Ir al contenido principal

Defensoría pide atender despojo en Cartagena

Noticia

 

Atención prioritaria para 114 personas de 30 familias que viven a orillas de la carretera que de Cartagena conduce a la vereda Púa, del corregimiento de Arroyo de Piedra de la capital de Bolívar, exigió la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar a la autoridades departamentales.

Las familias fueron desalojadas de sus viviendas el 11 de abril por un grupo armado ilegal. La Defensoría también les pidió a las autoridades que las protejan ante la aparición reciente de panfletos en el que amenazan a los líderes de esa comunidad.

  La Defensoría realizó visitas humanitarias a las familias afectadas e insistió en las exigencias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); a la Secretaría de Desarrollo Social, al Departamento de Salud Distrital y a los Bomberos para que se preste atención urgente a la comunidad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran viviendo en 'cambuches'.

  Precisamente, de las 114 personas hay 20 niños y 17 niñas. Además, en el sitio se encuentran 32 mujeres, 2 de ellas en estado de gestación; 9 adultos mayores; 2 personas con discapacidad y 34 hombres. Se estima que un 80% de las familias desalojadas son víctimas del conflicto armado que se habrían reubicado en el lugar desde hace unos 10 años.

  Según denuncias de la comunidad, el viernes 11 de abril fueron víctimas de un grupo armado que les exigió abandonar las casas que habitaban en la vereda Púa. Posteriormente, aparecieron miembros de la Policía que adelantaron un proceso de desalojo, ante lo cual la comunidad se vio obligada a armar 'cambuches' a la orilla de la vía.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar le exigió a la Fuerza Pública que dé a conocer las órdenes judiciales o administrativas que dieron lugar al desalojo y solicitó a la Procuraduría que se investiguen las denuncias contra miembros de la Policía Nacional por el supuesto abuso de autoridad y de la fuerza.

La Defensoría del Pueblo Regional Bolívar también le pidió a la Alcaldía de Cartagena darles prioridad en la atención a las familias que ya eran víctimas del conflicto armado y habían sido reubicadas en esa zona. Al respecto, le solicitó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) adelantar las gestiones definitivas para establecer la situación jurídica de los terrenos en la vereda Púa. Y de manera urgente insistió a la Secretaría del Interior del Distrito la atención a la comunidad, porque no tienen ni agua ni alimentos.

Por último, la Entidad solicitó a las autoridades judiciales investigar la autoría de los panfletos que aparecieron el miércoles anterior y en el que se dio un plazo hasta este domingo 4 de mayo para que tres líderes de esa comunidad se vayan del sitio. Así mismo, exigió a la Alcaldía de Cartagena, a la Secretaría del Interior y a la Policía Nacional que tomen medidas de seguridad para garantizar el respeto a las vidas de los amenazados por un supuesto grupo armado ilegal que se hace llamar los 'Caballeros antitierras'.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Diego Palacio admite que sí compró reelección de Uribe

Noticia El Espectador


El exministro de Protección Social se acogió a la Justicia Especial para la Paz y empezó a colaborar con la justicia para obtener beneficios

Era la ficha que faltaba. La justicia Colombia había condenado a la excongresista Yidis Medina por el delito de cohecho al vender su voto para que fuera aprobada en Comisión Primera de Cámara la reelección del expresidente Álvaro Uribe. Este había sido comprado con el nombramiento de un gerente para una Empresa Social del Estado y había sido entregado por el ministro de Protección Social de este gobierno, Diego Palacio Betancourt.

El alto funcionario del gobierno Uribe lo había negado en varias ocasiones, incluso su caso llegó a la corte Suprema de Justicia que en diciembre de 2015 ratificó su condena. En esa situación, Palacio seguía asegurando que era inocente y hasta amenazaba con ir ante tribunales internacionales por lo que consideró una persecución política.

Pero la clave estuvo en la Justicia Especial para la Paz (JEP). Di…

Cómo la política de Álvaro Uribe posibilitó la multiplicación de los colados de las FARC

Análisis Tomado de Las 2 Orillas Por Gabriel Ángel 24 de abril del 2019


Su gobierno ordenó dispersar a los guerrilleros por todas las cárceles y los comandantes perdieron control sobre 3000 presos. Allí pudo comenzar el tráfico de nombres
Me contaba una exguerrillera que en los días en que permaneció en La Habana, durante las conversaciones de paz, desempeñando la misión asignada y relacionada con la Mesa, se contactó con ella por el Facebook un antiguo mando de su Frente, que se encontraba en prisión desde hacía varios años. Quería pedirle un favor. En las cárceles ya corría la noticia de que se elaborarían listas de los prisioneros de las FARC y necesitaba que ella le ayudara a ser incluido.

Ella lo había conocido bien, sabía de quién se trataba y las circunstancias en las que había caído a la cárcel. Se interesó por él, le recibió sus datos, nombre, seudónimo, número de cédula, Frente al que pertenecía, en fin, lo que consideró pertinente. Y le prometió que plantearía su caso ante el res…

Álvaro Uribe busca volver trizas Acuerdo de Paz y demoler el sistema judicial.

Análisis Tomado de Pacocol Por Humberto de la Calle

La declaración leída por el Dr. Álvaro Uribe a raíz del caso Santrich no solo contiene afirmaciones absolutamente falsas, sino que utiliza un lenguaje incendiario que parece destinado a volver invivible la República, a impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades y es un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial que abarca la Corte Constitucional, la Corte Suprema y ahora la Jurisdicción Especial.
En la Habana no se pactó un cogobierno con el narcotráfico. Las FARC se obligaron a romper todo vínculo con esa actividad criminal. El Acuerdo prevé que la garantía de no extradición no cubre los delitos posteriores al Acuerdo. La providencia de la JEP no debilita eso. Se basa en la ausencia de pruebas sobre la fecha de los delitos atribuidos a Santrich.

Si se afirma que hay pruebas contundentes en poder de la Fiscalía, no es posible explicar que el Sr. Fiscal, en vez de renunciar, no haya procedido de inmedia…