, la restricción de la libertad y el desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia en particular, y evidentemente en toda Colombia.

Parámetros que han regido la institucionalidad y la legitimidad de cualquier Estado, por razones inferiores, se ponen en entredicho a la hora de proponer medidas de fuerza y represión. Lo paradójico de todo ello es la invocación de la defensa del Estado para menoscabar los fundamentos esenciales del estado de derecho.

Un principio fundamental de la teoría política es el monopolio de la fuerza en poder de las instituciones estatales. Sin embargo, se ha querido, a partir de doctrinas foráneas entregar a servicios privados la tenencia de armas, en especial de aquellas de uso restringido de la fuerzas militares.

Dicen mentiras cuando hablan de los controles que se implementaron e implementarán para que las Redes de Informantes no transgredan la normatividad, por el contrario, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas aseveró que las Asociaciones Convivir han funcionado sin control efectivo ni supervisión adecuada (3) por parte del Estado.

En efecto, para abril de 1997, la Superintendencia de Vigilancia Privada había aprobado la constitución de 507 CONVIVIR en el país y existían unas 300 empresas de Vigilancia Privada, (hoy se reportan 180.000 vigilantes privados) más unos 1300 Departamentos de Seguridad, para un número escaso de 40 inspectores de esa entidad pública encargada de controlar y fiscalizar el ejercicio de esa actividad. Intervención que se hace más necesaria si estas asociaciones son dotadas de armas de largo alcance, como lo preconizó en aquella época el señor Uribe Vélez y lo vienen sustentando partidarios suyos en el Congreso de la República como Enrique Gómez Hurtado.

Como un sofisma de distracción y para justificar las redes de informantes se acude a expresiones como la solidaridad y la colaboración con la fuerza pública, y desde esa óptica agrupan a "civiles" en servicios especiales de vigilancia en lo que denominan zonas de alto riesgo, donde no solamente requerirán radios de comunicación, sino que además, demandan la tenencia de armas de uso restringido de las Fuerzas Militares, dada la inocuidad de las de defensa personal.

Un reporte publicado por la Revista Alternativa en marzo de 1997, informaba que "como consta en las actas del Comité Consultor de la Superintendencia, de enero a diciembre de 1996 esta entidad aprobó para las Convivir la compra de 422 subametralladoras, 373 pistolas 9 mm, 217 escopetas de repetición, 17 ametralladoras mini uzi, 70 fusiles, 109 revólveres 38 largo, y 41 armas de uso restringido que pueden ir desde fusiles Galil hasta ametralladoras M 60, lanzacohetes, granadas de fragmentación, rockets y morteros, cifras más que apreciables para 60 CONVIVIR. Si en verdad lo que busca es, como lo anuncia el programa impulsado por el Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ¨ bienestar, progreso y paz con la red Convivir ¨ la tenencia de semejante cantidad de armamento con su respectiva munición significa un enorme potencial de violencia y dista mucho de ser una contribución para la paz" (4). Ahora debe calcularse, por los que pregonan la guerra total, en los elevados costos para materializar el citado programa y quiénes serán los llamados a pagarlos.

A lo anterior, se enlaza otro aspecto controversial en el diseño de la medida gubernamental, alusivo a la vinculación de "civiles" al conflicto armado. Human Rights Watch sostuvo que "un elemento crítico de la confusión en la distinción entre civiles y combatientes es el alistamiento de civiles anónimos que operan sin uniformes e insignias visibles en vehículos sin identificación. De hecho, el gobierno se aprovecha de este anonimato al permitir que las CONVIVIR realicen sus operaciones en áreas residenciales, como en el caso de la CONVIVIR de Rionegro. También hemos recibido informes creíbles que indican que algunos miembros de las CONVIVIR del Nordeste de Antioquia operan encapuchados" (5).

Amnistía Internacional previno que con la legalización de las CONVIVIR "se agravaría aún más la situación de derechos humanos (6)" y la realidad desbordó esa predicción en el departamento de Antioquia. Y ahora, sin mayor turbación se antoja repetir el experimento en todo el país.

