Comunicado
Al calor de los diálogos de paz de La Habana, algunas voces se han venido alzando buscando confundir al pueblo colombiano y a la comunidad internacional al presentar a la guerrilla de las FARC-EP como una organización que habría venido cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el largo conflicto armado interno que hemos vivido en Colombia desde mediados del siglo pasado.
Las FARC-EP venimos manifestando que “(...)así como demandamos el reconocimiento de responsabilidades por parte de los múltiples actores responsables, con todas las medidas y acciones que de ellas se deriven, manifestamos la voluntad de asumir las nuestras, siempre atendiendo al carácter político-militar de nuestra organización, nuestros propósitos y definiciones programáticas, nuestros planes militares para la toma del poder, nuestras normas internas y de relacionamiento con la población civil y, desde luego, las leyes de la guerra y las normas del Derecho Internacional Humanitario (...).
Evidentemente nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y ello se acredita atendiendo a que cuando en algunas de nuestras acciones militares realizadas durante el conflicto se han causado víctimas no combatientes, ello nunca se ha debido a la perpetración de ataques intencionados contra la población civil, sino debido a situaciones imprevisibles en unos casos y también a errores desafortunados en otros, ocasionados siempre por un accionar armado en situación de tremenda desventaja militar respecto a nuestros adversarios.
Derecho a la rebelión
Las FARC-EP somos una organización surgida como respuesta a la persecución contra los campesinos y otros sectores populares que fueron perseguidos históricamente por la oligarquía y el establecimiento colombiano. Si no hubiera existido esa persecución ejecutada hasta el exterminio, si el régimen intolerante, excluyente y violento nos hubiera permitido hacer política en paz, nunca habríamos surgido como expresión de la organización de la resistencia popular.
El surgimiento de las FARC-EP como organización del pueblo colombiano en resistencia contra la injusticia y la represión fue consecuencia de los sucesivos incumplimientos del Estado de sus compromisos adquiridos para poner fin a la era de la Violencia y a la exclusión política y económica del campesinado, así como respuesta a una agresión planificada y sistemática contra el campesinado, planificada y ejecutada por el establecimiento y los EE.UU, extendida contra todo el pueblo colombiano. En tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión, reconocido ya en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
A un ejército campesino y popular no pueden exigírsele las mismas obligaciones que al inmenso ejército regular del Estado. Nunca ha existido simetría entre ambos, correspondiendo al Estado una especial obligación de vigilancia respecto al comportamiento de la fuerza pública, cuya legitimidad no es otra que la defensa de los derechos fundamentales de toda la población. Precisamente la vulneración de esos derechos fundamentales de la población por parte del Estado, de sus políticas y de sus agentes, justifican plenamente el ejercicio de nuestro derecho a la rebelión.
Si una organización guerrillera y popular como la nuestra hubiera diseñado y ejecutado estrategias de persecución sistemática a la población civil, inmediatamente habríamos confrontado con los amplios sectores populares cuyo apoyo nos es imprescindible para seguir existiendo. Las acusaciones contra la FARC-EP de haber cometido crímenes sistemáticos contra la población civil, es difícilmente conciliable con el hecho de que hayamos resistido ya por más de medio siglo a la mayor maquinaria militar de América Latina y al poderío militar de la potencia hegemónica, los EE.UU. Dicha resistencia, nuestra existencia y nuestros muchos avances a lo largo de todo el territorio nacional, no serían hoy una realidad si hubiéramos desarrollado las supuestas estrategias criminales de las que se nos acusa. De ser ello cierto, sin duda nos habría hecho perder todo el apoyo de los amplios sectores populares que sustentan nuestra lucha.
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