Análisis
Tomado de ANNCOL
Por Allende La Paz
El parlamento colombiano –y con él el Ejecutivo- sigue su carrera desenfrenada hacia el barranco de los mensajes equívocos y equivocados al Proceso de Paz de La Habana. Esta vez –una vez más- por cuenta del Fuero Militar.
Un Fuero Militar que actualmente constituye un monumento a la impunidad de los delitos de todo tipo que cometen las fuerzas militares estatales en aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). El cual será el más claro mentís a lo que se pretende alcanzar en La Habana.
En La Habana las FARC-EP ha planteado la necesidad de dotar a las fuerzas militares estatales de una Nueva Doctina que entierre por siempre la DSN, verdadero soporte del Terrorismo de Estado que ha dejado más de 966.000 víctimas fatales y más de 6,5 millones de desplazados internos, a los cuales se les despoja de sus tierras que fueron a parar a manos de militares, narco-paramilitares, “empresarios del campo”, ganaderos-terratenientes.
Ese planteamiento fariano –que es el de todo el pueblo- conlleva a ponerle un “tatequieto” a los “excesos” de las fuerzas militares contra la población civil. Es evidente que esta política del “enemigo interno” tiene que acabarse si queremos que Colombia entre a la modernidad a través del proceso de Paz.
Lo que se quiere no es perseguir a las Fuerzas Militares del estado por el hecho de ser militares, sino aplicarles la justicia –como a todo ciudadano colombiano- a aquellos que han cometido delitos aprovechando las situaciones de orden público. No puede establecerse una categoría constitucional de ciudadanos que están fuera de la ley porque ahí sí “sería Troya”. Y con una Nueva Doctrina Militar –Bolivariana- transformar las fuerzas militares en defensoras de la soberanía nacional, papel que cada vez hacen menos ante la presencia de militares estadounidenses.
Sobre la aberración que se pretende cometer, vale la pena leer el artículo del presidente de la CCJ, Gustavo Gallón, publicado en El Espectador que reproducimos en nuestra página. Allí consigna algunas de las aberraciones mencionadas y cómo la CIDH ha condenado al Estado en relación con tal política. Además, no ha sido solamente la CIDH la que se ha pronunciado sobre el “monumento a la impunidad” que pretende erigir el gobierno y su “bocón” vocero, el MinDefensa. También la ONU ha condenado estos intentos de implantar tan aberrante Fuero Militar, el cual –hay que decirlo- ha sido ideado para “contentar a los militares” ante lo que ellos llaman la “entrega de Colombia al terrorismo”.
Si seguimos por ese camino, no serán sólo los presidentes y los parlamentarios, los que “gozarán” de impunidad por los actos delictuosos cometidos en ejercicio de sus funciones, sino también los militares que tendrán con la nueva reforma al fuero más y más impunidad, en una categorización que demuestra que en Colombia “la justicia es para los de ruana”, para los que crean la riqueza en nuestro país, es decir, los trabajadores de la ciudad y el campo.
Que significa, ni más ni menos, que a un pobre le metan 25 años de cárcel por el robo de una “gallina”, en tanto a un militar que ha asesinado X número de trabajadores lo “premian”con la más absoluta impunidad. Esa aberración no puede ser tolerada.
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