Hechos que se extendieron en el departamento de Antioquia gracias a las defendidas Asociaciones de Vigilancia Rural por Álvaro Uribe Vélez, se deben recordar, porque seguramente se ignora su real dimensión y porque deben dejar una enseñanza, para no repetir.

En el municipio de San Roque, se promovió una CONVIVIR que sin cortapisas del Ejército, sembró el terror, la barbarie y provocó el desplazamiento forzado de cientos de labriegos, luego de que en febrero de 1996, fuera incinerada la hacienda Guacharacas de propiedad de Álvaro Uribe Vélez y su familia.

Los campesinos dueños de la Finca La Mundial, la cual había sido propiedad de Álvaro Uribe Vélez hasta 1979 se vieron fuertemente perseguidos por efectivos del Ejército y el GOES. A partir de su mandato como Gobernador, fueron presionados a través de acciones criminales efectuadas por la CONVIVIR y/o los paramilitares al desplazamiento forzado. En la actualidad, los labriegos están ad portas de perderla por el cobro del alto costo del impuesto predial.

Entre sus múltiples crímenes, la CONVIVIR de San Roque detuvo y desapareció a ocho comerciantes de esa municipalidad el 14 de agosto de 1996. La sede principal de esa Asociación era reconocida en el corregimiento de Cristales. Hasta ese lugar se desplazó el Mayor del Ejército Orlando Espinoza Beltrán a pedir información sobre las víctimas, más no a repeler o contrarrestar sus acciones. (7)

En una emboscada del ELN a la CONVIVIR El Sol el 27 de julio de 1997 en cercanías de Anorí resultaron muertos seis paramilitares. Uno de ellos, conocido con el Alías de El Zorro, resultó ser el suboficial del Ejército Leopoldo Guerrero Torres, quien presumiblemente ordenó el asesinato del Personero del municipio de Campamento Emilio de Jesús Penagos. (8)

El representante legal de la CONVIVIR La Palma con sede en San Pedro de Urabá resultó muerto en un ataque a un grupo de paramilitares en La Hormiga Cundinamarca el 21 de Noviembre de 1997, donde perdieron la vida 14 de ellos (9).

Salvatore Mancuso reconocido ganadero, terrateniente y jefe paramilitar de las AUC vinculado a la secuencia de numerosas masacres y a la adquisición fraudulenta y violenta de tierras de pequeños campesinos. Quien aseguró que el 35% del Congreso de la República está influenciado por los paramilitares, era el representante Legal de la CONVIVIR Horizonte cuyo centro de operaciones era en los departamentos de Córdoba y Sucre (10).

Defensores de Derechos Humanos, opositores políticos, sindicalistas. La judicialización o la muerte.

Otro tema espinoso de la Política que impulsó Álvaro Uribe Vélez en Antioquia y que seguramente promoverá a nivel nacional tiene que ver con el tratamiento que da a los Defensores de Derechos Humanos y en especial a quien denuncie, investigue y corrobore conductas violatorias de los derechos humanos y los vínculos de la fuerzas armadas con los grupos paramilitares.

Voceros de la línea política de Álvaro Uribe Vélez como el Ministro de Gobierno Fernando Londoño Hoyos, el periodista Plinio Apuleyo Mendoza y Altos Mandos militares entre otros, han calificado a numerosas ONGs de derechos humanos, sindicalistas, maestros, parte del mundo académico, del Poder Judicial, de la prensa, de la Defensoría del Pueblo y de la Corte Constitucional, como "Idiotas Útiles (11)" y estafetas de la guerrilla. Bajo esta misma consigna se ha adiestrado a los miembros de la Fuerza Pública en los manuales de combate, a los paramilitares y a las CONVIVIR traduciéndose en ataques y crímenes contra muchos activistas simplemente por la labor que desempeñan.

