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#LaOrinoquíaSeLevanta Pliego de Exigencias

Comunicado
Por comunidades campesinas del departamento del Meta y norte del Guaviare 





Las comunidades campesinas del departamento del Meta y norte del Guaviare han sufrido por décadas las inclemencias del conflicto político, social y armado que se desarrolla actualmente en Colombia; hoy cuando se cumplen dos años de instalado, formalmente, un nuevo escenario de conversación para la cesación del conflicto armado entre el gobierno nacional y la insurgencia de las Farc-ep recibimos con beneplácito los puntos de acuerdo parciales firmado en la mesa de dialogo de la Habana, estamos convencidos que los acuerdos en política de desarrollo agrario integral en Bogotá, la participación política integral del conjunto de la sociedad colombiana, el reconocimiento de las víctimas y el desarrollo de una política integral para el tratamiento de cultivos de uso ilícito serán la base para la construcción de una paz con justicia social.

Sin embargo, pese a los avances esperanzadores del proceso de negociación que se adelanta entre el gobierno y la insurgencia, resulta preocupante que el Estado colombiano siga siendo responsable, por acción u omisión, de la comisión de violaciones a los derechos humanos en esta vasta región del los municipios del sur occidente del Meta y del norte del departamento del Guaviare, dichas violaciones se materializan en la continuación de desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado, las amenazas en contra de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

El presente documento contiene las exigencias expresadas por la comunidades campesinas de los municipios del sur occidente del Meta y del norte del departamento del Guaviare, organizaciones étnicas , populares y las organizaciones sociales adscritas a la Mesa de Unidad Cívico Agraria y Popular del Oriente Colombiano, que se elevan ante Gobierno Nacional a partir de las constantes violaciones de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario del cual son víctimas los campesinos y campesinas de ésta vasta región, así como el sistemático incumplimiento de los acuerdos pactados por las comunidades y el gobierno nacional.

1. Respeto por los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales.

Durante los cuatro últimos años, las comunidades campesinas y urbanas de los municipios del sur occidente del departamento del Meta y del norte del Guaviare, han denunciado ante diferentes instancias del orden nacional e internacional el recrudecimiento en las violaciones a Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario donde tienen participación miembros de la fuerza pública, en especial miembros del Ejército Nacional. Dicha situación se evidencia en el aumento de capturas masivas, montajes judiciales, empadronamientos, ocupación de bienes protegidos por el DIH, amenazas y señalamiento a líderes, lideresas y organizaciones sociales que desarrollan su trabajo en este territorio.

En consecuencia exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones del Estado Colombiano lo siguiente:

1. El cese el fuego bilateral, de manera inmediata, a efectos de minimizar el impacto del conflicto armado en la población civil.

2. Que el Ejército Nacional cumpla su propósito legal sin usurpar las funciones de los organismos judiciales, y por tanto se abstengan de realizar capturas, allanamientos, registros personales, empadronamientos, y demás procedimientos judiciales en contra de campesinos y campesinas de la región. 

3. Que se respeten las competencias asignadas en la Ley a las diferentes entidades territoriales, tales como la Gobernación, y las Alcaldías Municipales, quienes son los encargados de ejecutar el gasto público y realizar todo lo pertinente para garantizar los Derechos Sociales y Económicos de la población. Por ende se solicita que el Ejército Nacional no intervenga en acciones de carácter cívico, tales como brigadas de salud, educación, realización de obras de infraestructura, entre otras, que por su naturaleza deben ser cumplidas por las autoridades civiles, a efecto de no poner en riesgo a la población civil.

4. Que cesen las amenazas, señalamientos, estigmatizaciones y constreñimientos que se vienen realizando en contra de la población civil, por medio de mensajes difundidos en las emisoras del Ejército Nacional. Sumado a esto se exige que los desmovilizados no realicen patrullajes con miembros del Ejercito Nacional.

5. Que fruto de las operaciones militares que se adelantan en el territorio no se restrinja de manera indiscriminada e indefinida el uso de medios de comunicación a la población civil, y por tanto se aplique el principio de distinción en todo momento, garantizando la libertad de comunicación.

6. Que en aplicación del principio de distinción, se garantice el derecho a la población civil de permanecer neutral en medio del conflicto, y por tanto, cesen las afectaciones a bienes protegidos por el DIH. Ello implica que los actores armados como el Ejército Nacional dejen de ocupar, acampar y utilizar los predios, casas, fincas, escuelas, salones comunales y demás bienes de carácter civil. En especial los siguientes lugares.

