Igualados

Análisis

Tomado de Comisión Colombiana De Juristas

Por  Gustavo Gallón Giraldo, Director de la Comisión Colombiana de Juristas - El Espectador

El ex presidente Uribe considera que los soldados y los policías no son iguales a los guerrilleros y que las Fuerzas Armadas se desmotivan al tratarlos como iguales. Esta es una de las razones expresadas en su carta del pasado 9 de noviembre al ex senador Álvaro Leyva para rechazar su invitación a apoyar el proceso de paz [1].

Hay un aspecto en el que militares y policías se diferencian de los miembros de las guerrillas y es el de la relación entre su origen y la legalidad: los guerrilleros por definición se alzan en armas contra el Estado. Actúan por consiguiente en la ilegalidad, con la pretensión, eventualmente equivocada, de establecer una legalidad diferente. La diferencia entre uniformados oficiales y guerrilleros radica en que su legalidad sea reconocida suficientemente por las relaciones internacionales y por fuerzas sociales predominantes en lo nacional. En el caso colombiano, esa legalidad de origen está del lado del Estado y de su fuerza pública, mientras que las guerrillas se desenvuelven en la ilegalidad y en contra de la legalidad.  Aparte de esa diferencia, que es indudable, la carta sostiene que no se les puede igualar en lo jurídico, ni en lo político ni en lo militar.

En lo jurídico, porque “los nivela como victimarios y condiciona la solución judicial de los uniformados a un previo acuerdo con el terrorismo”. Es decir, que los únicos victimarios serían los guerrilleros. Pero eso es contrario a la evidencia: un agente del Estado es victimario si se involucra en una masacre. El tratamiento judicial del victimario no puede depender de un acuerdo entre los combatientes, sino que debe respetar los límites jurídicos establecidos nacional e internacionalmente, tanto para guerrilleros como para militares y policías. En eso son iguales.

En lo político, la carta considera que, por cambiar la palabra seguridad por la denominación de guerra,  “al guardián institucional de las personas se le degrada al ponerlo como legítima contraparte del asaltante”. ¿Quizás se quiso decir que no es legítima contraparte el grupo guerrillero? Si así fuera, ello no se debe al cambio artificial de palabras, sino a la realidad de los hechos. El conflicto armado no deja de serlo porque se prohíba llamarlo así, como se hizo en la década pasada. De igual forma, el paramilitarismo no deja de existir por el hecho de que se haya ordenado cambiarle su nombre por el de “bacrim”.

Y en lo militar, la carta considera nocivo que el Gobierno haya puesto “a los generales de interlocutores directos del terrorismo”. Se refiere con ello al nombramiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y otros seis altos oficiales para "iniciar la discusión de diferentes opciones y modelos para la dejación de armas”, en caso de un eventual acuerdo de paz [2]. Qué tal que esa discusión, eminentemente militar, hubiera sido dejada solo en manos de los negociadores civiles. Si en algo son iguales militares, policías y guerrilleros es en su conocimiento del uso de las armas y de las dinámicas de guerra. Nada más acertado entonces que asumir esa igualdad para que el acuerdo quede bien hecho entre quienes saben cuáles son los reales caminos hacia la dejación de las armas y cómo se garantiza militarmente un acuerdo de paz.

En vez de lamentar la “igualada”, ojalá la paz contribuya a hacer realidad la igualdad en Colombia.

(A propósito de masacres y de igualaciones, el próximo 14 de enero se cumplen 25 años de la perpetrada contra 43 personas en Pueblo Bello, que todavía no se ha reparado plenamente, después de nueve años de dictada sentencia por la Corte Interamericana el 31 de enero de 2006).