Costos de una guerra fratricida

Análisis

Tomado de Semanario Virtual Caja de Herramientas

Por Alonso Ojeda Awad -   Ex embajador de Colombia

Es una preocupación recurrente, saber cuántos son los costos que genera este enfrentamiento social y armado, de más de cincuenta años. Se espera que el conflicto llegue su fin, con base en las esperanzadoras palabras del presidente Juan Manuel Santos y los comunicados que emiten –en forma juiciosa–, los delegados de las FARC, reunidos en La Habana, Cuba.

“Los últimos 10 años de guerra, han costado cerca de 220 billones de pesos al erario público”, según los concluyen rigurosos estudios realizados por varias universidades. Estos datos arrojan la sumatoria de los sueldos de todo el personal humano comprometido en las tareas de defensa: salarios para más de 400.000 personas vinculadas a estas actividades, además de gastos en logística, intendencia y armamento.

Los anteriores son los costos a nivel macro, ya que es difícil saber a ciencia cierta, cuánto le ha costado la guerra al país. Basta con decir que no están cuantificados los costos que se invierten en hospitales y clínicas que genera el terrorismo en sus múltiples expresiones como: emboscadas, atentados y minas antipersonales. Tampoco están relacionados los costos generados por asesinatos, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados, un desastre apocalíptico que ya suma más de seis millones de víctimas.

Sin embargo, con esta sola cifra de gastos de defensa, el Estado colombiano hubiera podido invertir estas ingentes sumas presupuestales en otros rubros de solución a la problemática social, para aliviar la dura situación de millones de colombianos que no tienen una vivienda digna. Se hubiera podido construir más de 3.000.000 de casas de interés social a lo largo y ancho de la geografía nacional, resolviendo en esta forma un pedido clamoroso que desde hace años hace la sociedad colombiana.

Para la investigadora Ana María Ibáñez, de la Universidad de Los Andes, los graves daños no son sólo en los rubros presupuestales, también “la violencia genera incertidumbre y miedo, debilita las instituciones estatales y pone en riesgo los derechos de propiedad, entre otros.

Los estudios universitarios también muestran que debido al conflicto armado, las firmas manufactureras salen más del mercado e invierten menos; los productores agrícolas dejan de producir o se dedican a actividades de bajo riesgo, pero baja rentabilidad; los niños asisten menos al colegio y se vinculan al mercado laboral; y la salud de las personas se deteriora, pues los niños nacen con bajo peso y aumentan los abortos en regiones de aspersión con glifosato”.

Se espera que la paz ponga fin a la desastrosa guerra; guerra que por cierto, perdió toda razón de ser para la misma insurgencia, pues si bien, no ha podido ser exterminada por las fuerzas del Estado, tampoco ha mostrado avances significativos en su lucha, ni desde el punto de vista militar, ni mucho menos desde la perspectiva política de organización de fuerzas sociales participativas.

Firmar un acuerdo de terminación del conflicto, significa la posibilidad de una negociación gana-gana para parte y contra parte, esto es insurgencia y gobierno.

La Constitución política de 1991 instauró nuevas y más eficaces herramientas para hacer política de oposición y de organización con expectativas reales y concretas para llegar al poder, no solo a nivel local, sino además a nivel nacional, como ya lo han hecho otras hermanas republicas de Latinoamérica, casos concretos: El Presidente del Uruguay, Pepe Mujica –ex comandante del movimiento guerrillero Tupamaro–, así mismo Evo Morales –el presidente indígena de Bolivia, quien ya suma tres períodos seguidos–.

Del mismo modo para el Estado es la gran oportunidad de plantearse verdaderas opciones de crecimiento y desarrollo económico, social y político, así como dar los pasos necesarios para asumir la promoción, reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos y la significativa tarea de articular acciones que permitan responder por los millones de víctimas del conflicto cuya razón histórica se impone cada día.

Por eso son tantas las manifestaciones de apoyo popular a los esfuerzos que se hacen en La Habana (Cuba), por poner fin a la guerra fratricida colombiana, que no dudamos en resaltar y reconocer el cerrado aplauso y la ovación de pie, que recibió en el Hay Festival de Cartagena el doctor Humberto de la Calle Lombana, cuando se presentó con la premio Nobel de Paz –Jody Williams–, para ratificar los compromisos del presidente Juan Manuel Santos con la Paz.

Y no es para menos, los colombianos sabemos que ese presupuesto que ahora está destinado a la guerra, después de los Acuerdos de Paz, pasará a la construcción real de la Paz, con inversión que beneficie los campesinos: con hospitales y escuelas, los niños con fortalecimiento del Instituto de Bienestar Familiar, los destechados con la implementación de políticas que mejoren su situación, entre otros. ¡Paz…Que bendición para la sufrida sociedad colombiana!