"Colombia cuenta con más de 20.000 desaparecidos y más de 6.000 detenciones extrajudiciales"

Análisis

Tomado de Cambio Total

Por: Colombia Informa.

Depuración de los tres poderes públicos, construcción de Comisiones de Vedad y Tribunales de Justicia, cese al fuego y reducción de los 26, 9 billones de gasto militar, fueron las propuestas planteadas en el Encuentro Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

El pasado 24, 25 y 26 de Abril, se llevó a cabo en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación de la Ciudad de Bogotá, el Encuentro Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado. El evento fue convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, -Movice-, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Congreso de los Pueblos, Constituyentes por la Paz con Justicia Social, Marcha Patriótica y la Ruta Social Común para la Paz. Contó con la participación de delegaciones internacionales de Chile, Argentina, Perú, Guatemala el Salvador y España, quienes compartieron sus experiencias y manifestaron su solidaridad con las víctimas del conflicto en Colombia. 

Dentro de los objetivos del encuentro, las organizaciones participantes compartieron sus propuestas sobre la construcción de Comisiones de Verdad y Tribunales de Justicia en Colombia. Estas se constituyeron en un aporte importante para el fortalecimiento de los procesos de paz gestados desde la sociedad civil, y como la manera más oportuna de contribuir a estos, sobre ello Camilo Villa del Movice puntualizó: “Pensamos que las propuestas que ha hecho la sociedad civil son las que deben ahora comenzar a cristalizarse y tomar más fuerza como sociedad civil para el post- acuerdo; de allí, nace la idea de construir una Comisión de la Verdad que sí tenga un mandato oficial, pero que si tenga autonomía e independencia y que logre que los miembros de esa comisión tengan los más altos estándares éticos y morales para que puedan representar bien el papel dentro de la comisión, que sea una comisión que tenga vínculos con la justicia ordinaria y que  permita avanzar en procesos de justicia que están hasta ahora archivados o cerrados; cuando tengamos pruebas nuevas será necesario abrir estos casos”

En tal sentido, un tema trabajado en el encuentro internacional, fue la depuración de los tres poderes públicos, esta propuesta busca fundamentalmente que el Estado revise sus doctrinas de seguridad y manuales militares y policiales, con el fin de que cumpla su función de ser un garante de los Derechos humanos y no ejerza más su papel de victimario.

Otro de los puntos, estuvo encaminado a pensar en la construcción de un tribunal que diferencie las responsabilidades del Estado, dada la obligación que el primero tiene con la sociedad civil, y de los grupos guerrilleros. Así lo resaltó Camilo Villa: “El Estado tiene una responsabilidad superior a la de los grupos al margen de la ley, pues a éste le hemos confiado la protección de nuestros derechos, el monopolio de la fuerza; por eso, ellos tienen la obligación de respetar, cuidar y proteger los Derechos Humanos de los colombianos”.

En este marco se resaltó la crisis derechos por la que atraviesa Colombia, con más de 20.000 desaparecidos y más de 6.000 detenciones extrajudiciales en los últimos años, muchos de estos pertenecen a jóvenes que fueron asesinados y mostrados como guerrilleros muertos en combate.

Dentro de las denuncias, se mencionó la intención desde sectores oficiales de generar un movimiento de discriminación y señalamiento contra los las víctimas de crímenes de Estado. Se resaltó que es fundamental que la criminalidad estatal fuera ampliamente conocida, pues fue fundada como política después de la violencia de los años sesenta como responsabilidad directa del Estado. Estos delitos deben ser juzgados de manera asimétrica a los grupos al margen de la ley.

Se planteó crear una estrategia social de largo plazo que promueva los Derechos Humanos, que difundan las causas de la violencia para que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir en un país en paz, se exige además, que se remuevan todos los elementos de militarización de la vida civil promovidos por el Estado.

El encuentro finalizó con una declaración que enfatizó en la idea de fortalecer de manera amplia al Movimiento Nacional de Victimas, en contra de la impunidad y en respaldo a los diálogos de paz en La Habana con las Farc- Ep , así como la exigencia sobre el inicio de diálogos entre el gobierno con el ELN y el EPL.

Una exigencia que fue producto de la discusión de las mesas de trabajo  fue el cese al fuego y del gasto militar que acapara 26, 9 billones del presupuesto nacional, además de construir un mandato oficial y vinculante con las víctimas en donde no se siga legitimando las políticas y modelos de despojo como estrategia de estado.

En la declaración final se exaltó que para reparar a las víctimas es importante, que los jefes de Estado, directores de la Policía y las Fuerzas Militares respondan por las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, se genere una política de desmonte del paramilitarismo, reducción de las Fuerzas Militares, revisión de la Ley de Víctimas que se toma como insuficiente, dadas sus limitaciones frente a toda la verdad frente a los casos.