Comunicado
La Habana, Cuba sede de los diálogos de paz, marzo 25 de 2014
El sacrificio de los 19 compatriotas que perecieron a manos del régimen durante las jornadas de inconformidad del 2013, que se han sumado al caudal de millares de mártires que recorre nuestra historia de opresión y muerte, de miseria y desigualdad para las mayorías; mas los casos de casi 600 heridos y mutilados, y decenas de detenidos, encarcelados y judicializados como causa de la criminalización de la protesta social, no pueden quedar tirados en el terreno estéril de las falsas promesas de solución a los múltiples problemas que atizan el conflicto respecto al cual se clama la paz. Por ello, nuestra insistencia en dar respuesta satisfactoria al pliego de La Cumbre Agraria, Étnica y Popular que recoge las reivindicaciones más sentidas de los desposeídos.
La Cumbre ha propuesto un modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afro-descendientes y de los sectores populares en general, transitando el sendero de la defensa de la soberanía y el respeto por la dignidad nacional, y en ese rumbo ha incluido sus demandas a favor del acceso democrático a las riquezas minero-energética en un plano de respeto por los bienes de la madre tierra, indicando que su explotación debe ser una decisión consultada a las comunidades y desarrollada con sentimiento de patria y ejercicio de independencia.
En rechazo al saqueo de nuestros recursos naturales y a la nefasta gestión que ha conducido a la generación de negativos impactos ambientales que ponen en riesgo la vida de los pueblos y la biodiversidad, se exige desde la Colombia rural cesar la persecución y criminalización que se ha desatado contra los pequeños mineros para satisfacer a las empresas transnacionales que se enriquecen con la depredación de nuestros bienes comunes. Y es desde estas ciertas y sencillas reflexiones que se demanda la construcción de un nuevo modelo minero-energético que beneficie a todos, mediante el aprovecha-miento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas.
Es este un problema nodal que tiene que ver con un nuevo ordenamiento territorial y con la solución de los conflictos de uso de la tierra y que, aunque se niegue por parte de quienes detentan el poder, toca con la necesidad de la Reforma Rural Integral y los urgentes cambios institucionales. En consecuencia, son exigencias válidas de las comunidades, las siguientes:
La pronta discusión de una nueva política nacional minero-energética, con participación efectiva de las comunidades y de los pequeños mineros tradicionales y de sobrevivencia especialmente, a través de un ejercicio de legislación popular e incluyente.
La concertación de un nuevo modelo de redistribución de las rentas petrolera y minero-energética, que atienda a las comunidades, el desarrollo rural-urbano y la inversión social.
El freno a la concesión de títulos mineros y a la adjudicación de bloques petroleros, hasta tanto se defina la nueva política minero- energético del país.
La moratoria minera que congele la adjudicación de títulos mineros, hasta cuando se garanticen condiciones de explotación minera benéficas para el conjunto de la sociedad.
La reversión de los bloques petroleros y las concesiones en casos de deterioro ambiental, detrimento de los recursos de la nación y violación de los derechos de los trabajadores.
La reversión de los títulos mineros que se han aprobado en territorios ancestrales, indígenas y afros sin haber efectuado la consulta previa, libre e informada. Ningún título puede valer sin pasar por la consulta que garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
La minería no es una actividad de utilidad pública y de interés social. De tal manera que lo prioritario a garantizar es el estricto respeto por el agua, los páramos, bosques, áreas protegidas, zonas agroalimentarias, fuentes de agua y todos los ecosistemas estratégicos para la vida y la biodiversidad. Ningún título debe vulnerarlos y en ningún caso se deberán aprobar proyectos minero–energéticos de cualquier tipo, sin el requisito de la licencia social o la autorización y consulta de las comunidades que puedan verse afectadas.
La suspensión de los mega-proyectos hidroeléctricos que afecten los territorios y sus comunidades y promover alternativas energéticas con tecnologías apropiadas y limpias. Además, se deberá crear una Comisión Nacional de Represas que garantice el cumplimiento de las demandas de los afectados por estos mega-proyectos.
La reestructuración de la fórmula que define los precios de combustibles, garantizando un costo de vida más equitativo, y la regulación ambiental de la extracción, procesamiento y comercialización de hidrocarburos.
Dentro de esta misma línea se deberán suspender los proyectos de fracking (técnicas de fractura hidráulica) para la extracción de gas y petróleo.
El reconocimiento y reparación de las víctimas y afectados por los proyectos minero-energéticos e hidroeléctricos.
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