Los muertos que cuentan

Análisis

Tomado de Cambio Totañ

Por Francisco Gutiérrez Sanín

Valioso el informe presentado por Todd Howland, el representante en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Nadie podrá alegar que es un botafuegos unilateral. Reconoció avances y criticó a todos los actores armados. También fue plausible la reacción de varios representantes del Gobierno. Por lo menos contrasta con la histeria crispada con la que a menudo se han recibido reportes de este tipo, que en un pasado no tan lejano era política oficial, pero que también ha entrado en el repertorio de esta administración en momentos críticos.

Estoy lejos de creer que el tono civilizado desde las alturas del poder “son sólo palabras”. Por el contrario, constituye un hecho político significativo. Pero limitado. Es la proverbial condición necesaria, pero no suficiente, para arribar a una vida social mínimamente civilizada, de la que Colombia está a años luz de distancia. Y mientras el tono usado en las alturas no tenga alguna clase de reflejo en las duras realidades de la vida local, seguiremos en las mismas. El ministro del Interior declaró, refiriéndose al informe de Howland, que faltaba por hacer, pero que ya se había hecho mucho. Discrepo enérgicamente de esta declaración. Es, claro, la aplicación de una consigna electoral a un caso concreto, pero precisamente donde no se podía hacer.

Pues, independientemente de los progresos que se hayan hecho en punto a derechos humanos en Colombia, debería ser claro para cualquier juicio equilibrado que los avances son pequeños en relación con el camino que falta por recorrer. Y que este gobierno tiene una serie deuda en este particular. Un buen ejemplo de ello es el caso de los reclamantes de tierras, al que se refirió Howland. Estos son líderes sociales que se están jugando la vida para que de alguna manera funcione un programa que puso en marcha el propio Gobierno. Sin embargo, tal y como sucede con otros líderes, la suya es una actividad de alto riesgo. Son víctimas de amenazas y ataques, varios de los cuales terminan siendo mortales. Actores muy poderosos los acechan, agreden y acosan. Los colombianos, que nos alarmamos con razón por lo que sucede en la vecina Venezuela —que cada vez parece más, si se me permite la expresión madurista, “huérfana de gobierno”—, deberíamos preguntarnos en cuál país asesinan a más líderes sociales, si allá, en medio del caos, o acá, en el país de los tres huevitos. Mi apuesta es simple: acá matan más. Mucho más.

El Gobierno al parecer ha optado por no enterarse. De hecho, la referencia de Howland no mereció ningún comentario concreto. La reacción rutinaria de los funcionarios, desde el ministro de Agricultura hacia abajo, incluyendo a los mandos medios relevantes, es callar o, muy a la colombiana, explicar que “ese muerto no lo cargo yo”. La situación es tan dramática que el Gobierno ni siquiera lleva un conteo de los reclamantes atacados y asesinados. Esa sería su obligación, no sólo en términos morales sino de política pública. Pues una de las funciones fundamentales del Estado es contar. Uno no desarrolla una política pública —en este caso de protección— sin saber qué le pasó a quién, cuándo, dónde y por qué. Pero si el lector va a la página web del Ministerio de Agricultura, o de otro (¿Interior? ¿Defensa?) no encontrará referencia alguna al tema. Nadie sabe nada.

En la entrada de la oficina de estadísticas de Ruanda se podía leer hace años el siguiente letrero fabuloso: “Si no cuentas, no cuentas”. En Colombia hay muertos a los que no se cuenta. Y por tanto, no cuentan. Mientras siga el silencio, la vulnerabilidad seguirá siendo extrema. Hablar del tema y contarlo son decisiones políticas que el Gobierno, que fue quien invitó a la gente a reclamar, no ha tomado.