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Barbarie paramilitar en Norte de Santander que le impide investigar al periodismo

Reportaje
Tomado de ANNCOL
Por La Verdad Abierta



Facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) impusieron una crueldad sin límites en este departamento entre 1999 y 2004 con apoyo de sectores estatales. Muchos de esos esos hechos aún se desconocen y los periodistas que se atreven a develarlos son amenazados.


La barbarie paramilitar llegó a Norte de Santander días después del 15 de marzo de 1999, cuando Carlos Castaño, vocero político y militar en ese entonces de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), anunció a través de la prensa que iba a atacar las posiciones de la guerrilla del Eln en la región de El Catatumbo. Lo que vino después fue una tragedia que, 15 años después, tiene aspectos que aún se desconocen y a quienes quieren investigarlos son intimidados y amenazados de muerte.

Si bien el propósito de las Auc, según lo precisó Castaño, era atacar los distintos frentes subversivos, los ataques se dirigieron contra la población civil de esa región del departamento, caracterizada por ser una zona estratégica por su condición fronteriza con Venezuela. Toda esa crueldad luego se desplazó al área metropolitana de Cúcuta.

Cifras estatales indican que las Auc, a través del Bloque Catatumbo y el Frente Fronteras, perpetraron 54 masacres entre 1999 y 2004, que dejaron 403 personas muertas; se calcula que 98.789 personas tuvieron que abandonar sus territorios de manera forzada; asimismo, se tienen registrados 1.019 casos de desaparición forzada, y por lo menos 5,200 homicidios. (Ver: ¿Cómo reparar el brutal daño al Catatumbo?)

Uno de los hechos que ha resultado más sensible para investigar es el de la desaparición forzada, asunto que, recientemente, le generó una agresión al periodista independiente Javier Osuna, quien desde hace varios meses documenta varios casos en Norte de Santander.

Una de las características de ese fenómeno criminal en este departamento fue la construcción de rústicos hornos crematorios para borrar todo rastro de las víctimas. Al frente de esa práctica macabra estuvo Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, quien tuvo el mando del Frente Fronteras. Uno de los hornos se instaló en zona rural del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y el otro en Puerto Santander.

Al respecto, Salvatore Mancuso, quien fue el jefe máximo del Bloque Catatumbo, aseguró durante una sesión de versión libre realizada ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz los días 28, 29 y 30 de abril de 2009 que la idea de desaparecer a las víctimas fue de Carlos Castaño, atendiendo una solicitud de dirigentes políticos y militares para evitar el incremento de las cifras de homicidios.

Ante esa orden y como, según lo confesaron los mismos paramilitares, en la zona fronteriza no había ríos caudalosos para arrojar allí los cuerpos, se les ocurrió la macabra idea de construir los hornos, proyecto que se aceleró cuando las Auc detectaron una operación de la Fuerza Pública para buscar personas desaparecidas en esta región del país.

De ello dio cuenta Mancuso: “recuerdo que para el año…, no recuerdo si fue dos mil dos, dos mil uno, venía una operación de la Fuerza Pública en combinación con la Fiscalía para buscar fosas y encontrar los restos de los desaparecidos. A raíz de eso es que ellos construyeron un tipo de horno donde incineraron los restos de las personas para que no las encontraran”. (Ver: El crematorio del Bloque Catatumbo)

Por esa razón, muchos de los cuerpos de las víctimas, según Mancuso, fueron exhumados y luego llevados a los hornos para desaparecer todo rastro de ellas. Además, este jefe paramilitar aclaró que Laverde Zapata le explicó en su momento que la “creación de ese horno lo hacía porque esa región no tenía un rió caudaloso que pasara por el lado donde arrojar las víctimas”. (Ver 'El Iguano' reveló cremación de cadáveres)

El 10 de diciembre de 2004, por lo menos 1.425 integrantes del Bloque Catatumbo que hacían presencia en Norte de Santander entregaron sus armas bajo los acuerdos del gobierno nacional con las Auc. Atrás quedaba una estela de sangre que algunos, al parecer, se empeñan en tratar de cubrir para evitar que se conozca la verdad de uno de los capítulos más macabros de la guerra desatada por el paramilitarismo en el país.

