El Fiscal y su condominio en La Calera, ¿un regalo de Palacino?

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Tomado de ANNCOL

Por La Ola Política

Pocas veces en Colombia un Fiscal General había tenido tanto protagonismo político y mediático como Eduardo Montealegre. Desde que asumió como remplazo de Viviane Morales, quien renunció en marzo de 2012, ha dejado en claro su poder al lograr que el Consejo de Estado determinara que los periodos en la Fiscalía son personales y no institucionales. Cuando se esperaba que fuera el encargado de terminar el periodo de Morales, esta jugada le permitió atornillarse en ese importante puesto por cuatro años.

Montealegre ha estado presente en los debates más importantes del país. Y también, hay que decirlo, en los más sonados casos de corrupción en los últimos tiempos. En cuanto a lo primero, son famosas sus discusiones con el procurador Alejandro Ordónez acerca del Marco Jurídico para la Paz y los alcances de los diálogos que sostiene actualmente el gobierno con las FARC en La Habana. El Fiscal ha defendido tesis tan controversiales como que los guerrilleros podrían pagar sus condenas con trabajo social y no con cárcel. A lo que Ordóñez, en representación de sectores conservadores y uribistas, ha respondido que eso sería abrirle la puerta a la impunidad. 

Sin embargo, no todos los debates en los que ha estado involucrado Montealegre se han mantenido en el ámbito de lo jurídico. Incluso desde antes de ser nombrado Fiscal General de la Nación pesaban sobre él varias denuncias en cuanto a la supuesta inhabilidad en la que estaría comprometido por haber sido asesor legal del grupo Saludcoop. Incluso la ex contralora Sandra Morelli, hoy refugiada en Italia, afirmó en su momento que Montealegre había recibido más de cinco mil millones de pesos como pago por su trabajo en esa EPS. 

El Fiscal se ha defendido diciendo que esos pagos correspondieron a su trabajo antes de asumir en esa entidad. También ha afirmado que sus vínculos con Carlos Palacino, ex presidente de Saludcoop investigado por un fraude cercano a los 1,4 billones de pesos, fueron de índole estrictamente profesional. Pero una fuente que pidió no ser identificada le contó a Ola Política que el terreno donde Montealegre construyó su casa, en un lujoso condominio en el municipio de La Calera, que pudo haber sido una especie de regalo de Palacino en reconocimiento a sus servicios de la epoca en que trabajaron juntos. Al cierre de esta nota,  no se pudo comprobar esta información allegada a Ola. 

Por si fuera poco, el reconocido periodista Alberto Donadío ha cuestionado seriamente al Fiscal por los modestos resultados en el caso de Interbolsa. En una columna del mes pasado, Donadío se preguntaba si el hecho de que Eduardo Montealegre tuviera el mismo abogado que los principales responsables de la quiebra de la comisionista podría favorecer a estos últimos a la hora de la investigación de los delitos. Aunque el Fiscal se ha declarado impedido en este caso, ha salido a dar ruedas de prensa anunciando imputaciones que hasta el momento no se han producido. 

La última controversia corre por cuenta del “Hacker” Sepúlveda y su utilización mediática para ambientar posibles decisiones futuras de carácter penal. La autorización del Fiscal para que Sepúlveda saliera a los medios a hacer acusaciones que no han sido comprobadas judicialmente ha dejado un mal sabor en la opinión pública y han puesto en duda su ecuanimidad. 

La era Montealegre en la Fiscalia, una de las entidades más poderosas del país, aún continuará. Por desición del Consejo de Estado, el fiscal permanecerá como jefe de entdad hasta marzo de 2016. La decisión que se dio por 20 votos contra 3 acogió la ponencia presentada por la magistrada Susana Buitrago. 

La pregunta que queda rondando en el aire es si este tipo de protagonismo es saludable para la democracia colombiana en momentos en que la justicia sufre una crisis de legitimidad que tiene a varios altos funcionarios huyendo y argumentando que no tienen garantías judiciales en el país. Así las cosas, los ciudadanos de a pie tienen el derecho de cuestionarse si vale la pena cumplir con las obligaciones legales cuando la cabeza del principal órgano de investigación del país se encuentra inmerso en conflictos de este tamaño.