Aporte a la verdad histórica del país. ¿Qué sigue después del trascendental debate?

Análisis

Tomado de Semanario Virtual Caja de Herramientas 

Por Maureén Maya S. -   Periodista e Investigadora social

Durante más de 10 horas, luego de varias semanas de expectativa en las que no se sabía si en efecto se podría realizar el debate de control político al paramilitarismo convocado por el senador del PDA, Iván Cepeda Castro, si sería censurado o si finalmente podría realizarse bajo los condicionamientos –absurdos y poco serios, por demás- de no mencionar al expresidente, las haciendas La Carolina y Guacharacas (epicentros de rumores siniestros durante varias décadas) y no pedir a los ministros que respondieran qué acciones han realizado sobre las denuncias relacionadas con la presunta cercanía de Uribe con paramilitares y narcotraficantes, el pasado miércoles 17 de septiembre, se realizó el tan esperado debate.

Bajo el nombre ‘Álvaro Uribe Vélez: narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica’, el senador Cepeda presentó un cronológico resumen sobre la carrera política del hoy senador por el Centro Democrático, demostrando con documentos oficiales, registros de cámara de comercio, escrituras, folios notariales, archivos de prensa y judiciales, decretos estatales, fotos, declaraciones de exparamilitares y testimonios en vídeo, sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Cepeda demostró que Uribe siendo director de la Aerocivil entregó licencias a aviones de narcos, entre ellos  al avión que le fue extinguido a Luis Carlos Molina Yepes1 por la Fiscalía;  que adjudicó personería jurídica a Cooperativas de seguridad ‘Convivir’ integradas por reconocidos paramilitares cuando fue Gobernador de Antioquia; que avaló el referendo contra la extradición siendo Senador, incluso trajo a colación la frase dicha por alias Don Berna ante la justicia: “Uribe era la ficha del cartel de Medellín frente a la institucionalidad” y también enseñó evidencias sobre la relación de Uribe y  su familia con Pablo Escobar y con el clan de los Ochoa.2

Cepeda también se refirió al apoyo logístico y económico que los paras le habrían brindado durante  su campaña a la Presidencia en 2002, a las decenas de funcionarios suyos, incluidos dos jefes de seguridad, y aliados políticos que terminaron procesados por paramilitarismo y narcotráfico; y “cómo, desde su gobierno se orquestó un complot contra la justicia para que no se descubrieran estos vínculos,3 convirtiendo al DAS en una empresa criminal al servicio del narcoparamilitarismo.

El gran acierto de Cepeda fue integrar denuncias viejas y recientes, diversos elementos materiales probatorios y evidencia física para presentar una radiografía esclarecedora acerca del pasado criminal del ex mandatario y sobre sus vínculos, sin embargo, más allá de un debate personalizado que arroja importantes pistas sobre el ejercicio político ligado a la mafia y al crimen durante las últimas décadas, quizás lo más interesante es que empezaron a emerger de la oscuridad de la impunidad varios sucesos que contribuirían a revelar la verdad  histórica del país. La participación de otros parlamentarios en el debate ayudó a rescatar del olvido algunos hechos de enorme significado histórico que permiten entender cómo desde una acción delictiva, sistemática y encubierta, sostenida bajo las más abyectas alianzas criminales, se erigió un presente confuso y dogmático, un modelo social y político amparado en la impunidad y el delito, en la relajación moral y en la constante defraudación a lo público.

Las intervenciones de los parlamentarios Rodrigo Lara, Claudia López, Carlos Fernando Galán, Antonio Navarro Wolff, Luis Fernando Velasco, Jorge Enrique Robledo Castillo, incluso de Horacio Serpa, fueron bastante ponderadas, claras y afortunadas en tanto aportaron elementos esclarecedores sobre la realidad política que ha marcado el devenir de la historia nacional. Asimismo, las intervenciones belicosas, provocadoras y calumniadoras tanto por parte de Uribe como de su bancada, que poco pudieron controvertir las contundentes pruebas presentadas por Cepeda, también arrojaron luces sobre su posición y el alcance de las acciones que podrán promover en el legislativo. El debate fue una lección de historia política que nos indica que sabemos o recordamos muy poco sobre el pasado reciente del país o que por cobardía, complicidad o miedo no nos hemos atrevido como nación a recordar lo que ningún país, menos uno decidido a transitar el camino de la reconciliación, debe olvidar.

