Comunicado
Inspirados en la memoria de Caonabo, de Enriquillo, de Cuauhtémoc, de Guaicaipuro, de Túpac Amaru, de Lautaro, de la Gaitana, de Quintín Lame y de toda la fuerza espiritual de nuestros héroes y heroínas indígenas, de nuestros pueblos originarios y su visión de futuro, en este doce de octubre, las FARC-EP alzamos la voz para una vez más dar un viva tonante al día de la resistencia indígena, exaltando la condición multiétnica y multicultural de nuestra patria y diciendo que nos enorgullecemos de nuestras raíces amerindianas y afro descendientes.
No se trata solamente de elevar una consigna en la voz sino de sumarnos de manera constante y en la acción a la lucha por las reivindicaciones de los pueblos indígenas de Colombia y el continente. Especialmente ahora decir que la paz en nuestro país solo será si entre todas las transformaciones que requerimos se toma en cuenta los derechos fundamentales de las comunidades rurales, y dentro de ellas las de los pueblos originarios que durante siglos han sido mancillados, vilipendiados y despojados. Si la paz es un asunto de todos, es con la participación decidida y directa también de los representantes de estos pueblos en el proceso de conversaciones de La Habana, que hemos de conquistarla.
La justicia no puede tener más demora, y su materialización implica la generación de condiciones para que se concreten los Planes de Vida de los pueblos originarios, se respete la consulta previa, sus tradiciones, su autonomía y el territorio, saneándolo, fortaleciéndolo, y brindando los recursos para su pleno desarrollo.
Reafirmar con y para nuestros hermanos indígenas los principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, tal como ellos mismos lo han planteado en sus movilizaciones, foros y cumbres debe ser, al lado del cumplimiento de los acuerdos y compromisos suscritos, un imperativo para el gobierno, entendiendo que los hechos y no las promesas son la mejor manera de construir La Paz. En tal sentido, es hora que el presidente Santos entre a cumplir con lo pactado con los líderes de la Cumbre Agraria, entre otros, y que tiene que ver con las necesidades urgentes de orden económico, político y social plasmadas en pliegos ya bastante conocidos por el país.
Definitivamente, son los pueblos y las comunidades por ejemplo, quienes deben jugar el papel protagónico en la conducción del ordenamiento territorial, en la definición de sus usos y las distintas maneras de habitarlo, considerando la conservación del medio ambiente y el desenvolvimiento del buen vivir en armonía con la naturaleza.
No puede haber más obstrucciones a las propuestas territoriales que abogan por el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y la defensa de los territorios de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, multiétnicas, multiculturales y raizales, partiendo de la realización de una verdadera reforma rural integral que estructuralmente resuelva el problema de la tenencia y el uso de la tierra, la formalización de la propiedad, los problemas de acceso, la extravagancia del latifundio, la extranjerización y todas los apremios de inversión social y políticas públicas que existen.
La palabra de las comunidades agrarias y de los pueblos indígenas se ha expresado ya de múltiples maneras exigiendo que se detenga el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, que cese la entrega a empresas multinacionales que destruyen la economía campesina y la vida, y se opte por un modelo económico que garantice la existencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afro descendientes y de los sectores populares.
Reivindicar a nuestros pueblos originarios, entonces, exige atender estos sueños que son plenamente posibles y que pasan por dar vía libre a las iniciativas de autonomía territorial y de construcción de una política económica y de producción de alimentos soberana, poniendo fin al monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral.
Del dicho y las promesas, abrirle camino a la paz en favorecimiento de los pueblos indígenas y de los empobrecidos hijos de Colombia, requiere también dar garantía de acceso a la riqueza minero-energética para todos y todas, observando en el respeto por los bienes de la madre tierra, tomando en cuenta que la explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada como ejercicio de soberanía nacional.
Requiere además encontrarle alternativa a los cultivos de coca, amapola y marihuana, superando el prohibicionismo y el tratamiento militar y punitivo como las criminales aspersiones aéreas o la erradicación forzada que incluso desconocen los usos tradicional, ancestral y alternativos. Atender a la implementación de una nueva política con programas de sustitución autónoma, gradual y concertada, con el impulso a los cultivos alternativos con garantías de comercialización, es la solución que claman los de abajo.
Estos pocos aspectos los recordamos para insistir en la necesidad y la urgencia de cumplir con los compromisos que los diversos gobiernos han hecho con las organizaciones sociales y populares y especialmente con los pueblos originarios, y a ellos agregamos el imperativo compromiso de resarcimiento por tanto daño causado con la guerra sucia, el terrorismo de Estado y el abandono gubernamental; pero especialmente subrayamos en que el régimen debe otorgar garantías de participación política, cesando la criminalización y la judicialización de la protesta social, y permitiendo la participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en los asuntos de la nación.
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Este es un espacio para la sana exposición de las ideas. La paz se hace con un diálogo fundamentado en la descencia y el respeto. Por favor omitir groserias y vulgaridades.