El asunto se agrava porque la presencia de actores armados en el departamento fronterizo con Venezuela no se detuvo con la entrega de armas de las autodefensas. Después de la desmovilización, algunos paramilitares siguieron delinquiendo y engrosaron las filas de las bandas criminales que hoy operan en la región.

El precio de investigar

Los periodistas que se han atrevido ahondar en ese tema se han enfrentado a serias amenazas y a agresiones. Uno de los últimos hechos involucró al periodista independiente Javier Osuna, quien lleva varios meses documentando las desapariciones forzadas atribuidas al Bloque Catatumbo.

Días después de hacer varias entrevistas en Norte de Santander y de regresar a Bogotá, desconocidosAspecto de los computadores incinerados al periodista Javier Osuna. Foto Cortesía. ingresaron a su apartamento el 22 de agosto pasado e incineraron dos computadores, uno portátil y otro de escritorio, en los que guardaba información sobre su investigación.


A través de un comunicado, fechado en Bogotá el 3 de septiembre, el periodista explicó que la agresión se produjo “apenas tres días después de mi regreso de un viaje a la ciudad de Cúcuta, donde me reuní con víctimas que, además de haber perdido a sus seres queridos, continúan siendo amenazadas en el proceso de la Ley de Justicia y Paz”.

Los hallazgos de su investigación, que hacen parte de sus estudios de Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria en la Universidad Distrital, hacen parte de un libro periodístico que se titulará Me hablarás de fuego, texto que, según Osuna, será “en homenaje a la memoria de los desparecidos de los hornos crematorios de los paramilitares en Norte de Santander”.

La agresión contra Osuna se suma a las intimidaciones que ha recibido el periodista cucuteño John Jairo Jácome, quien trabaja en el diario La Opinión, de la capital nortesantandereana. Desde 2009, ha investigado el fenómeno paramilitar y la injerencia de otras organizaciones criminales en la región.

Precisamente sobre estos hechos que cometieron los paramilitares es que han investigado y escrito los periodistas Javier Osuna y John Jairo Jácome. Las intimidaciones contra este último iniciaron el 18 de abril de 2010 cuando escribió el artículo El eslabón perdido de la historia paramilitar en Colombia, publicado en la edición de ese día en La Opinión, en el que reveló la historia de Lorenzo González Quinchía, conocido con los alias ‘Yunda’, ‘Camilo’ o Julián’, un hombre de confianza de Carlos Castaño y quien estuvo en armas junto con alias ‘El Iguano’ en el Urabá antioqueño.

Luego de publicar ese artículo, Jácome recibió dos correos donde le reclamaban por la nota y lo amenazaban de muerte. De ahí en adelante ha recibido llamadas de paramilitares, nuevos mensajes y hasta ha sido golpeado por desconocidos en la calle.

El hecho más reciente y sobre el que no se tiene plena claridad fue el ataque armado que recibió su escolta. El pasado 16 de agosto, tras cuatro años de ser amenazado, el Estado implementó un esquema de seguridad para Jácome. Doce días después, su escolta, adscrito a la Policía Nacional, lo dejó en la vivienda y luego fue a retirar dinero de un cajero electrónico. Minutos después fue abordado por un hombre que le disparó dos veces en una de sus manos. El atacante huyó sin hurtarle nada.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha registrado violaciones de libertad de expresión en el departamento desde el 2006 hasta agosto de 2014. En este período se contabilizan 49 casos contra 85 periodistas. El año con el mayor número de hechos fue el 2013, cuanto se presentaron 10 agresiones de diferente tipo. En lo corrido del presente año 5 periodistas han denunciado obstáculos y acosos al ejercicio de su profesión.

Si bien los responsables de las agresiones y amenazas contra Osuna y Jácome aún no han sido identificados, Reporteros Sin Fronteras señaló que “todos trabajaron estas temáticas sensibles en la región, han interpuesto las debidas denuncias ante las autoridades, y a pesar de contar con algunas medidas de protección su situación de riesgo continúa”.

Uno de los factores de riesgo de riesgo para los periodistas, según lo han hecho conocer a través de diversos medios, es la salida en los próximos meses de aquellos exparamilitares que ya cumplieron con la pena alternativa de ocho años, establecida en la Ley 975 de 2005, para los postulados de las Auc que cumplieron con todos los requisitos exigidos por las normas.

