SIN GARANTÍAS REALES PARA LA OPOSICIÓN POLÍTICA ES IMPOSIBLE LLEGAR A UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA

Análisis

Tomado de Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia Suroccidente

Por: Agustín. Núcleo Bolivariano Haydee Santamaría. Región Suroccidente.

Foto Vanguardia

Mientras se desarrollan las conversaciones de paz en la Habana entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, y se logran acuerdos sobre los últimos puntos de la agenda, cabe señalar nuevamente que el acuerdo sobre el punto de garantías a la oposición política en Colombia es uno de los más importantes, ya que de éste depende la posibilidad que se pueda hacer oposición política públicamente dejando las armas de lado. Ya que precisamente, fue la falta de éstas garantías una de las razones principales que generaron el surgimiento de las guerrillas comunistas.

Partimos de que las garantías políticas para la oposición comienzan con el desmonte del paramilitarismo y la depuración de las Fuerzas Militares que, con su accionar criminal, han segado la vida de numerosos luchadores sociales comprometidos con la búsqueda de un mejor país y un mejor futuro para las clases explotadas en donde se incluye a la inmensa mayoría de colombianos empobrecidos.

Dentro de esta realidad histórica de aniquilamiento de la oposición, podemos contar a los 2 candidatos presidenciales de la UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa, asesinados por los paramilitares bajo órdenes de la más rancia oligarquía que veía en ellos, la UP y sus propuestas, una amenaza real a sus intereses económicos, políticos y de detentación del poder a toda costa. Además se suman los más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica asesinados por las balas del Estado con sus herramientas militar y paramilitar, como también el incansable conteo de colombianos víctimas del terrorismo de Estado.

Actualmente se aprecia que el discurso del gobierno en cuanto a apertura democrática se trata sólo de una demagogia falaz, ya que la realidad que se vive diariamente en campo y en ciudades es el acallamiento de las voces disidentes a punta de represión, montajes judiciales y asesinato. En el contexto de un nuevo paro agrario que volvió a convocar a nuestros campesinos a las calles y vías de este país, vimos cómo el gobierno habló de diálogos, de garantías a la protesta y al disentimiento de ideas, pero repartió gas y plomo como respuesta a las justas exigencias de unas mejores condiciones para el campo y la vida digna del campesinado, dejando como resultado de los 2 paros agrarios un total de 15 muertos, 485 heridos y cuatro desaparecidos. Las soluciones reales para el campo pasan, indiscutiblemente, por la salida de las transnacionales depredadoras de nuestros recursos del territorio colombiano, así como una verdadera reforma agraria integral. Pero es claro que las políticas económicas y sociales de este gobierno no se dirigen hacia esos objetivos.

Se aprecia que la realidad no cambia si no hay verdaderas acciones que lleven al establecimiento de garantías para ejercer la oposición política y la protesta. Esto además pasa indudablemente por el desmonte efectivo del paramilitarismo y una verdadera depuración de las Fuerzas Armadas del Estado para que no empuñen sus armas contra su propio pueblo por órdenes de la podrida oligarquía o del poder transnacional gringo.  

Lamentablemente vemos cómo, a pesar de desarrollarse las conversaciones de paz en la mesa de diálogos de la Habana continúa en el país la arremetida en contra de la oposición política mediante amenazas, atentados y montajes judiciales en donde se sigue intentando acallar a los que buscan una verdadera paz con justicia social. Es así como se resaltan cinco patrones de persecución que, según denuncia el movimiento político y social Marcha Patriótica, se han usado en contra de la izquierda abierta:  uso de medios masivos para señalar sin prueba alguna; asesinato de líderes por parte de fuerzas militares y paramilitares; amenazas de muerte contra integrantes de los movimientos políticos; montajes judiciales contra miembros de dirección política y "muerte política" a través de la destitución e inhabilidad de cuadros y líderes como Piedad Córdoba.

Como ejemplo de esto podemos mencionar también, la estigmatización y la persecución armada y judicial que ha sufrido Marcha Patriótica desde su nacimiento en 2010 y su consolidación en 2012, ya que desde este momento y hasta la fecha son 60 integrantes asesinados, desapariciones y más de 400 montajes judiciales en contra de sus militantes, engrosando los números de más de 9500 prisioneros por razones políticas en nuestro país. Persecución que se ha dado hacia aquellos que ejercen la oposición desde la palabra y sus actos. Esta situación y la ola de amenazas que padecen miembros de la izquierda abierta es una aberración, aún más cuando en La Habana acaban de negociarse garantías para el ejercicio de la oposición política. Realidad que, aunque dista de la magnitud del genocidio de la Unión Patriótica, ya empieza a recordar a más de uno ese terrible episodio de la historia reciente colombiana.

En total hasta enero de 2014, 17 miembros de ese Movimiento habían sido asesinados en circunstancias que apuntan a operativos de tipo sicarial, de asesinato selectivo. A estos 17 asesinatos se añaden las muertes de otras 12 personas. Una de ellas, en un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo subversivo; seis serían responsabilidad del Ejército, y cinco, del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Se trata de dirigentes campesinos o indígenas de numerosas regiones del país. El primero fue Édgar Sánchez, militante comunista y sobreviviente de la UP, asesinado en Soacha, en noviembre de 2012. Uno de los casos recientes más aberrantes fue el de Giovanny Leiton y su compañera Doris Viviana Vallejo, que fueron torturados y asesinados el pasado 4 de enero, en su casa en la vereda Zabaleta, de San José del Palmar, Chocó. Él era presidente de la junta de acción comunal e integrante de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria (MIA), que lideró las protestas del agro el año pasado. Lo indignante es que a pesar de las denuncias, las reuniones con políticos y las promesas de investigaciones y protección, los asesinatos siguen ocurriendo y la vocera del movimiento Piedad Córdoba denuncia el día 8 de julio de 2014 que hasta la fecha se cuentan 60 miembros asesinados a manos de militares, paramilitares y sicarios pagados por la oligarquía.

Con todos estos casos de atropellos en contra de la oposición que se presentan a diario en el país, es difícil ser optimista en que se alcance una paz estable y duradera a partir de los diálogos en la Habana si estos acuerdos sólo se quedan en papel. Pero si la presión social y la refrendación de los acuerdos logra que estos vengan acompañados de una Asamblea Nacional Constituyente que impulse la reestructuración radical en la organización política y económica del Estado, así como un verdadero desmonte y judicialización a los paramilitares y miembros de la fuerza pública responsables de estos hechos, quedará muy cerca la posibilidad de una salida negociada a este conflicto social y armado que ha desangrado al país por más de 50 años.

Luchemos de manera organizada para no tener que vivir 50 años más en guerra, para que al fin los que detentan el poder tengan que abrirle paso a una verdadera democracia. Hagámoslo unidos y desde todos los medios y espacios para que no quede más camino que la paz con justicia social y la Nueva Colombia.