Cristalina • Cementerio y colegios del municipio de Uribe • La Julia • Caserío el Avión • San Juan de Lozada • Lejanías • Boca toma de peñas

7. Se detengan el reclutamiento de campesinos de la región. Así mismo, se exige la suspensión de las batidas ilegales en contra de los jóvenes campesinos de la región y se respete por parte de los miembros del Ejército Nacional el derecho de Objeción de Conciencia que le asiste a todos los jóvenes.

8. Se depuren los informes de inteligencia y órdenes de batalla en los que se señala y vincula sin fundamento alguno a líderes y lideresas campesinas como miembros de organizaciones al margen de la Ley, en tanto esto constituye una afectación al debido proceso y al buen nombre, y pone en riesgo la vida, honra y bienes de las personas señaladas.

9. El desmonte de las estructuras paramilitares que hacen presencia en los municipios del sur occidente del Meta y del norte del Guaviare, así mismo que se inicien las investigaciones pertinentes a los integrantes de estas estructuras paramilitares y los agentes estatales actúan en connivencia con las mismas. En especial en los siguientes municipios.

Mesetas. • Castillo. • Lejanías. • Vista Hermosa • Puerto Lleras, Puerto Rico, • Puerto Concordia. • San Jose del Guaviare. • Mapiripan. • Puerto Gaitan. • Puerto Trujillo. • Calamar. • Uribe

10. Solicitamos la conformación de una comisión de seguimiento y verificación a las denuncias elevadas por la comunidad de los municipios del Sur Occidente del Meta, se propone que dicha comisión sea coordinada por el representante de Naciones Unidas y sea integrada por los diferentes organismos de control, la fiscalía general y representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos que actúan en el territorio.

2. Independencia de la Rama Judicial

De acuerdo a la información suministrada por los pobladores de los municipios que comprenden la región del Sur Occidente del departamento del Meta, en los dos últimos años se han aumentado las capturas en contra de campesinos y campesinas de la región, dichos proceso judiciales están soportados principalmente en testimonios NO controvertidos de presuntos ex integrantes de grupos al margen de la ley. En consecuencia solicitamos:

1. Que cesen los montajes y persecuciones judiciales en contra de campesinos y campesinas de nuestros municipios, quienes sin fundamento alguno vienen siendo vinculados a procesos penales. Que en todo momento se respete la presunción de inocencia. En consecuencia con esto, solicitamos que se otorgue la libertad inmediata a los y las detenidas políticas en cabeza de HUBER BALLESTEROS y AMANDA VASQUEZ.

2. Que se concedan a los detenidos y condenados, con detención intramuros, mecanismos alternativos para impedir la continuación de vulnerabilidad y violación derechos fundamentales a la cual se ven obligados como consecuencia de la Crisis Humanitaria en la que se encuentra el sistema carcelario colombiano.

3. Que el Consejo Superior de la Judicatura ordene el traslado de las investigaciones penales de competencia de los Jueces Especializados, que cursan en contra de los habitantes de ésta región, a la ciudad de Villavicencio y Bogotá a fin de garantizar independencia judicial.

4. Que el Gobierno Nacional realice actos y acciones de reconocimiento público y desagravio, en favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos, y lideresas y líderes campesinos que se han visto afectados por la continua vulneración en sus derechos.

5. Que las investigaciones por violaciones a derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, que reposan en la Justicia Penal Militar, donde se encuentran vinculados miembros del Ejército Nacional o de la Policía Nacional se trasladen de inmediato a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

6. Solicitamos la conformación de una comisión de seguimiento y verificación integrada por los diferentes organismos de control en cabeza de la Defensoría del Pueblo, la fiscalía general y representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos que actúan en el territorio a fin de constatar la situación humanitaria de los pobladores del Sur Occidente del Meta que se encuentran privados de la libertad.

3. Avances frente a investigaciones penales y disciplinarias por violaciones a DHH y DIH.

1. Que la Fiscalía General de la Nación entregue un informe detallado sobre el estado actual y avance de las investigaciones judiciales en contra de miembros de la fuerza pública por la comisión de los delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales relacionadas con los cementerios clandestinos ubicados en el departamento del Meta y en el departamento del Guaviare.