El temor de los periodistas radica en que algunos de los exmiembros de las Auc que tendrán el beneficio de la libertad condicional fueron nombrados en artículos que en su momento les ocasionaron amenazas, razón que los llevó a solicitarles a las autoridades una protección adecuada e ir más allá de los simples señalamientos de los autores de las intimidaciones.

Lo legal y lo ilegal, juntos

Uno de los aspectos centrales en Norte de Santander, y en varias regiones del país, fue la articulación de sectores públicos y privados al proyecto paramilitar impulsado por las Auc. Así se ha establecido en diversas confesiones hechas por excomandantes del Bloque Catatumbo y Frente Fronteras ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en los últimos años, así como en algunas decisiones judiciales. (Ver Cómo los 'paras' se tomaron el poder en Norte de Santander y En siete camiones se vino ‘la muerte’ desde Necoclí hasta La Gabarra)

Uno de los que más ha hablado del tema es Salvatore Mancuso. En las audiencias del 28, 29 y 30 de abril de 2009, destacó, por ejemplo, la colaboración de sectores de la Fuerza Pública en su incursión a la región del Catatumbo: “toda la policía que estaba en la región de la Gabarra estaba dentro de una nómina, todos los militares, policía, fuerza pública, lo que existiera dentro de esa área estaba dentro de una nómina […] todas esas personas participaban dentro del esquema, todas tenían conocimiento que eso se estaba haciendo y recibían un sueldo”.

En relación con Cúcuta y de cómo se movían los paramilitares en la ciudad y qué protección recibían, Mancuso reconoció que no solo la entonces Directora de Fiscalías de Cúcuta, María Flórez Silva, quien huye de las autoridades, trabajaba para ellos: “también estuvo trabajando el DAS, la Policía, el Ejército. Recuerde que los hombres y comandantes de autodefensas se movían en los carros oficiales de la Policía o del DAS dentro de la ciudad de Cúcuta, los escoltaban los mismos miembros de las autoridades”.

Mancuso admitió que en Norte de Santander “le hacían el trabajo sucio” a sectores de las Fuerzas Militares que eran los que entregaban las listas de potenciales víctimas, señaladas todas ellas de integrar colaborar, simpatizar o apoyar a las guerrillas. Muchas de ellas, se estima, fueron a dar a los rústicos hornos crematorios instalados en Juan Frío y Puerto Santander.

En la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fechada en Bogotá el 6 de junio de 2012, se referenciaron algunas de las personas que presumiblemente colaboraron con el Frente Fronteras en Norte de Santander. Según esta alta corte, el grupo armado “recibió colaboración este frente de autoridades civiles y políticas, servidores públicos, ejército y policía”.

En la decisión se consignaron algunos de esos colaboradores, algunos de los cuales, advierte la Corte, “ya se encuentran condenados, otros muertos y a los demás se les ha iniciado la investigación respectiva”.

El alto tribunal reseñó algunos nombres, entre ellos “la directora seccional de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez conocida al interior de la organización con el alias de ‘Batichica’, actualmente condenada por los delitos de concierto para delinquir y utilización indebida de información oficial privilegiada; Magaly Yaneth Moreno Vera, alias ‘Perla’, asistente de la directora seccional, igualmente condenada; Jorge Enrique Díaz y Viterbo Galvis Mogollón, director y subdirector, respectivamente, de la seccional del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. de Cúcuta, encargados de brindar información sobre personas que pudieran ser objetivo de los paramilitares […] Mauricio Llorente Chávez, mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro, actualmente condenado por la masacre de Tibú (perpetrada el 17 de julio de 1999) […] José Celio Castro, sargento perteneciente a operaciones especiales del ejército, quien tenía a su cargo manejar la información del avión plataforma y ubicación de la guerrilla”.

Algunas hipótesis señalan que el engranaje legal e ilegal que impulsó la maquinaria de guerra que las Auc desplegaron en Norte de Santander puede constituirse en uno de los factores de riesgo para aquellos periodistas que buscan ahondar en la barbarie paramilitar que padeció Norte de Santander entre 1999 y 2004, e incidir para que no se develen los responsables que, desde la legalidad, permitieron que muchas víctimas acabaran en cenizas, tal como quedaron los computadores del periodista Javier Osuna.

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