Más allá de las acciones judiciales que el debate generó y de las responsabilidades penales por las que el exmandatario tendrá que ser investigado y, eventualmente, procesado y sancionado, como la demanda que el Senador y presidente de la Comisión Segunda, Jimmy Chamorro interpondrá contra el ex presidente ante la Corte Suprema de Justicia por haberlo señalado de recibir dineros del narcotráfico durante la pasada campaña al Congreso de la República, la demanda que Hollman Morris, gerente de Canal Capital, presentará también contra Uribe por referirse a este medio y a la cadena Telesur como "instrumentos serviles del terrorismo", a la acción penal anunciada por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso por injuria y calumnia contra Uribe4, a las acciones que radicará el mismo convocante al debate, a la presentación de unas misteriosas "pruebas probatorias" que según Uribe radicó ante la Corte Suprema de Justicia mientras huía del debate, y al pedido de rectificación hecho por el General Herrera Berbel, actual rector de la Universidad Militar Nueva Granada, quien en una carta pública, señaló que las afirmaciones del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe carecen de “razón y verdad” cuando afirma que asistió a un homenaje en el Hotel Tequendama rendido a los generales Fernando Millán y Rito Alejo Del Río por una invitación suya, cuando realmente uno de los organizadores del mencionado evento fue ‘el entonces ex gobernador de Antioquia y candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez”; 5 más allá de todo esto y de las secuelas judiciales, el debate abre las puertas para que el país empiece a enfrentar y a confrontar  la terrible verdad de su historia.

Este debate propone que en el Congreso, pese a los esfuerzos que realiza y sin duda realizará el cuadro ideológico pero no político que acompaña al exmandatario en el parlamento (claramente interesado en cegar todo proceso de esclarecimiento histórico y de acercamiento al fin del conflicto mediante una salida político negociada), se empiecen a desarrollar exhaustivas investigaciones sobre alianzas mafiosas, hechos criminales y omisiones judiciales que ayuden a develar las responsabilidades de la clase política en la violencia y en la guerra, en el despojo, en las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos y en los crímenes de sistema6 con el fin no sólo de esclarecer lo acontecido en hechos aislados, “sino determinar el continuo de poder entre determinadores y seguidores, a explicitar las políticas, prácticas y contextos que determinaron (o facilitaron) la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada y a elucidar la operación de los elementos de la maquinaria criminal”7 que se desató desde el mismo Estado para exterminar toda opción democrática en el país.

Para que Colombia pueda avanzar hacia una paz cierta, estable y duradera, debe conocer toda la verdad de su historia e impulsar las acciones y reformas tendientes a garantizar que el horror del pasado no se vuelva a repetir. La impunidad –escribió Eduardo Galeano- premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, y cuando es el Estado el que viola o tortura sin rendir cuentas a nadie se está emitiendo desde arriba luz verde para violar, torturar y matar.

Una gran deuda con la verdad

En el país los exmandatarios suelen ser venerados, recibir trato privilegiado, incluso se les llama presidentes aunque ya no lo sean, tienen gran ascendente en las decisiones internas de sus propias colectividades políticas y en asuntos públicos que atañen al conjunto de la sociedad; cuando mueren son despedidos como verdaderos héroes aunque la gran mayoría de ellos, para no hablar de todos, tengan un gran rabo de paja y un pasado dudoso, y pocos se atreven a cuestionarlos o a indagar sobre sus pasados. Las comisiones de acusaciones, conocidas como de absoluciones, se han caracterizado, periodo tras periodo, por exculpar sus actuaciones bajo retoricas figuras como ‘actos típicos de gobernar’ en el caso de Betancur luego de la toma del Palacio de Justicia, o de archivar procesos como el 8000 que vinculaba al exmandatario Samper con el cártel de Cali.

