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Tomado de ANNCOL
Por Semana
El viernes pasado, desde una cárcel en los Estados Unidos, el exjefe del Bloque Catatumbo Salvatore Mancuso, junto con seis cabecillas más -desde otras cárceles colombianas- escuchaban la lectura de sentencia que el Tribunal de Justicia y Paz profería contra los responsables de las masacres de Norte de Santander.
En un hecho sin precedentes, Mancuso fue condenado a ocho años por los crímenes que cometió durante la violencia paramilitar.
La Sala de Conocimiento de ese organismo judicial analizó más de 16 hechos violentos que se tipificaron en graves delitos y que causaron daños a más de 900 víctimas del conflicto, en el oriente del país.
La lista de delitos imputados es enorme. Concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, tortura, toma de rehenes, hurto calificado y agravado, actos de barbarie, secuestro agravado, desaparición forzada, terrorismo, tráfico de estupefacientes y tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, entre otros.
La decisión cobijó a Jorge Ivan Laverde (‘Iguano’), Lenin Palma Bermúdez, José Lozada (‘Mauro’), Juan Ramón de las Aguas (‘Rumichaca’), e Isaías Montes (‘Junior’), postulados en Justicia y Paz y quienes participan de este proceso desde cárceles en Cúcuta, Medellín, Bogotá y Barranquilla. El único que fue excluido de la lista fue Jimmy Viloria (‘Jairo Sicario’).
La ponencia inicial estuvo a cargo de la magistrada Alexandra Valencia, quien dio inicio a la lectura de la sentencia nombrando una a una las víctimas de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Toda esta escena se dio en medio de rostros de dolor en la sala habilitada en el Palacio de Justicia de Cúcuta.
La jurista leyó apartes de las declaraciones entregadas por Mancuso: “Yo entraba a las brigadas sin que ni siquiera me requisaran. Cuando venía, entraba como si entrara un comandante de un batallón. En esa forma funcionó todo el fenómeno y esa fue la vinculación anterior con las autodefensas”, dijo.
Finalmente, la juez envió copias a la Fiscalía General para que se inicien las indagaciones pendientes a personas pertenecientes a gremios económicos, empresas prestadoras de servicios públicos y demás personas que ayudaron a la expansión y consolidación del bloque Catatumbo.
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