2. Que la Fiscalía General de la Nación entregue un informe detallado sobre el estado actual y avance de las investigaciones judiciales en contra de miembros de la fuerza pública relacionados con violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el departamento del Meta y en el departamento del Guaviare.

3. Que la Procuraduría General de la Nación entregue un informe detallado del estado actual y avance de las investigaciones disciplinarias en contra de miembros de la fuerza pública por la comisión de los delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales relacionados con los cementerios clandestinos ubicados en el departamento del Meta y en el departamento del Guaviare.

4. Que la Procuraduría General de la Nación entregue un informe detallado del estado actual y avance de las investigaciones disciplinarias en contra de miembros de la fuerza pública relacionados con violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el departamento del Meta y en el departamento del Guaviare

5. A la Fiscalía General rinda un informe sobre las acciones penales adelantadas y el estado actual de los procesos con ocasión de las denuncias por presencia de grupos paramilitares, así mimos las amenazas de estos grupos en contra de líderes y lideresas de la región. 6. Que el Gobierno Nacional conforme una comisión interinstitucional, con participación de organizaciones no gubernamentales a fin de impulsar y hacer seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias adelantadas por la comisión de los delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales relacionadas con los cementerios clandestinos ubicados en el departamento del Meta y del Guaviare.

4. Garantías de desarrollo social y económico de las comunidades étnicas y campesinas.

1. Que se reconozca el conflicto cocalero de la región y en consecuencia se suspendan las fumigaciones y erradicaciones forzosas de cultivos coca.

2. Se otorgue a la las organizaciones campesinas la certificación de la ganadería, evitando intermediarios, de igual forma se solicita el laboratorio para las enfermedades del ganado.

3. Que los planes del Gobierno Nacional, incluido el plan de desarrollo y demás programas que afecten a la región sean discutidos y concertados con las organizaciones sociales reunidas en la MUCAPOC.

5. Respeto al Medio Ambiente y el derecho al Territorio

1. Que cesen los bombardeos indiscriminados sin objetivo militar, con el fin de evitar el amedrentamiento, pánico y el consecuente desplazamiento forzado del que son víctimas la población civil y se eviten los daños colaterales al medio ambiente de la región.

2. Que cesen las afectaciones causadas por empresas multinacionales y nacionales a la conservación del aire, suelo, subsuelo, flora y fauna del departamento del Meta y del departamento del Guaviare.

3. Solicitamos la conformación de una comisión de seguimiento y verificación a las denuncias elevadas por la comunidad campesinas, éticas de los municipios del Sur Occidente del Meta y del norte del departamento del Guaviare por daños medioambientales ocurridos con ocasión de bombardeos indiscriminados sin objetivo militar y las actividades de afectación aire, suelo, subsuelo, flora y fauna , se propone que dicha comisión sea coordinada por el representante de Naciones Unidas y sea integrada por los diferentes organismos de control, la fiscalía general y representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos que actúan en el territorio.

6. Reconocimiento Político a la Organizaciones étnicas, campesinas, sociales y populares de la región.

1. Que se reconozca a los campesinas y campesinos como sujetos activos del desarrollo agropecuario de la región, y en consecuencia se solicita que se brinden los mecanismos de participación directa para la formulación y ejecución de partidas presupuestales para lograr el fortalecimiento organizativo de las organizaciones étnicas, campesinas, sociales y populares de la región.

2. Que se detengan los procesos de militarización de la vida civil en los municipios del Sur Occidente del Meta, de igual forma se exige que gobierno nacional se reconozca político a las organizaciones sociales y populares adscritas a la MUCAPOC a fin de contrarrestar la estigmatización, y por tanto se les brinde todo el apoyo institucional a éstas dotándolas de herramientas y recursos necesarios para el fortalecimiento organizativo.

3. Que se realizasen por parte del gobierno nacional un acto de reconocimiento público en cada uno de los municipios del Sur Occidente del Meta donde se resalta y reconozca la labor realizada por cada uno de los defensores, defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, así como a las organizaciones sociales que desarrollan su trabajo en el territorio.

4. Que se otorguen a las organizaciones étnicas, campesinas y populares la licencias para funcionamiento de las emisoras radiales comunitarias.

5. Que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales de los departamentos del meta y del Guaviare, emprendan campañas, por los diferentes medios masivos de comunicación, para incentivar la participación de la comunidad en las organizaciones, étnicas, campesinas, sociales y populares que desarrollan su actividad en los municipios del Sur Occidente del Meta y del norte del departamento del Guaviare.

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