Hoy, en tiempos de esperanzadora construcción de paz y cuando se abre en el horizonte la posibilidad de escribir una historia más amable para Colombia, que interesante y oportuno sería que los ex jefes de Estado, que aún pueden hacerlo, desprovistos de máscaras e intereses politiqueros, contribuyeran a la verdad del país revelando hechos poco dilucidados durante sus mandatos o explicando sus acciones y decisiones en asuntos que marcaron de manera indefectible el devenir de nuestra historia. Por ejemplo, que oportuno sería que Belisario Betancur hablará sobre lo que realmente sucedió antes, durante y después de la toma y retoma del Palacio de Justicia y que nos contará si en efecto hubo o no un tolerado y transitorio golpe de Estado propiciado por el cuestionado General Miguel Vega Uribe y otros altos mandos militares señalados de participar en graves violaciones a los derechos humanos como el general Rafael Zamudio Molina; que César Gaviria contara la verdad sobre el fracasado proceso de paz con la CGSB, sobre la llamada guerra sucia que se desató bajo su gobierno y sobre su cambio de percepción frente a la naturaleza de los grupos alzados en armas; que Ernesto Samper  le hablara al país sobre el llamado ‘ruido de sables’ que redujo su prometedor anunció de paz cuando reconoció a la guerrilla como un interlocutor válido; sobre su decisión de armar civiles y crear las cooperativas de seguridad que luego se llamaron Convivir; que nos explicara por qué pesé a reconocer la necesidad de abordar el problema del paramilitarismo, fue durante su gobierno  cuando se registró un exponencial aumento en su fuerza militar, en sus acciones violentas y una mayor presencia en casi todo el territorio nacional; que nos aclarara aquella afirmación suya de qué los paramilitares “no debían ser vistos como insurgentes ni simplemente cómo criminales”8, o  que revelará algunos aspectos no aclarados sobre el proceso 8000 y sus presuntos vínculos con el cartel de Cali; que Andrés Pastrana contará sobre la verdad del fallido proceso de paz de San Vicente del Caguán, sí tanto su inicio como  su abrupta ruptura fue ordenada por la Casa Blanca como se ha rumorado, o por qué habiendo incorporado elementos novedosos en una agenda amplia de 12 puntos para la negociación con la guerrilla (donde se incluía reforma agraria, desarrollo rural y combate al narcotráfico mediante un modelo de sustitución de cultivos propuesto por las FARC en un plan piloto en Cartagena del Chairá), el proceso fracaso, y cómo este hecho llevó a que se impusiera un amplio consenso sobre la necesidad de priorizar la seguridad y la acción guerrerista; cómo fue que durante su gobierno los grupos paramilitares se expandieron tanto, y cuál fue la naturaleza, el carácter real y las contraprestaciones del llamado ‘Plan Colombia’ que según revela el periodista German Castro Caycedo en su reciente publicación 'Nuestra guerra ajena', fue bautizado por el Departamento de Estado como ‘Ofensiva al Sur’ o ‘Estrategia Andina’.

Muchas verdades le deben al país tanto exmandatarios como ex gobernantes y líderes políticos y empresariales, y quizá con algo de grandeza histórica y resolución política, estos expresidentes podrían empezar a relatar algunas de las encrucijadas que enfrentaron durante sus mandatos y las verdaderas razones tras sus decisiones, muchas de ellas, dolorosas, cuestionadas y nocivas. Son verdades que de cualquier modo tendrán que ser encaradas en una Comisión de la Verdad independiente, mixta y ojalá con plenas garantías tanto para víctimas como para testigos excepcionales que puedan aportar a esclarecer nuestra tragedia.

Tal vez estas revelaciones, más otras tantas que muchos ciudadanos quisiéramos conocer, no sean expuestas en nuevos debates de control político en el Congreso, quizás en otras instancias y ante otros organismos sea posible, y ojalá en ellas participen tanto legisladores como gobernantes y ex gobernantes.

Si algo aportó el debate sobre paramilitarismo que realizó el senador Cepeda, más allá de las verdades reveladas sobre Uribe, es que nos permite reconocer que el país si está preparado para conocer la verdad de su propia historia. Hacía muchos años, quizás décadas, los colombianos no asistíamos a un debate tan contundente y revelador en el Congreso; ha quedado claro quién es quién y qué se puede esperar de cada parlamentario, pero más allá de las percepciones, acciones legales y de lo anecdótico, sería fundamental que se idearan mecanismos, como la ya mencionada Comisión de la Verdad, para conocer la verdad verdadera sobre nuestro pasado, no sólo respecto a los crímenes de las FARC, sino también sobre los crímenes de Estado, sobre la creación, promoción y desarrollo de las redes mafiosas y militares que han operado y operan en la actualidad en connivencia con políticos, empresarios, multinacionales y fuerza pública, (al amparo de poderes paraestatales -en algunos casos-) causando terror a la población, y sobre el perverso modelo económico, social y político que ha garantizado impunidad, mutismo, miseria y temor, que ha degrado a buena parte de la sociedad y ha pervertido valores esenciales en un Estado democrático Social de Derecho.