Estos lineamientos excluyentes y fascistas se han visto reflejados en muchas actitudes del hoy Presidente de Colombia cuando fue mandatario de Antioquia, de mandos militares, policiales y paramilitares que actuaron en su período, en evidente falta de tolerancia y respeto por principios demo-liberales como la libertad de expresión y pensamiento, fundamentales en la vida política de cualquier democracia.

Esa idea recurrente de controlar el pensamiento y las expresiones sociales y comunitarias inherente del modelo que se impuso en Antioquia y se replicará en todo el país bajo la tutela de Álvaro Uribe Vélez, se constató con la Directiva que el Jefe del Estado Mayor de la IV Brigada del Ejército, Coronel Juan Octavio Triviño Herrera, dirigiera a las CONVIVIR de Antioquia en la que las instaba no solo a la "búsqueda de información con el fin de neutralizar y/o impedir las pretensiones de los carteles de la subversión sino también investigar a los candidatos de cada uno de los municipios de su jurisdicción, indicando filiación política y el grado de aceptación dentro de la población ..... determinar que simpatía poseen hacia las instituciones democráticas, el gobierno, Fuerzas Militares y que capacidad de influencia tienen en la actualidad" (12)

El hacer coincidir el pensamiento crítico de académicos, periodistas, maestros, de los campesinos, obreros o estudiantes con el de la insurgencia, ha dado lugar a "justificar" cientos de crímenes cometidos bajo esa premisa.

Bajo su mandato se estigmatizó a la comunidad del Municipio de San Carlos y a su Administración Municipal, acusándolos de estar infiltrados por la guerrilla para justificar la instalación de una Alcaldía Militar. Paralelamente se alertaba la presencia de grupos paramilitares. Representantes del gobierno local y del Concejo municipal dirigieron una Carta a Álvaro Uribe Vélez en la cual le exigían respetar el derecho a tener gobernantes civiles, a no hacer juicios a priori contra la comunidad y lo responsabilizaron de los hechos que llegaren a suceder (13) Los sancarlitanos nunca hubieran podido prever lo que se cerniría luego de esas amenazas contra su municipio. A partir de 1998, y con una zona bastante militarizada, los paramilitares irrumpieron en la localidad, donde permanecen con bases fijas, ocasionando un alto número de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas y desplazadas (14).

Jesús María Valle, abogado y Presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos develó los nexos abiertos entre el Ejército - los paramilitares y la ocurrencia de mas de 150 asesinatos en el municipio de Ituango (15). Esta aseveración le valió que por parte de Álvaro Uribe Vélez se lo declarara "un enemigo de las fuerzas armadas (16)", que el General Carlos Alberto Ovalle Comandante de la IV Brigada lo denunciara penalmente por calumnia y que el 27 de febrero de 1998 fuera asesinado en su oficina en pleno centro de la ciudad de Medellín..

La veracidad de las afirmaciones del Abogado Defensor de los derechos Humanos fue comprobada por un grupo de Periodistas del Informativo de Antioquia que se desplazó al municipio de Ituango. Allí pudieron "constatar la presencia de miembros uniformados de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. También observamos que en la noche no hay patrullaje de parte de la Fuerza Pública y se observan muchas motos conducidas por personas de civil portando radios de comunicación" (17). La reacción de Uribe Vélez fue descalificar las aseveraciones de los Periodistas tildándolas de tendenciosas. La presencia militar en el municipio de Ituango se remontaba a 1995 por parte del Batallón Atanasio Girardot y coincidió cabalmente con la paramilitarización de la localidad y la secuencia sistemática de crímenes contra los pobladores, a quienes catalogaban de auxiliadores de la insurgencia.

En el período del gobierno departamental de Álvaro Uribe Vélez se afianzó la utilización del aparato de justicia como un instrumento más de guerra. Esta práctica persiste, y se ha justificado abiertamente por el actual Fiscal General de la Nación, quien no hizo reparos a la Ley de Seguridad y Defensa Nacional cuando se le cedían a las Fuerzas Militares las funciones de Policía Judicial, para actuar dentro de los procesos penales.

