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Terror en el Bajo Cauca

Reportaje
Por Semana
Foto: Oscar Jaimes Ríos/Gobernación

En el Bajo Cauca antioqueño, como Caucasia, los Urabeños repartieron toda la zona en franquicias donde hombres como Darío, León, 6-7 y Morroco imponen su ley del terror.

La pena de muerte contra Sixto Manuel Peralta estaba anunciada. Comenzó a circular de boca en boca en los alrededores del corregimiento de Piamonte, en el municipio de Cáceres (Antioquia), y se hizo realidad en junio cuando un hombre lo degolló a machete, en plena vía pública, frente a varios miembros de la comunidad.  El cuerpo quedó tendido, durante varias horas, como un aviso para quienes se atrevan a quedarse con la plata de una vacuna, dice un funcionario de esa población.

Al cuerpo de este joven no se le practicó levantamiento, necropsia, ni fue velado. Ni siquiera hay una denuncia por su muerte en la Fiscalía. Su cadáver, tal como lo confirmó SEMANA con cuatro fuentes distintas, fue recogido en el camino entre Piamonte y la vereda La Granja, y luego acomodado en un cajón de madera que donó la Alcaldía.  Fue enterrado en medio de la más completa prudencia. Todo, porque además de la ley del terror, tienen la del silencio.  

Hoy nadie se atreve a pronunciar el nombre del joven ni de la barbarie a la que están siendo sometidos. No hay registros de su muerte en la Alcaldía, en el Concejo, ni en la funeraria. Los familiares de Sixto también se guardaron para sí el crimen. “Muy lamentable lo que le ocurrió a esa familia, pero, ¿y usted por qué sabe eso? Si eso se supone que no lo sabe nadie”, dijo un funcionario local a los enviados de SEMANA.

La decisión de callar vino de Darío, un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia que ejerce un poder omnipresente en un territorio de más de 3.000 hectáreas al que se accede cruzando el río Cauca, desde un muelle ubicado a 15 minutos por carretera de Caucasia. Al amparo de la humedad y del sopor, no se ven hombres armados. Pero sí las miradas tensas de los campaneros que alertan sobre la presencia de desconocidos.

Para pasar al otro lado, prohibido para los forasteros, hay que subirse a un viejo ferry cuyos encargados (extorsionados permanentemente por las bandas criminales) cobran entre 40.000 y 450.000 pesos según el carro. Cruzar es llegar a predios herméticos donde están las haciendas del extraditado Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, dominadas por los hombres de Darío pese a estar en manos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). De acuerdo con solicitudes presentadas a la Unidad de Restitución de Tierras de Caucasia se cuentan en más de 80 las fincas que supuestamente Macaco despojó.

Pero más allá de Piamonte, el fortín de Darío, está Guarumo, un paraje colindante con el río que según un fiscal adscrito al Gaula de la Policía ha sido utilizado como campo de torturas. El miedo a hablar es tanto que la madre de un joven desaparecido y asesinado en Guarumo ha preferido ocultarles lo ocurrido a algunos miembros de su familia.   Cuando le preguntan simplemente dice que no ha vuelto. “Algún día la gente sabrá lo que hacen con los muchachos, los niños y los adultos allá. Los matan, los pican y los tiran al río. Eso es lo que hacen”, dice.

La Fiscalía poco a poco se ha ido enterando de otros casos. Hace un par de meses una mujer de una ONG divisó desde la orilla del río una parte de un brazo que flotaba en el río Nechí. En la fotografía que tomó se puede ver que la extremidad lleva un tatuaje que coincide con el de un joven desaparecido en el corregimiento de Puerto Bélgica, de Cáceres. Por reportes que reposan en la Fiscalía, se sabe que el 27 de febrero de 2014 vieron por última vez con vida a dos jóvenes cuyo nombre SEMANA se reserva para proteger a las víctimas. Uno de los dos tenía un tatuaje similar al fotografiado.

De alias Darío, el hombre que genera tanto miedo,  dicen que no supera los 40 años y que tiene cédula de un municipio de Cundinamarca, en la misma tierra donde nació Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, excomandante de las AUC recordado en Tarazá por haber mandado a matar campesinos a tiempo que construía hospitales y hacía obras sociales. Y no es coincidencia que sean coterráneos. Con el propósito de edificar en la década del noventa el Bloque Mineros de las AUC, Vanoy se llevó para Tarazá a un puñado de paisanos de confianza a los que llaman Los Caparrapos.

Ahora en el Bajo Cauca el control ilegal simplemente ha cambiado de nombres. Una vez Macaco y Vanoy se sometieron al proceso de Justicia y Paz (ambos fueron extraditados) los mandos medios comenzaron una puja que tuvo su momento más duro en 2010. Urabeños, Rastrojos y un grupo de los Paisas se disputaban la zona a muerte. Con el tiempo, según fuentes de inteligencia de la Policía, el territorio quedó dividido en franquicias otorgadas por el Clan Úsuga, el de los Urabeños. Alias León, Darío, 6-7 y Morroco se reparten desde distintos flancos el poder en iguales cantidades.

Ese poder se nutre de la minería ilegal, las extorsiones y la coca. Para 2012, en el Bajo Cauca se concentraba la mitad de estos cultivos de todo Antioquia, según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, de Naciones Unidas. Esa droga termina en el golfo de Urabá y Córdoba.

Pero ahora lo grueso está en la minería. Cifras de la Agencia Nacional minera indican que el año pasado se explotaba 23.605 hectáreas, de 349.000 que poseen títulos mineros. Sin contar lo ilegal. Sobre el río Nechí, por ejemplo, hay 41 puntos detectados. Una retroexcavadora paga 3 millones de pesos mensuales en vacunas a los ilegales, dicen en Caucasia. También “hay unas 400 dragas de minería que también  tienen que aportar”, denuncia un exfuncionario público. Y a eso se le suma el chantaje al erario: pedían el 12 por ciento para dejar construir los parques educativos de Tarazá y Cáceres, proyectos insignia del gobernador Sergio Fajardo.

Alias Darío ha intentado incluso influir en las decisiones políticas en la región. El 21 de julio pasado citó a los concejales de Cáceres a una reunión en la isla La Amargura, más allá de Piamonte, con el ánimo de impedir que aprobaran la construcción del comando de Policía y un empréstito que solicitó el alcalde por 4.000 millones de pesos.

Leiderman Ortiz, periodista del diario La Voz del Pueblo, hizo la denuncia. “Cuando la Policía fue, la reunión se había acabado. Apenas quedaron las sillas en fila”, cuenta. Los concejales lo niegan, pero el periodista se reafirma. Atreverse a hablar en un lugar donde todos callan le ha salido caro. Su casa, en un sector popular, es un búnker blindado que ya recibió el impacto de una granada de fragmentación.

Por el lado de Tarazá tampoco escampa. Allá, en el territorio de alias Morroco fue asesinado el periodista Luis Cervantes y el exalcalde Reinaldo Posso Muñetón, mano derecha de Héctor Leonidas Giraldo, el actual burgomaestre, quien ha recibido amenazas. Y todo aquello sigue ocurriendo en medio del silencio. Un silencio que parece un mal chiste si se leen las estadísticas oficiales de la Policía de Antioquia: durante 2014 no se reportan denuncias por extorsión. Porque la orden de Darío y sus hombres es no hablar. Y mucho menos de los muertos. 

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