Nota: Rechazo la mendaz y falaz acusación hecha por el senador Uribe contra la víctima Yaneth Bautista, hermana de Nydia Érika Bautista (secuestrada, torturada y desaparecida en Bogotá el 30 de agosto de 1987 por militares de la Brigada XX de Inteligencia Militar “Charry Solano” bajo el mando del ex general Álvaro Velandia Hurtado), acusándola de ser “una guerrillera del ELN en el Catatumbo que no se desmovilizó”. Toda la solidaridad con la Fundación Nydia Érika Bautista y con Erick Arellana, quien no sólo tuvo que crecer sin su madre, sino que por exigir verdad y justicia ha sido objeto de estigmatizaciones y constantes amenazas. Ver carta de rechazo en: http://goo.gl/aRuADP

Edición N° 00417 – Semana del 19 al 25 de Septiembre – 2014

1 Luis Carlos Molina Yepes fue condenado por el magnicidio del director de El Espectador Guillermo Cano. Álvaro Uribe fue miembro principal de la Junta Directiva de COMFIRMESA, empresa de Molina Yepes, banquero del Cartel de Medellín. Asimismo, Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano del senador José Obdulio Gaviria, fue socio fundador y miembro principal de la Junta Directiva de esta misma empresa, como consta en la Escritura de Constitución de la Sociedad No. 2227 del 3 de diciembre de 1981 de la Notaría 14 de Medellín.

2 Cepeda recordó que en 1991 Santiago Uribe Vélez compró en Jericó un predio con las hermanas Ochoa Vásquez. En 2001, sociedades de Mario Uribe Escobar (Maruagro y Uribe Mejía Dos) compraron varios predios vecinos a este y a los de la empresa Ganadería La Sorguita, propiedad de los Cifuentes Villa. La empresa BioForestal S.A. extinguida a los Cifuentes Villa, y que hace parte de la lista Clinton, recibió tres subsidios forestales (CIF) de Agro Ingreso Seguro por $1.054 millones durante el gobierno Uribe.

3 En La Silla Vacía; “El top 10 del debate del paramilitarismo”. Bogotá, septiembre 18 de 2014.

4 Mancuso anunció que demandará penalmente al exmandatario por asegurar que amenaza a testigos para que declaren en su contra. También reiteró que grupos paramilitares apoyaron y financiaron la campaña política de Uribe a la Presidencia de la República a través de dineros entregados por los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, que sí se reunió con él cuando era gobernador de Antioquia y que extraditó a los principales cabecillas del paramilitarismo para silenciarlos.

5 El oficial en retiro negó que haya realizado esa invitación, y aseguró que para esa época, 29 de abril de 1999, él era el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y le “estaba vedado intervenir, a cualquier título, en asuntos de carácter político”. Añadió que él no organizó ni participó de ese homenaje, y que por eso, “en sana lógica”, no lo pudo haber invitado. “Para refutarlo con mayor acento, me permito citar al periodista Paco Gómez Nadal, quien en una de sus columnas dio cuenta a la opinión que uno de los organizadores del mencionado evento fue precisamente ‘el entonces ex gobernador de Antioquia y candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez”. En El Tiempo; “General Herrera Berbel desmiente a Álvaro Uribe” El actual rector de la Universidad Militar le pidió rectificar afirmación hecha en el Congreso. Sección Justicia, Bogotá, 18 de septiembre de 2014 Ver en: http://m.eltiempo.com/politica/justicia/general-herrera-berbel-desmiente-a-lvaro-uribe/14555459

6 “La criminalidad de sistema es una figura doctrinal que permite analizar cómo se debería asumir el trámite de los casos complejos, que implican participación estatal, por parte de aparatos penales (sean estos internacionales, híbridos o nacionales). La figura no es una nueva categoría dogmática, ni sustituye la tipificación de crímenes internacionales, como son los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. De hecho, los crímenes de sistema se ven acogidos por la definición típica de los crímenes de lesa humanidad antes de la aprobación del Estatuto de Roma, que requerían la puesta en marcha de una práctica y política estatal para su perpetración. Los crímenes de sistema son ofensas que incorporan un rol mediato de políticas y prácticas institucionales, entre otros, aquellas necesarias para garantizar su impunidad.” Elementos del peritaje de Michael Reed Hurtado, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, en el Caso Cepeda Vargas vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 26 de enero de 2010

7 Reed Hurtado, Michael; “Elementos del peritaje de en el Caso Cepeda Vargas vs. Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. San José de Costa Rica, 26 de enero de 2010

8Chernick, Marc;  “Acuerdo Posible”. Solución negociada al conflicto armado colombiano. Ediciones Aurora. Bogotá, 2008. Pág 96