Las fuerzas Armadas han encontrado en la Fiscalía una herramienta para combatir a sus enemigos. Se establecieron unidades especiales de Fiscalía en las Brigadas del Ejército. Los Fiscales accedían a que personas privadas de la libertad se prestaran para servir de informantes y guías en operativos militares. Alías Carevieja cuyo nombre es JOSE LUIS CONRADO PEREZ, se había entregado al Batallón Voltigeros con sede en Carepa, el día 24 de marzo de 1994, fecha desde la cual estuvo a cargo de la Sección Segunda de la Unidad táctica mencionada, a ordenes de la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá. Esta persona estando en esa condición participó en la masacre del Aracatazo el 12 de agosto de 1995 (18) junto con otros efectivos militares de la Brigada XVII.

Era tal la ingerencia del poder militar en el ejercicio de la acción penal, que la Fiscal Regional 103 Dra. Míríam Rojas, delegada ante la Brigada XIV del Ejército con sede en Puerto Berrio Antioquia. en diferentes diligencias judiciales colocó a personal adscrito a esa estructura armada como defensores oficiosos de las personas privadas de la libertad (19).

Este fue un período en el que se incrementó el numero de procesos penales seguidos contra líderes sociales, sindicales, de derechos humanos, entre otros, que se oponían abiertamente a las políticas represivas y denunciaban violaciones de los derechos fundamentales.

La Fiscalía acantonada en la Brigada XVII de Carepa sirvió también de escenario para llevar a las cárceles a activistas del Partido Comunista, de la Unión Patriótica, Sintrainagro, y de organizaciones de desplazados. El "Golpe de Gracia" fue el nombre que los Comandantes militares le dieron a la operación de retorno de los empresarios y hacendados del banano a Urabá, pero que condujo a que se vulneraran las garantías de aquellos que defendían a los que estaban siendo expulsados y desarraigados de sus territorios. Dijo al respecto, la Alcaldesa de Apartadó de se entonces, Gloria Cuartas que "mientras nosotros contamos las vidas y las muertes, hay otros que calculan los millones que tendrán con sus operaciones económicas, con las tierras que se van a comprar para el nuevo puerto o para la carretera del Darién. Son sectores económicos y políticos que no están cansados porque ellos están con su familia, con sus empresas y con sus ganancias (20)" Este fue sencillamente el período en que se presentó el mayor éxodo de campesinos del departamento de Antioquia y del país.

Se construyó a partir de testigos secretos e informantes anónimos del Ejército un proceso penal (21) contra los dirigentes populares Gustavo Arenas, diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia, Martha Zapata Urrego, Ana Rengifo, Ramón Osorio, Eugenio Córdoba y Gerardo Nieto por el delito de Rebelión. Finalmente fueron dejados en libertad, sin embargo, la mayoría de ellos tuvo que abandonar el país debido a la persecución de que eran víctimas y luego de la desaparición forzada a que fue sometido Ramón Osorio en el mes de abril de 1997. La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS fue allanada en diversas oportunidades por la Fuerza Pública (22).

La persecución contra los dirigentes sindicales y de derechos humanos se hizo evidente. El 23 de abril de 1995 fue asesinado Luis Enrique Gómez miembro de Sinaltrainal en Carepa. los dirigentes del sindicato fueron obligados a desplazarse de la localidad en junio de 1995 y el 5 de diciembre de 1996 intentaron llevarse a Adolfo Cardona e incendiaron la sede del sindicato..

Los dirigentes sociales de los municipios de Remedios y Segovia también fueron objeto de persecución por el binomio Fiscalía y Ejército. Los obreros afiliados al sindicato de trabajadores de Antioquia (SINTRAOFAN) se vieron expuestos a múltiples agresiones. La muerte de muchos de ellos. Francisco Antonio Marín, Fernando Torres y Héctor Abad Serna, fueron detenidos por un largo tiempo acusados de pertenecer a organizaciones alzadas en armas, y similar padecimiento vivieron muchos pobladores de esas localidades del Nordeste Antioqueño.

Al Abogado Willian García Cartagena quien prestaba sus servicios en el municipio de Segovia y a Ramiro Zapara integrante del Comité de Derechos Humanos del Nordeste les fueron allanadas sus residencias el día 26 de mayo de 1996. Este organismo de derechos humanos había denunciado públicamente la participación del Capitán Rodrigo Cañas Forero, Comandante de la base Militar de Segovia, adscrita al batallón Bombona de la XIV Brigada del Ejército en la masacre de 14 personas efectuada el 22 de abril de 1996 en el municipio de Segovia. La diligencia de allanamiento se efectuó por efectivos militares 17 días después de haberse capturado al Capitán Cañas Forero como responsable de la incursión paramilitar y de la masacre llevada a cabo el 22 de abril.

Ramiro Zapata luego del allanamiento arbitrario fue detenido en la ciudad de Medellín el 17 de julio de 1996 por parte de la Fiscal 245 Local Maria Piedad Arcila, viéndose obligada a dejarlo inmediatamente en libertad por la ilegalidad del procedimiento. La Fiscalía Regional de Medellín le inició varios procesos penales por informaciones de testigos secretos recibidos ante la brigada XIV del Ejército y finalmente la persecución termino ya que el 3 de mayo de 2000 fue asesinado en el municipio de Segovia por paramilitares acantonados de manera permanente desde 1996, sin que por parte de la Fuerza Pública se restrinja su accionar.

La desaparición forzada de Jorge Iván Alarcón y Edgar Monsalve por parte de el Cabo Segundo GERMAN DAVID PRADA BARAJAS, Comandante de la Policía del municipio de Armenia Mantequilla Antioquia el 6 de mayo de 1995, quien se los había entregado al grupo paramilitar de EFRAIN OCHOA BERNAL alías "Don Efra", que operaba en el suroeste Antioqueño. Esa acción criminal dio lugar a que se iniciara una intensa labor de investigación y búsqueda por parte de sus familiares. Luis Gonzalo Sánchez fue una de las personas que más increpó al Aparato Jurisdiccional para el cumplimiento de su función judicial en la búsqueda de los responsables que no arrojó ningún resultado satisfactorio, pero en cambio le valió que fuera perseguido y su vivienda allanada por efectivos militares el 8 de marzo de 1996 acusándolo de ser guerrillero. No sobra advertir que en esta región del departamento se aplicó intensamente las políticas gubernamentales de las Asociaciones CONVIVIR en sintonía con el Batallón Cacique Nutíbara de la IV Brigada del Ejército conllevando a la ampliación de la acción paramilitar (23).

El 24 de junio de 1997, la sede de La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES Seccional Medellín, fue atacada mediante el empleo de explosivos, justamente cinco días después de haber sido liberados por las autoridades judiciales, quienes fueron acusados de pertenecer a un grupo paramilitar en el Suroeste Antioqueño y se vieron vinculados con la detención desaparición de Jorge Iván Alarcón y Edgar Monsalve.

Reingeniería militar ó Militarización de la vida civil.

El presidente electo les reiteró a congresistas y funcionarios de la administración Bush que su gobierno piensa invertir más de 1.000 millones de dólares extras cada año en la lucha contra las distintas formas de violencia (24).

Álvaro Uribe Vélez no ha dudado en la salida militar para la solución del conflicto social y armado que se desenvuelve en Colombia desde hace más de cuarenta años. Amigo incondicional del Gobierno de los EEUU para la continuidad del Plan Colombia y la ejecución del Plan Andino, que consolidará su control hegemónico en toda América Latina.

Habló de cascos azules para la zona de Urabá en momentos en que más militarizada se encontraba la región y se evidenciaba el compromiso de las Fuerzas Militares con los grupos paramilitares (25). Andrés Pastrana aseguró abiertamente la intervención de los EEUU en el conflicto interno, la cual si bien no es reciente, se ha hecho más visible en el último periodo a raíz de la financiación del Plan Colombia y que, con Álvaro Uribe Vélez se verá más fortalecida al destinarse variados recursos para la financiación de la lucha contraguerrillera, que siempre se quiso ocultar tratándola soterradamente como ayuda a la lucha antinarcóticos.

También se ha buscado, al amparo de la figura del Estado de Sitio, del actual Estado de Excepción o de la Ley de Seguridad y Defensa Nacionales otorgarle mayores prebendas y facultades a las fuerzas armadas, con la pretensión de combatir eficazmente a la insurgencia.

En la inexequible Ley de seguridad Nacional, que se reproducirá en la actual legislatura, se establecieron los teatros de operaciones militares, que no son otra cosa, que la cesación de las funciones del poder civil trasladadas al jefaturas militares, que tendrán patente de corzo para restringir y vulnerar las garantías ciudadanas. Dicha medida que será bandera del nuevo Presidente desgastará aún más la democracia que predican de Colombia y devendrá en la consolidación del totalitarismo.

Se cree erróneamente que esas medidas salvarán al país de la insurgencia y se olvida que las mismas han sido aplicadas con los peores efectos para la población. Durante la Administración de Álvaro Uribe Vélez como Gobernador de Antioquia, las facultades a los militares no se hicieron esperar, sin embargo, los resultados distan mucho del acatamiento y reconocimiento de las garantías y derechos de los ciudadanos y sí en cambio enmarca uno de los tiempos de mayor violencia oficial en el departamento.

Durante la declaratoria de zona especial de Orden Público de la región de Urabá y del otorgamiento de poderes especiales a los integrantes de la Policía y del Ejército, la Alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas, se preguntó "si esta es una zona de orden público, donde las Fuerzas Militares tienen facultades especiales para mantener el orden, ¿por qué tenemos, desde su declaratoria, 257 personas asesinadas?. En octubre pasado hubo 96 necropsias. Aquí los muertos son reales, los desalojos son reales, el cierre de negocios es real, los anuncios de las autodefensas en los muros sobre ¨ procedimientos internos ¨, son reales. Por qué no hay una acción conjunta para garantizar la seguridad ciudadana?" (26) Para 1995 fueron asesinadas en ese municipio del Urabá 350 personas y en el solo mes de enero de 1996 se contaron 64.

Luego de la masacre de 14 personas en el municipio de Segovia, en la que participó activamente la Base Militar del Batallón Bomboná a cargo del Capitán Rodrigo Cañas Forero, el señor Uribe Vélez quiso mediante decreto 2035 del 10 de mayo de 1996, darle amplias facultades a los efectivos militares, declarando la zona de orden Público, siendo contrario a toda idea de democracia y de vigencia del estado de derecho, otorgar más poder a quienes han venido vulnerando abiertamente los derechos humanos de manera aleve y atroz. Afortunadamente, mediante la presión ciudadana se evitó la implementación de tal medida.

Bajo su mandato también se instauraron Alcaldías Militares en los municipios de Nariño y Amalfí. Este último, bastión de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil quienes en ese transcurso lograron consolidar un mayor poderío y control paramilitar en la región del Nordeste Antioqueño.

Ha sido también una política del Ejecutivo el incrementar las brigadas y bases militares en el país, con la consabida "ayuda" del gobierno estadounidense. En Antioquia, durante la administración Uribe Vélez, esta estrategia no fue la excepción. En el oriente del departamento, se crearon dos batallones. El Héroes de Barbacoas, para asegurar la infraestructura hidroeléctrica y el Juan del Corral para el oriente cercano. Ambos batallones han sido vinculados a la secuencia de asesinatos y desapariciones forzadas de campesinos, así como al apoyo de los grupos paramilitares en esa región del departamento.

En efecto, oficiales de la Fuerza de Tarea Águila conformada por efectivos del Batallón Barbacoas, Pedro Nel Ospina y del Bárbula han sido vinculados al proceso penal adelantado por la desaparición forzada de 16 campesinos en la vereda La Esperanza del Municipio de El Carmen de Viboral, realizadas en connivencia con el grupo paramilitar del Magdalena Medio lideradas por Ramón Isaza Arango (27). Y los segundos, esto es el Batallón Juan del Corral y el Granaderos al mando del Coronel Alfonso Zapata y el Mayor Jesús María Clavijo respectivamente, se les acusa de apoyar la estructura paramilitar que actúo en los municipios de Rionegro, la Ceja y la Unión (28).

Algunos barrios de la ciudad de Medellín también fueron escenario de la más amplia militarización. En Belén Aguas frías se instaló una base militar y desde esa época se evidenció la persecución a los jóvenes, las detenciones ilegales, el asesinato de muchos de ellos y la masacre de 16 personas y el lesionamiento de un número indeterminado de pobladores.

Similar fue la militarización del Barrio La Maruchenga en el Noroccidente de Medellín, donde instalaron también una Base Militar. Estando en esa jurisdicción personal militar se presentaron detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, asesinatos y la masacre de siete jóvenes el 31 de enero de 1995.

Esa maniobra de militarizar los barrios de la ciudad de Medellín que se reavivará con el plan presidencial de incorporar más efectivos militares y policiales, se ha aplicado persistentemente en la ciudad de Medellín, incluso por el actual mandatario local, quien es partidario de similares políticas gubernamentales.

Vía Libre para negociar con los paramilitares. Perdón y Olvido:

A simple vista, parece un generoso acto de depuración de Carlos Castaño la supuesta ruptura con otros jefes paramilitares por sus vínculos con el narcotráfico y la ejecución de innumerables crímenes y abusos contra la población. Ha intentado posicionar a las llamadas Autodefensas como actor válido para una eventual negociación política con el Estado, avalado públicamente por el gobierno estadounidense.

No es casual, que sea en la Administración presidencial de Álvaro Uribe Vélez que este tipo de entuertos jurídicos y éticos se propalen con mayor énfasis. El paramilitarismo promovido desde la década del sesenta por el gobierno de EEUU y legal (29) y fácticamente implementado por el Estado Colombiano ha servido para desviar su responsabilidad en la secuencia sistemática de crímenes de lesa humanidad y para asegurar la impunidad.

Debe ser motivo de cuestionamiento por parte de la opinión pública que los paramilitares creados, entenados y dotados por efectivos de las fuerzas armadas, pretendan en el actual gobierno hacerse ver como un "actor" diferente del establecimiento y desde esa perspectiva promover negociaciones con el Estado.

No es extraño desde esta perspectiva que Uribe Vélez considerado por la Comunidad Internacional como tolerante con los paramilitares (30), sea quien avale la negociación con los paramilitares, poniéndose de relieve un contrasentido al querer el Estado negociar consigo mismo.

Cabe resaltar que en Colombia los acuerdos con los paramilitares ya se han efectuado. El Gobierno de Cesar Gaviria, impulsó una fuerte política de favores y beneficios jurídicos a los narcotraficantes y paramilitares, e incluso con el reconocido Jefe del Magdalena Medio Ariel Otero pactó la dejación de las armas, sin que en absoluto haya cesado su actividad en esa zona del país, muy por el contrario, lo que viene sucediendo en regiones como el Sur de Bolívar, Barrancabermeja, comprueban que el paramilitarismo es una política de Estado.

En conclusión, la pretendida seguridad ciudadana, la mano fuerte, tal como se las ha aplicado por Álvaro Uribe Vélez ha degenerado en una de las formas mas repudiables de violencia en el país, precisamente aquella patrocinada y promovida desde el Estado. Por ello, es imperioso que se mantenga a pesar de la intimidación y la estigmatización, la capacidad de denuncia de las organizaciones sociales y en especial de los organismos de derechos humanos, exigiendo ante todo el respeto de las garantías fundamentales.

Suscriben
COLECTIVO DE DERECHOS HUMANOS SEMILLAS DE LIBERTAD CODEHSEL
UNION NACIONAL DE EMPLEADOS BANCARIOS (UNEB)

Notas:

1. Revista Alternativa. No 5 dic de 1996.

2. El Tiempo Bogotá, Julio 2 de 2002

3. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Período 54 de sesiones. E/CN.4/1998/16 1º de marzo de 1998

4. Convivir, embuchado de largo alcance". Revista Alternativa. Marzo 15 – abril 15 de 1997. pg 11.

5. Guerra Sin Cuartel. Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. Human Rights Watch. Octubre de 1998. pg. 98.

6. "Un año de promesas rotas". Informe Amnistía Internacional 1998. pg 155

7. Radicado 1187 Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.

8. Revista Noche y Niebla CINEP – Justicia y Paz No. 5. Julio – septiembre 1997.

9. Periódico El Tiempo, 15 de enero de 1998. "Para Muerto en la Horqueta era de la Convivir".

10. Guerra Sin Cuartel. Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. Human Rights Watch. Octubre de 1998. pg. 103

11. Esquilmando al lobo. Plinio Apuleyo Mendoza. Periódico El Espectador. Julio 7 de 2002 pg 13ª.

12. Citado por Guerra Sin Cuartel. Colombia y el Derecho Internacional Humanitario. Human Rights Watch. Octubre de 1998. pg. 105. Carta a las CONVIVIR de Antioquia suscrita por el Coronel Juan Octavio Triviño Herrera del 12 de septiembre de 1997. Periódico El Colombiano. Octubre 8 de 1997.

13. Periódico El Colombiano. Noviembre 14 de 1995

14. Informe de La Alta Comisionada para los derechos Humanos de Naciones Unidas. Marzo 31 de 2001. pg 31

15. Periódico El Colombiano. Julio 11 de 1997

16. Periódico El Colombiano. Julio 12 de 1997.

17. Periódico El Colombiano. Agosto 27 de 1997

18. Radicado 18.542 de la Fiscalía Regional de Medellín adelantado por el Homicidio múltiple sucedido en la Discoteca El Aracatazo de Chigorodó

19. Radicado 16.932 / 3 de la Fiscalía Regional de Medellín.

20. "Gloria Cuartas Alcaldesa entre dos fuegos". Revista Alternativa No. 8 Marzo 15 – Abril 15 de 1997 pg 23

21. Radicado 22.352 / 14 de la Fiscalía Regional de Medellín

22. Febrero de 1996 por efectivos de la Policía Nacional y el 20 de mayo de 1996 por miembros de la Fiscalía y del Ejército.

23. Se crearon CONVIVIR durante la Administración de Álvaro Uribe Vélez en los siguientes municipios del Suroeste Antioqueño Amagá, Andes, Angelópolis, Anzá, Armenia, Betania, Betulia, Bolivar, Caldas, Concordia, Fredonia, Heliconia, Hispania, Jardín, Pueblo Rico, Santa Bárbara, Salgar, Támesis, Tarso y Tititirí. Periódico El Colombiano. 25 de septiembre de 1996. pg 1C.

24. Periódico El Tiempo. Junio 19 de 2002

25. La Unidad Nacional de derechos Humanos inició proceso penal contra el General rito Alejo del Río por su complacencia con los grupos paramilitares en la zona de Uraba.

26. "Gloria Cuartas Alcaldesa entre dos fuegos". Revista Alternativa No. 8 Marzo 15 – Abril 15 de 1997 pg 21

27. Radicado 233 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.

28. Proceso disciplinario adelantado en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y Radicado No. 565B de Jueces del Circuito Especializado.

29. Decreto 3398 de 1965, Ley 48 de 1968 y decreto 356 de 1994

30. Declaración de Mary Robinson. Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, ante la 58 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de UN 18 de abril de 2002. Periódico El Tiempo. Abril 19 de 2002.


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